Las Palmas de Gran Canaria, 16 sep (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha solicitado al Consorcio de Transportes de Madrid que los estudiantes canarios pueden acceder a sus bonificaciones para el transporte público sin empadronarse en esa comunidad, lo que les implicaría renunciar al descuento aéreo del 75 % para residentes.
El marco propuesto se refiere exclusivamente a un colectivo concreto y a una circunstancia objetivamente singular: estudiantes residentes en Canarias que se desplazan temporalmente a Madrid durante el curso escolar para realizar estudios reglados y necesitan mantener su condición de residentes en Canarias, ha informado este miércoles la Consejería canaria de Transportes en un comunicado.
La Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno canario entiende que «esta normativa se hace fundamental y necesaria después de que el Consorcio de Transportes de Madrid modificara en junio las condiciones a través de las cuales se puede acceder a los abonos de transporte al introducir como requisito el padrón municipal en dicha comunidad autónoma.
Durante el curso pasado, los canarios desplazados en Madrid podían acceder al Abono Joven, con un coste mensual de 10 euros, que les permitía viajar de forma ilimitada por la capital, recuerda la nota.
«Con la actual reforma, un estudiante que haga simplemente dos viajes diarios, ida y vuelta a la universidad, debe recurrir al bono de 10 viajes que tiene un coste de 7,30 euros», y al mes serían 40 viajes, con lo que tienen que pagar «casi un 200 % más que en el curso pasado», según ha expuesto la directora general de Movilidad y Transportes del Gobierno de Canaria, María Fernández.
La propuesta formal del Ejecutivo canario, enviada el pasado 12 de agosto, trata de evitar que la aplicación de un requisito formal produzca un efecto material desproporcionado sobre un colectivo sometido a una situación territorial excepcional reconocida por el derecho europeo y español, argumenta la Consejería.
«No se trata de un privilegio, se trata de una necesidad que el propio ordenamiento jurídico español y europeo ya reconoce”» ha explicado Fernández.
Los argumentos expuestos atienden a la excepcionalidad del territorio canario por la condición de región ultraperiférica reconocida por la Unión Europea, la lejanía y dependencia estructural del transporte aéreo y marítimo que ostenta el archipiélago y la necesidad de que los estudiantes no renuncien a su condición de residente porque cuentan con un régimen estatal específico de compensación.
Canarias recuerda que tiene la condición jurídica de región ultraperiférica y los tratados de la UE determinan que las políticas públicas deberán ser diseñadas en la medida de lo posible para ser adaptadas y compensar su desventaja territorial.
Por ello, el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea contempla precisamente la adopción de medidas específicas destinadas a adaptar la aplicación de las políticas públicas a sus características y exigencias especiales, según sostiene el Gobierno canario.
Este marco también se ve recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias por lo que se reconoce expresamente que las circunstancias de las islas pueden exigir condiciones específicas de aplicación de las políticas públicas, añade la nota.
«Para un estudiante canario renunciar a la residencia significa no poder volver a casa por Navidad o pagar un dineral para poder hacerlo», ha aseverado Fernández, quien propone la posibilidad de realizar un acuerdo de reciprocidad con estudiantes madrileños en Canarias para que se acojan a nuestras bonificaciones.
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