Las Palmas de Gran Canaria, 30 sep (EFE).
– La plataforma Derecho al Techo, que ha iniciado en Las Palmas de Gran Canaria una acampada que secundan medio centenar de personas con 28 casetas, ha manifestado este miércoles que el llamado ‘decreto Maricarmen’ con medidas sobre los alquileres «no servirá de nada en Canarias si Clavijo no aplica la Ley de Vivienda», vigente desde hace tres años.
Así lo han expuesto en una rueda de prensa los representantes de este colectivo Sonia Olivares, Javier Marrero y Sandra Navarro, quienes han avanzado que, como ocurrirá esta tarde en Santa Cruz de Tenerife, donde está prevista una manifestación, en la capital grancanaria tendrá lugar otra movilización similar el sábado desde el barrio de Schamann.
Tras una primera noche de acampada en la plaza de La Feria, ante la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias, los promotores de esa protesta, que se suma a la iniciada en Sol y a las que se han impulsado en otras ciudades españolas, han destacado la solidaria respuesta que han encontrado en los vecinos del barrio de Arenales, quienes les han brindado desde muebles hasta víveres.
Además de subrayar que esta acampada, para la que se han instaurado normas y diseñado un programa de actividades, que incluirá en la mañana de este jueves una clase de Trabajo Social a cargo de profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, está abierta a quien quiera sumarse, sus impulsores han advertido de que esta movilización por el derecho a la vivienda irá más allá de lo que pueda aprobarse o no el viernes en el Congreso de los Diputados.
Una vez en vigor el decreto ley sobre los desahucios, y a expensas de lo que pueda ocurrir con el segundo, denominado Maricarmen por la mujer de 87 años que perdió su vivienda en Madrid hace unos días, la plataforma denuncia que este último «no servirá de nada» si el presidente de Canarias «sigue sin aplicar la Ley de Vivienda».
Así ha exigido Derecho al Techo al Gobierno de Canarias que sustentan CC y el PP que «deje de echar balones fuera y aplique de una vez» esta norma nacional aprobada hace tres años, al considerar que «sin ella, las nuevas medidas de protección no servirán para garantizar el derecho a la vivienda» en las islas.
«Ninguna nueva medida podrá resolver la emergencia habitacional en Canarias mientras el gobierno de Clavijo siga poniendo pegas», ha aseverado Sofía Olivares, quien ha resaltado que esta ley estatal «ya tiene herramientas para revertir parcialmente el mercado especulativo», como la declaración de zonas tensionadas con límites al alquiler, por lo que si se aprueba el decreto Maricarmen en el Congreso, «quedará más reforzada todavía».
Marrero ha estimado que «ya no hay excusas» para no declarar en Canarias zonas tensionadas que permitirían «aplicar los mecanismos de regulación de los alquileres ordinarios», como reclaman varios ayuntamientos, entre ellos el de Las Palmas de Gran Canaria.
No hacerlo, como ha ocurrido hasta ahora, implica que Canarias «no ha podido acceder a 90 millones de euros del fondo estatal destinado a territorios con zonas tensionadas», en los que se podría recuperar para vivir muchos inmuebles destinados ahora al uso turístico.
«Exigimos a Fernando Clavijo que deje de decir que la solución depende de Madrid.
La emergencia habitacional no ha llegado a Canarias con el decreto de Maricarmen, lleva años aquí y llevamos años exigiendo al Gobierno de Canarias que actúe», ha referido Marrero.
A su juicio, «la crisis de la vivienda no se puede entender separada del modelo económico de las islas, donde se ha convertido en un activo financiero en un territorio que se turistifica y en el que la población residente es expulsada de sus barrios».
Derecho al Techo insta también al Ejecutivo regional «que explique el modelo de vivienda pública que está construyendo y por qué el actual director gerente de Visocan, Javier Terán, «procede de Aliceda, inmobiliaria participada mayoritariamente por el fondo Blackstone», ha aseverado Marrero, quien ha precisado que el colectivo «reclama transparencia sobre qué intereses y qué modelo de vivienda quiere impulsar el Ejecutivo canario».
Este movimiento contra la «planificación rentista que atraviesa el modelo económico de Canarias no va a permitir que el decreto Maricarmen se convierta en un parche que sirva para ocultar la inacción del Gobierno» de Clavijo, por lo que seguirá reclamando «que se declaren zonas tensionadas, que se regulen los alquileres, que se recupere vivienda para uso residencial y que se ponga en marcha de una vez el plan de emergencia habitacional que lleva años» demandando.
De la crisis de las hipotecas a la del alquilerSandra Navarro ha precisado que, frente a la burbuja de 2008 a la que siguió el movimiento del 15M, la protesta que se secunda ahora en España «es intergeneracional porque el problema no son solamente las hipotecas, es el alquiler».
«No podemos acceder a una vivienda, no podemos independizarnos porque el alquiler en las islas está por las nubes», ha enfatizado.
Por ello, ha hecho un llamamiento a las personas jóvenes, mayores y de todas las edades para que apoyen esta protestas «para que siga avanzando y que se acabe con el negocio de la vivienda».
La acampada de Las Palmas de Gran Canaria, que está informada de más de una decena de desahucios previstos próximamente, organizará una cacerolada a las 20.
00 horas de este jueves, ya que «la letra pequeña» del decreto ya en vigor no alude a «topar los alquileres y sí establece la concesión de «ayudas compensatorias a los propietarios que se vean» afectados por «impagos», por lo que entiende que se les permitirá seguir arrendando un piso por 1.
500 euros mensuales.
Los promotores de esta iniciativa organizarán una nueva asamblea el 8 de octubre para acordar «nuevas propuestas para que esta lucha no caiga» y logre que «el derecho al techo se cumpla».
EFEpcr/jmr(foto) (vídeo)
