Santa Cruz de La Palma, 22 jul (EFE).
– El secretario general del PSOE de La Palma, Borja Perdomo, ha acusado a Coalición Canaria de utilizar la reivindicación de las familias que perdieron sus viviendas vacacionales en la erupción de 2021 para intentar modificar de forma más amplia la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
Perdomo sostiene que el Cabildo de La Palma, gobernado por CC, pretende aprovechar esa demanda «legítima» para impulsar una modificación cuyo «verdadero objetivo» sería dejar sin aplicación en la isla “buena parte de la normativa autonómica para recuperar el régimen previsto en la Ley de Islas Verdes».
El dirigente socialista ha explicado en un comunicado que la situación de las personas afectadas por la erupción y el régimen jurídico aplicable a las nuevas viviendas vacacionales son «dos cuestiones completamente diferentes».
Por ello, ha criticado que la iniciativa se plantee ahora, mediante una enmienda durante la tramitación de otra ley, cuando la Ley 6/2025 fue aprobada hace apenas unos meses por la mayoría parlamentaria formada por Coalición Canaria y el Partido Popular.
En este contexto, el PSOE ha anunciado la presentación de una enmienda al Decreto-Ley 1/2026, actualmente en tramitación parlamentaria, para que las personas que perdieron sus viviendas vacacionales como consecuencia del volcán puedan reconstruirlas conservando los derechos y el número de registro que tenían antes de la erupción.
La propuesta también contempla exceptuar estos supuestos del requisito de antigüedad de cinco años previsto en la nueva regulación, con el objetivo, según el PSOE, de ofrecer “una solución específica con garantías de seguridad jurídica».
El secretario general del PSOE insular también ha vinculado este debate con la situación del acceso a la vivienda en La Palma, donde, según ha señalado, continúan aumentando los precios del alquiler, persisten las dificultades para acceder a una vivienda y sigue siendo insuficiente la oferta de vivienda pública.
En este sentido, ha reclamado más vivienda pública, más suelo disponible para construir y medidas que faciliten el acceso a una vivienda digna, además de advertir que una modificación general de la regulación de las viviendas vacacionales podría encarecer el precio de venta y alquiler de la vivienda e incentivar la especulación con el suelo.
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