Santa Cruz de Tenerife, 30 sep (EFE).
– El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha confirmado que la corporación ha presentado este miércoles una denuncia ante los juzgados de Puerto de la Cruz por los hechos ocurridos el sábado por la noche en la depuradora de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, y ha afirmado que será «absolutamente exigente» para que se esclarezcan los hechos.
La institución ha puesto en conocimiento del juzgado la información recabada sobre lo ocurrido, después de conocer que la empresa operadora, Aqualia, había presentado también una denuncia con hechos que, de confirmarse que se produjo un sabotaje, podrían ser graves.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Afonso ha insistido en que debe esclarecerse lo sucedido y se deben depurar las responsabilidades que correspondan.
La incidencia está relacionada con una rotura en la instalación de tratamiento terciario, de la que es titular la empresa pública insular Balten, que habría dado lugar al derrame, según la explicación ofrecida por el vicepresidente.
El Consejo Insular de Aguas ha abierto una investigación sobre la compañía que presta el servicio y Balten ha requerido información exhaustiva, mientras ambas entidades mantienen comunicación con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y con quienes participan en las investigaciones.
Preguntado por las referencias a un posible sabotaje y a la existencia de imágenes y datos en poder de la policía, el vicepresidente primero ha indicado los hechos comunicados, aún no confirmados, tienen entidad suficiente para justificar que la corporación presente su propia denuncia.
El vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, ha detallado que el Consejo Insular de Aguas ha remitido al Ayuntamiento una resolución de su gerencia del 28 de septiembre que acuerda abrir actuaciones previas de información reservada.
Estas actuaciones buscan esclarecer las circunstancias de la incidencia producida en el circuito de cloruro férrico y en el tratamiento terciario de la estación depuradora, así como determinar el alcance de los hechos y quién pudo producirlos.
Ruano ha explicado que la documentación se ha enviado en respuesta a una solicitud municipal de información por escrito.
El vicepresidente primero ha reconocido que la gestión de la depuradora corresponde al Cabildo a través del Consejo Insular de Aguas, mientras Balten dispone de la instalación de tratamiento terciario destinada al aprovechamiento agrícola.
Ha añadido que esa responsabilidad obliga a investigar cualquier incidencia que pueda entrañar un riesgo y a exigir explicaciones a quien tiene encomendada contractualmente la gestión del servicio.
«Vamos a llegar hasta el final para esclarecer cualquier responsabilidad», ha afirmado, antes de advertir de que, si se acredita una negligencia, una mala praxis o un servicio deficiente, se exigirán responsabilidades al operador.
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