Las Palmas de Gran Canaria, 27 ene (EFE).
– Izquierda Unida Canaria (IUC) ha presentado una nueva tanda de alegaciones al Anteproyecto de Ley de Montes de Canarias con el objetivo de «reforzar aún más el texto propuesto por el Gobierno autonómico» y «blindarlos frente a la especulación».
Como ha señalado la organización en un comunicado, hace unas semanas se incorporaron parcial o totalmente 15 de las 16 consideraciones iniciales, pero «el texto aún requiere ajustes importantes para que se convierta en una herramienta real de transformación ecológica y freno a la degradación del territorio».
Esta Ley, como ha declarado el coordinador nacional de IUC, Saúl Alberola, ha «mejorado respecto al primer borrador, pero todavía adolece de medidas contundentes contra el urbanismo ilegal, la turistificación de los montes y la desprotección del patrimonio forestal».
A su juicio, la ley requiere «medios, presupuesto, profesionales y herramientas jurídicas eficaces que blinde nuestros montes frente al expolio y la especulación».
Entre las alegaciones se encuentra la propuesta de que el propio objeto de la ley incorpore de forma explícita objetivos como «poner fin a la deforestación, recuperar los montes degradados, incrementar la forestación y reforestación», así como luchar contra «las ilegalidades urbanísticas que van restando masa forestal en favor de usos lucrativos y turísticos».
Para IUC, es «imprescindible» que la Ley «nombre con claridad los problemas reales para poder afrontarlos con firmeza».
Otra de las alegaciones plantea el principio ‘favor arboris’, ya recogido en otras normativas canarias y que establece que cualquier intervención deberá priorizar la permanencia de los árboles existentes.
La formación propone además limitar por ley el cambio de uso forestal a turístico en islas como Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, donde la masificación ha alcanzado «niveles insostenibles», ha denunciado.
La organización plantea una moratoria «hasta que se revierta el colapso medioambiental y la sobreexplotación de recursos» porque el modelo turístico «ha sobrepasado todos los límites en estas islas» y, alegan, «no podemos permitir que encima se colonice el monte para ampliar la oferta turística».
El coordinador de IUC ha destacado la necesidad de fomentar la propiedad pública forestal mediante la adquisición progresiva de terrenos con alto valor ecológico, de forma que «todos los montes patrimoniales de las administraciones públicas pasen a ser de dominio público, lo que impediría su venta o apropiación por terceros a través del Registro de la Propiedad».
Alberola ha subrayado la importancia de la participación ciudadana planteando en sus alegaciones que Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos estén «obligados a habilitar canales eficaces para que la ciudadanía pueda presentar propuestas, denuncias o mejoras en la gestión de los montes, tanto públicos como privados».
Además, se incluye una propuesta para fomentar la “custodia del territorio”, un modelo de colaboración entre administraciones, entidades sociales y propietarios que permita acuerdos plurianuales para la gestión sostenible de fincas forestales, y medidas para evitar la clasificación de suelos con valores forestales como urbanizables o de asentamiento rural.
«Necesitamos una Ley valiente que actúe de verdad contra la especulación, la turistificación y el abandono de nuestros montes porque Canarias no es solo un destino turístico y proteger nuestros montes es proteger nuestra biodiversidad, nuestra calidad de vida y nuestro futuro», ha destacado.
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