Santa Cruz de Tenerife, 22 jul (EFE).
– La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha considerado que la implantación por parte de la Consejería de Educación de la figura de los psicólogos educativos en los centros públicos se está produciendo de forma precipitada, sin suficiente planificación y sin una definición clara de sus aspectos esenciales.
CSIF señala en un comunicado que, a día de hoy, la propia Administración continúa sin explicar cómo se llevará a cabo la implantación efectiva de esta nueva figura, ni ha evaluado previamente las consecuencias organizativas y jurídicas que puede tener para los profesionales afectados.
Para el sindicato, esta falta de información y planificación evidencia que la medida se está impulsando de forma precipitada, «más como una actuación de carácter efectista y electoralista de cara a las elecciones autonómicas previstas para el primer trimestre de 2027 que como una estrategia rigurosa de mejora del sistema educativo».
Añade la nota que CSIF fue la única organización sindical que rechazó el modelo presentado por la Consejería por su falta de concreción, planificación y garantías.
El sindicato señala que se pretende implantar esta figura sin definir sus funciones, coordinación, dependencia y efectos sobre las plantillas, y considera incoherente exigir la colegiación obligatoria en el Colegio Oficial de Psicólogos a funcionarios docentes que no desarrollarán funciones propias de la psicología clínica.
Al respecto exige que Educación asuma el coste de la colegiación obligatoria.
Además denuncia también la falta de coordinación entre las consejerías de Educación y de Sanidad, una carencia que, según afirma, quedó de manifiesto con la implantación del protocolo de prevención del suicidio en los centros educativos.
Añade que el último informe elaborado por UNICEF y la Consejería de Educación de Canarias evidencia la magnitud de los problemas de salud mental y bienestar emocional que afectan a la infancia y la adolescencia en Canarias y, para CSIF, demuestra que la Administración se equivoca al plantear respuestas parciales desde el ámbito educativo.
CSIF advierte de que la implantación de esta figura sin una definición clara de sus funciones y encaje en el sistema educativo puede generar conflictos competenciales, duplicidades, inseguridad jurídica y problemas en la configuración de plantillas y en las listas de empleo.
El sindicato reitera que no se opone a la incorporación de nuevos perfiles que contribuyan a mejorar la atención al alumnado, pero exige que su implantación se lleve a cabo con planificación, seguridad jurídica y una adecuada definición organizativa.
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