Santa Cruz de Tenerife, 22 jun (EFE).
– El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha ofrecido y demandado «responsabilidad» y «madurez política» a todos los grupos parlamentarios para consensuar la próxima ley que regulará la atención a la diversidad y el bienestar del alumnado en el ámbito educativo no universitario, que su departamento está preparando.
«Vamos a escuchar todas las aportaciones», tanto de las familias con niños y niñas con necesidades especiales como las de los grupos políticos del Parlamento, ha garantizado el consejero.
Suárez se ha comprometido ante la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias, donde ha comparecido a petición de los siete grupos parlamentarios, a no utilizar y a no «hacer política» con el alumnado con necesidades especiales y por tanto va a «tender la mano a las aportaciones de los grupos que apoyan y de los que no apoyan al Gobierno».
Actualmente, el sistema educativo canario atiende a unos 5.
000 estudiantes con necesidades educativas especiales, ha señalado.
Sobre ese anteproyecto de ley de Educación en la Diversidad y Bienestar del Alumnado, ha explicado que está en fase de elaboración tras un proceso de escucha a familias, docentes y equipos de orientación en todas las islas.
Su objetivo será reordenar el modelo de atención a la diversidad e impulsar un enfoque más inclusivo, con cambios en la concepción de las denominadas aulas enclave de atención especializada, hacia un sistema más inclusivo e integrado dentro del centro educativo ordinario.
En esta nueva Ley de Educación en la Diversidad y Bienestar del Alumnado, las aulas enclave, de las que en Canarias hay 359, no se contemplan como «una modalidad de escolarización paralela», que es una de las principales quejas de las familias, sino que atenderán la diversidad dentro del centro ordinario.
De este modo, el alumnado permanecerá escolarizado en su grupo de referencia y acudirá al aula enclave de forma puntual para trabajar aspectos específicos según sus necesidades, ha explicado Poli Suárez.
Además del desarrollo legal, el consejero de Educación se ha referido al avance del sistema educativo en materia de atención a la diversidad y discapacidad en los últimos tres años, en los que a su juicio se ha consolidado un modelo «más inclusivo, más accesible y más equitativo», con un incremento de recursos humanos, el refuerzo de la estructura de orientación y la ampliación de programas específicos.
Para Suárez, la inclusión educativa no se logra mediante «acciones aisladas o parches», sino a través de una estrategia estructural estable.
Ha destacado que el personal de apoyo ha pasado de 940 profesionales no docentes a 1.
902, entre ellos auxiliares educativos, personal cuidador, fisioterapeutas, técnicos de educación infantil y especialistas sanitarios.
Además, ha habido un incremento de 789 profesionales en educación especial y un aumento de la inversión de unos 42 millones de euros en personal docente especializado.
También ha defendido el refuerzo de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, así como la consolidación de equipos específicos para discapacidad auditiva, visual, motora, trastornos del desarrollo, atención temprana, altas capacidades y alteraciones emocionales y de conducta.
Poli Suárez ha asegurado que los recursos se han distribuido en todas las islas, con el objetivo de reducir desigualdades derivadas de la insularidad.
En Formación Profesional adaptada, el consejero ha recordado que se ha ampliado la edad de permanencia, la posibilidad de cursar itinerarios formativos sucesivos y la expansión de familias profesionales.
El consejero ha reconocido demoras en los procesos de valoración del alumnado con necesidades específicas, aunque se han aplicado medidas para agilizar procedimientos.
Canarias se sitúa aún por debajo de la media estatal en algunos indicadores de inclusión, por lo la evolución es aún «insuficiente», aunque ha habido una mejora sustancial en recursos y capacidad de respuesta, ha asegurado Poli Suárez.
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