Santa Cruz de Tenerife, 22 jul (EFE).
– El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado con el único apoyo de los grupos del Gobierno de Canarias la nueva Ley de Radiotelevisión Canaria, que según la oposición deja prácticamente todo el poder en manos del director general del ente que decida el Ejecutivo, lo que sitúa a la televisión pública como un «Nodo» o una «Teleclavijo» que será «más del Gobierno que nunca».
CC, PP, ASG y AHI adujeron que la nueva ley responde a la necesidad de evitar el bloqueo institucional de RTVC, después de que el Parlamento de Canarias fuera incapaz desde la anterior legislación de 2014 de constituir la Junta de Control o de aprobar el mandato marco, un fracaso político que ha mantenido al ente en una inestabilidad permanente.
Pese a su oposición general a la nueva ley, PSOE, NC y Vox elogiaron que en el trámite se mejorara la estabilidad y la protección a los profesionales de RTVC y se evitara la posibilidad de privatización y externalización de los servicios informativos, lo que atribuyeron a la capacidad de lucha de los trabajadores.
La diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, defendió que la nueva ley pone fin al bloqueo institucional que, a su juicio, ha lastrado durante más de una década el funcionamiento de Radio Televisión Canaria y sostuvo que se mantiene el control parlamentario, al conservar la elección de la Junta de Control y de la Dirección General por la Cámara, con una mayoría reforzada de tres quintos en primera votación y mayoría absoluta en segunda.
Espino destacó que la norma refuerza el carácter público del ente al blindar los servicios informativos, garantizar un mínimo de 1.
600 horas anuales de programación informativa con personal propio e impedir su externalización.
La portavoz socialista, Nira Fierro, consideró que la nueva ley reduce el control del Parlamento sobre RTVC al concentrar las principales decisiones en el director general, lo que hará que la radiotelevisión pública sea «más del Gobierno que nunca».
Criticó la desaparición de la obligatoriedad del mandato marco y la eliminación de los Consejos Informativos, un órgano esencial para garantizar la independencia profesional y evitar las injerencias políticas en los contenidos.
Reconoció que la ley mejora respecto al proyecto inicial gracias a la presión ejercida por los trabajadores y los sindicatos, que lograron blindar los servicios informativos públicos y reforzar el papel de la radio.
El diputado del PP, Carlos Ester, sostuvo que la ley nace para resolver el bloqueo que provocó la normativa de 2014 y defendió que el nuevo modelo mantiene el control parlamentario sobre la elección de los órganos de gobierno, pero incorporando una segunda votación por mayoría absoluta para evitar que la institución vuelva a quedar paralizada.
Ester subrayó los acuerdos logrados con los trabajadores para blindar la producción de los servicios informativos con personal propio y evitar su externalización.
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Carmen Hernández, calificó la jornada de «día triste para la democracia canaria» y aseguró que la nueva norma convierte a la radiotelevisión pública en «la televisión de Clavijo».
Argumentó que la ley reduce los contrapesos democráticos, debilita el control parlamentario y concentra el poder en una sola persona, el director general, que queda bajo la influencia directa del Gobierno.
Hernández criticó especialmente la desaparición de los Consejos Informativos, pero reconoció la mejora en el blindaje de los trabajadores frente a la privatización de los servicios informativos, mérito que atribuyó exclusivamente a la movilización de los trabajadores.
La diputada de Vox, Paula Jover, rechazó el proyecto al considerar que empeora la ley de 2014 y sitúa a RTVC al servicio de intereses ideológicos y políticos, transformando la televisión en un nuevo Nodo.
Criticó que el texto otorgue un protagonismo especial a determinados colectivos y corrientes ideológicas, como el movimiento LGTBI, el africanismo o el nacionalismo, en detrimento, afirmó, de la diversidad real de la sociedad y de la familia, que, a su juicio, queda relegada.
La diputada de ASG, Melodie Mendoza, defendió que la nueva ley dota por fin a Canarias de un marco jurídico moderno y estable para el servicio público audiovisual y aseguró que el texto ha mejorado de forma significativa durante su tramitación parlamentaria.
El diputado de AHI, Raúl Acosta, afirmó que el texto aprobado es «mucho mejor» que el proyecto inicial gracias al trabajo desarrollado por los grupos parlamentarios y, especialmente, por los trabajadores de Radio Televisión Canaria.
Acosta puso el acento en el papel de la radiotelevisión pública como instrumento de cohesión territorial entre las ocho islas y destacó la incorporación de medidas destinadas a reforzar la presencia de todas ellas en la programación.
EFEacp/brr
