Santa Cruz de Tenerife, 22 jul (EFE).
– El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado de forma definitiva la ley de agilización de licencias urbanísticas, una norma que en su trámite parlamentario se ha transformado en un «tinglado» de enmiendas sobre alquiler vacacional, según describió el representante de AHI Raúl Acosta.
La incorporación de enmiendas ajenas al objeto de la ley original, como las relativas a la vivienda vacacional, que han dividido al pacto de Gobierno, y otras sobre las islas verdes o el Parque Nacional del Teide, han transformado la norma en una ley «omnibus», según denunció la representante del PSOE Patricia Hernández.
La división en el gobierno ha partido del planteamiento de ASG para la incorporación de una enmienda transaccional con apoyo de la oposición de PSOE, Nueva Canarias y Vox para que las viviendas vacacionales dejasen de ser consideradas actividad clasificadas y pasaran a ser inocuas, una pretensión que no salió adelante por la aprobación de un voto particular de los otros socios del ejecutivo.
Tras las votaciones, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha dirigido al pleno para reconocer que se ha producido «zozobra» e «incertidumbre» respecto a la aplicación de esta norma en las islas verdes, por lo que se ha comprometido a que el Gobierno de Canarias regulará y planificará esta actividad y que al mismo tiempo se tenga en cuenta la realidad de cada una de las islas.
De este modo, el debate parlamentario se ha centrado más en la vivienda vacacional que en el objeto inicial del decreto ley convalidado hace un año y tramitado como proyecto de ley, que era que los informes técnicos para construir viviendas puedan ser emitidos por colegios profesionales y no necesariamente por técnicos municipales, lo que para los grupos del gobierno agiliza la burocracia y para la oposición privatiza el control urbanístico.
El diputado de ASG Jesús Ramos Chinea defendió que las viviendas vacacionales no influyen en el alquiler residencial y reclamó diálogo para garantizar la seguridad jurídica de los pequeños propietarios.
Reivindicó la enmienda presentada por su grupo para que el arrendamiento vacacional sea considerado una actividad inocua en lugar de clasificada, siempre y cuando se desarrolle en viviendas unifamiliares aisladas o en pequeños edificios de un único titular que no generen impacto ambiental ni molestias acústicas.
Defendió la necesidad de adaptar la legislación a la diversidad territorial del archipiélago, con especial atención a las particularidades de las islas verdes y a las zonas rurales de los territorios capitalinos.
A pesar de las discrepancias, el representante de ASG ha reiterado su lealtad institucional al presidente del Gobierno de Canarias y ha ofrecido su total colaboración para desbloquear el conflicto normativo.
Raúl Acosta, de AHI, consideró que probablemente este «tinglado» comenzó con la tramitación de la ley de alquiler vacacional, lo que ha llevado a introducir enmiendas en este otro proyecto de ley para intentar arreglarlo.
«Tenemos a la derecha regulando el sector económico de la vivienda vacacional y a la izquierda pidiendo que se desregule», lamentó Acosta.
El diputado herreño afirmó que a él le da igual «que se llame actividad clasificada o actividad inocua», porque lo que le interesa es que «los requisitos que se establezcan» para El Hierro sean «cumplibles» y no pongan en riesgo el 70 % de la oferta alojativa de la isla.
También acusó a Nueva Canarias de vetar una enmienda «invoce» que afecta directamente a El Hierro y a La Gomera para dar seguridad jurídica en la aplicación de la Ley de las Islas Verdes de 2019.
La diputada de Nueva Canarias Esther González recordó que originalmente el proyecto de ley era para agilizar las licencias urbanísticas, pero los grupos que apoyan al Gobierno introdujeron modificaciones orientadas a la vivienda vacacional.
Señaló que su grupo ha intentando negociar la retirada de las enmiendas in voce que todavía no estaban incluidas en el texto, y así lo hicieron Nueva Canarias y ASG, pero PP, CC y AHI se negaron para intentar imponer su criterio y por esa razón han tenido que vetarlas.
La diputada del PSOE Patricia Hernández sostuvo que el proyecto había dejado de ser una norma para agilizar las licencias urbanísticas y se había convertido en una «ley ómnibus», al incorporar numerosas enmiendas sobre materias ajenas a su objeto.
Acusó al Gobierno de favorecer la vivienda asequible incentivada frente a la vivienda protegida, reduciendo los periodos de protección, incrementando los márgenes de beneficio para los promotores y utilizando la crisis de la vivienda para beneficiar intereses privados.
Socorro Beato, de CC, defendió que la norma constituye una respuesta integral al problema de la vivienda y rechazó las críticas por la incorporación de otras modificaciones legislativas.
La diputada del PP Luz Reverón afirmó que el texto mantiene todas las garantías y el control público, al tiempo que elimina trabas burocráticas para acelerar la construcción de viviendas.
Carmen Hernández, de Nueva Canarias, afirmó que la ley utiliza la emergencia habitacional como excusa para privatizar el urbanismo y sostuvo que agilizar las licencias no resolverá por sí solo el problema de acceso a la vivienda.
La diputada de Vox Paula Jover defendió que el decreto original era una norma sencilla, centrada en agilizar la concesión de licencias urbanísticas, y lamentó que su tramitación como proyecto de ley hubiera «adulterado» el texto mediante la incorporación de enmiendas sobre cuestiones ajenas.
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