Santa Cruz de Tenerife, 30 sep (EFE).
– La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna ha notificado a los propietarios del Edificio Dácil una resolución de desalojo urgente del inmueble como medida cautelar de protección de las personas ante la ausencia de garantías técnicas suficientes sobre la estabilidad estructural del inmueble.
Una nota municipal indica que la resolución adoptada responde, exclusivamente, a criterios técnicos y jurídicos, orientados a garantizar la seguridad de las personas y a asegurar el cumplimiento de las obligaciones de conservación establecidas en la normativa urbanística.
La decisión se adopta tras las comprobaciones realizadas por el Servicio de Disciplina Urbanística, que incluyen inspección técnica efectuada por personal del Organismo Autónomo, que concluye expresamente que, debido al estado actual de los trabajos y a las actuaciones de refuerzo aún pendientes, no es posible asegurar la estabilidad del edificio, situado en la carretera general de Bajamar a Punta del Hidalgo.
Asimismo, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha mantenido una reunión informativa con la comunidad de propietarios, en la que se ha trasladado el contenido de la resolución, el alcance de las medidas cautelares y las obligaciones derivadas de las órdenes de ejecución vigentes.
Además, se ha establecido un canal de comunicación directo con la comunidad de propietarios para facilitar información actualizada y coordinar las actuaciones necesarias durante el proceso.
El Ayuntamiento ha activado un dispositivo coordinado de acompañamiento social y de seguridad para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar y la atención a las personas afectadas.
Este dispositivo incluye vigilancia del inmueble para evitar accesos no autorizados y la oferta de recursos de alojamiento temporal y acompañamiento social, en función de las necesidades de cada unidad familiar, si bien la mayoría disponen de otro recurso alojativo personal.
La nota recuerda que en 2019, la Gerencia Municipal de Urbanismo ordenó el desalojo urgente de dicho edificio y tras informe técnico que advertía de un posible riesgo de colapso estructural, aunque una semana después se permitió el realojo al acreditarse, por valoración certificada externa, que la estructura mantenía entonces condiciones de estabilidad, siempre condicionadas a la ejecución de obras de refuerzo estructural.
Casi siete años después, la documentación incorporada al expediente y la inspección técnica realizada evidencian que las actuaciones de rehabilitación no han concluido, que persisten elementos estructurales pendientes de intervención y que no ha sido posible, por parte de la propiedad y de la contrata, acceder a todos los locales para ejecutar los refuerzos necesarios.
Durante la mencionada inspección, se constató que existían apuntalamientos en algunos locales y que se observaban fisuras en el exterior, sin que fuera posible acceder a la totalidad de los espacios afectados.
El informe señala además que algunos de los apuntalamientos visibles no contaban con los elementos necesarios para garantizar una correcta transmisión de cargas, circunstancia que ha de reforzarse con valoración técnica más amplia.
Todas estas circunstancias, unidas al informe actualizado de la dirección facultativa y a que no existe una acreditación técnica actualizada que garantice la seguridad estructural del conjunto del edificio, además de la gravedad potencial de un fallo estructural, determinan que no concurren las condiciones necesarias para mantener la ocupación del inmueble.
Esta resolución ordena el desalojo de todas las viviendas y locales en un plazo máximo de 24 horas, así como la realización de una comprobación técnica urgente de los apuntalamientos existentes y del estado de los elementos estructurales afectados, incluidos aquellos espacios a los que no se ha podido acceder, en un periodo de tres días.
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