Santa Cruz de Tenerife, 22 jun (EFE).
– Los grupos de la oposición, PSOE, NC y Vox, se han abstenido en la votación en comisión parlamentaria del dictamen del proyecto de Ley Canaria de la Ciencia, los dos primeros por su disconformidad con el peso que se le da a las dos universidades canarias en el consejo asesor.
En cuanto a Vox, su portavoz parlamentario, Nicasio Galván, ha confiado en que esta ley no corra la misma suerte que la de los consejos sociales, que las universidades han llevado al Tribunal Constitucional.
Carmen Hernández (NC) ha censurado que CC, PP, ASG y AHI se hayan regido por la máxima de «esto es lo que hay, o lo tomas o lo dejas», y que de todas las enmiendas que presentó su grupo, que son en la práctica, según ha dicho, el reflejo de las demandas de las universidades, solo aceptaran transar algunas.
Hernández y Alicia Pérez (PSOE) han juzgado insuficiente la representación de ambas en el consejo asesor pese a que finalmente tendrán dos asientos cada una.
En cambio, los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias han defendido que sí se ha tenido en cuenta a las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria y que se han incorporado al texto definitivo varias de sus propuestas.
También han loado la predisposición al diálogo de todos los grupos y han recalcado que ésta es la ley que más enmiendas transaccionales ha acaparado.
En lo que ha habido prácticamente unanimidad entre los diputados es en afirmar que el texto definitivo es mejor que el que entró en la Cámara regional, fruto precisamente de ese diálogo con las universidades y otros actores en el ámbito de la ciencia y la I+D+i.
La proposición de Ley canaria de la Ciencia, que deberá refrendar el pleno del Parlamento regional, actualiza la vigente, que data de 2001, y que tal y como se señala en el preámbulo del nuevo articulado, «ha quedado descontextualizada» tras dos décadas desde su promulgación.
Además de esa obsolescencia se esgrime «una razón de peso aún superior», como es la última reforma del Estatuto de Autonomía, que precisa el amplio ámbito competencial de la Comunidad Autónoma en materia de I+D+i, vista como «palanca fundamental del crecimiento sostenible y la creación de empleo de calidad».
La ley aborda las competencias en relación con los órganos de control y acreditación, la gestión de ayudas y subvenciones el fomento de la investigación, la coordinación de centros y estructuras y la colaboración con las distintas administraciones en políticas de I+D+i.
En este sentido, se desarrolla el Sistema Canario de Ciencia, Tecnología e Innovación, definiendo la organización del mismo, sus órganos colegiados y sus agentes.
También se incide en la necesidad de una planificación y financiación estratégica de la I+D+i a través de financiación, tanto pública como privada, con la aprobación de medidas de fomento que incluyen tanto el incremento de las cantidades destinadas a I+D+i como la simplificación administrativa en la convocatoria y otorgamiento de subvenciones.
Asimismo, se fomenta la I+D+i dentro del marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) como una ventaja competitiva para las empresas del sector en las islas.
La ley dedica un apartado específico a la inteligencia artificial y establece una serie de principios rectores y de premisas fundamentales, como unos códigos de buenas prácticas.
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