Autor: Redactor

Con el objetivo de llegar a las 400.000 muestras, Ángel Carracedo califica el proyecto como el más importante de la historia de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) –

El conselleiro de Sanidade gallego, Antonio Gómez Caamaño, y el director ejecutivo de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Ángel Carracedo, han supervisado este lunes el acto de toma de muestras del proyecto Xenoma Galicia, la iniciativa científica más importante de la historia de Galicia que inicia una nueva fase y con la que se busca revolucionar la medicina de precisión analizando el ADN de 5.000 gallegos para encontrar su predisposición a diferentes tipos de cáncer.

Por el momento, el proyecto ha arrancado en el área sanitaria de Santiago e Barbanza, con la citación aleatoria de más de 800 personas que, tras firmar el consentimiento informado a través de la app del Sergas, acuden al Hospital Clínico para la obtención de la muestra de sangre.

Según ha explicado Carracedo ante los medios, además de ser un proyecto científico importante, es al mismo tiempo un proyecto de cribado para ver la predisposición al cáncer de mama, de ovario, colorrectal y a la hipercolesterolemia.

Esto va a suponer una revolución muy importante en la salud, fundamentalmente, pero también en sectores estratégicos como el farmacéutico y el biotecnológico, ha señalado.

Lo más importante, ha continuado, son las repercusiones directas que tendrá para hacer una medicina personalizada más efectiva. Esto va a ser una estrategia de la medicina del futuro, adelantándonos a la enfermedad, ha insistido Carracedo, dado que, si bien la persona citada puede no llegar a desarrollar la enfermedad aunque se le encuentre una mutación que lo predisponga, permite una prevención personalizada.

Carracedo ha agradecido el trabajo del equipo investigador y sobre todo de los participantes. Es complicado que vengan de sitios distantes para donar y lo hacen fundamentalmente por amor a la ciencia. Y eso es precioso porque significa que los gallegos son muy solidarios y entienden el valor de contribuir al avance de la ciencia, ha destacado.

EL OBJETIVO: 400.000 MUESTRAS

El investigador ha avanzado que, en el futuro, el objetivo sería conseguir 400.000 muestras de ADN, convirtiendo el proyecto en el número uno en cuanto a población, ya que el proyecto de este tipo más importante del mundo es de Reino Unido, con 500.000 muestras. Intentar conseguir 400.000 muestras en una población de 2,7 millones sería de otra dimensión, ha comentado.

Por su parte, el conselleiro de Sanidade ha reivindicado también el carácter pionero de la iniciativa, incidiendo en la gran valía que tendrán sus resultados para avanzar en ámbitos como la medicina preventiva y personalizada.

Por ello, ha animado a todos los que reciban su invitación, vía SMS, a participar.

Esta nueva fase, ha explicado, arranca con la recogida de 5.000 nuevas muestras en toda Galicia. En el área sanitaria de Santiago e Barbanza se han habilitado un total de 828 citas para proceder a la recogida. Concretamente, 703 en Santiago y 125 en Barbanza.

Se prosigue así con una iniciativa que en su fase inicial analizó 2.000 muestras biológicas de sangre y saliva. Estos estudios permitieron detectar 24 variantes de riesgo asociadas a diferentes patologías hereditarias.

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA

La participación en el proyecto es totalmente voluntaria, pero es necesaria una invitación previa por parte del departamento sanitario de la Xunta. De este modo, en cada una de sus fases las personas seleccionadas de forma aleatoria recibirán en su móvil un mensaje SMS con una invitación y una relación informativa sobre el programa.

Tras esto, los participantes deberán solicitar su cita a través de la aplicación Sergas Móvil. Las citas están disponibles de lunes a jueves en horario de tarde. El personal sanitario informará los participantes y llevará a cabo una extracción de la muestra de sangre, sin necesidad de acudir en ayunas.

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) –

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha desplazado este martes a Kiev, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa en Ucrania, para escenificar el apoyo del Gobierno de España al país junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Este es el cuarto viaje que Albares realiza a Ucrania desde que se produjo la invasión rusa hace cuatro años. El último tuvo lugar en enero de 2025 y en aquella ocasión visitó Leopólis, anunciando un nuevo paquete de ayuda humanitaria de 10 millones de euros, que elevó por encima de los 100 millones la asistencia de este tipo brindada por España.

Este lunes, desde Bruselas, donde asistió al Consejo de Asuntos Exteriores, el ministro volvió a reiterar que España va a seguir junto al pueblo de Ucrania y el Gobierno del presidente Zelenski tanto tiempo como sea necesario.

En su opinión, no hay ninguna voluntad por parte rusa, no ya de alcanzar una paz, sino de un mero alto el fuego como lo demuestran los bombardeos diarios. Yo veo muy claramente que lo que Vladimir Putin no perdona a Ucrania es que quiera ser uno de nosotros y entrar a formar parte de la UE, sostuvo. Eso es de verdad a lo que tiene miedo, a la democracia, al pluralismo, acotó.

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) –

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha considerado este martes que es una buena noticia que se vayan a desclasificar los documentos, de momento catalogados como secretos oficiales, del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En su opinión, esta medida refuerza la democracia.

Así lo ha dicho en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha agregado que esta medida, que aprobará el Consejo de Ministros este martes, supone un refuerzo para la democracia española.

Es una buena noticia y ayuda también a reforzar nuestra democracia, que es joven y que no tenemos que dar por supuesta, yo creo que este es un día importante para todos, ha celebrado Cuerpo.

Se comprometió a priorizar, cuando llegue al Gobierno, el vínculo trasatlántico

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) –

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, habló ayer con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con quien realizó un repaso de las relaciones bilaterales entre España y el país norteamericano. El líder del PP se comprometió, además, a priorizar el vínculo trasatlántico y, al hilo del cuarto aniversario de la guerra de Ucrania, le manifestó la necesidad de que Europa y EEUU mantengan una posición unida en defensa de la paz y la seguridad del continente europeo, según informan fuentes del PP.

Durante la conversación, que duró casi media hora, Feijóo confirmó a Marco Rubio que su propósito en materia exterior es que España sea un país fiable para sus aliados y le trasladó su compromiso de cuando llegue al Gobierno priorizará el fortalecimiento del vínculo transatlántico y el refuerzo de la seguridad de Occidente frente a las actuales amenazas.

Ambos también intercambiaron impresiones sobre la situación en Hispanoamérica, especialmente en lo relativo al objetivo común, según las fuentes del PP, de que Venezuela pueda vivir bajo una democracia plena.

HABLARON DE VENEZUELA

En relación con este país, el presidente del Partido Popular le agradeció al secretario de Estado norteamericano el esfuerzo realizado por su país para avanzar en este propósito que el PP, argumentan, ha perseguido activamente durante los últimos años.

Además, y coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, Alberto Núñez Feijóo expresó el firme respaldo de España a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y la necesidad de que Europa y Estados Unidos mantengan una posición unida y decidida en defensa de la paz, la libertad y la seguridad del continente europeo.

También quiere acabar con la suspensión de cargos públicos que desobedezcan sentencias del TC

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) –

El PNV defenderá este martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley para reformar la ley del Tribunal Constitucional (TC) con el fin de derogar tanto el recurso previo contra reformas estatutarias como las sanciones que introdujo el PP en 2015 para los cargos públicos que incumplan las sentencias del tribunal de garantías.

Se trata de una reforma que ya se debatió en el Congreso a finales de 2016 y en marzo de 2021. En ambas ocasiones llegaron a ser tomada en consideración por el Pleno, con apoyo de los partidos de izquierdas y nacionalistas, pero no llegaron a completar su tramitación por sucesivas prórrogas del plazo de presentación de enmiendas y las posteriores disoluciones de las Cortes.

En concreto, el PNV propone derogar la reforma de 2015 que el PP aprobó con su mayoría absoluta en plena efervescencia separatista catalana para castigar a los cargos públicos que desoyen al TC. Eso sí, los proponentes plantean una redacción con la que se acepta que incumplir las sentencias del TC debe tener algún reproche, pero en vez de la suspensión que incorporó el PP, apuestan por multas menores.

En concreto, la iniciativa del PNV busca eliminar los artículos de la Ley del TC que dan carácter ejecutivo a sus sentencias y que permiten actuar contra las autoridades y funcionarios que incumplan sus sentencias con un catalogo que va desde multas de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión de sus funciones.

MULTAS MUCHO MENORES

En su lugar, los nacionalistas proponen imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar.

Pero la proposición de ley del PNV también incluye la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos de autonomía, una reforma que también se introdujo en 2015, pero en este caso por acuerdo entre socialistas y populares.

Para este Grupo, esta norma acarrea riesgos para la estabilidad del sistema porque supera con creces el carácter jurisdiccional del control constitucional a posteriori que fue atribuido en el texto constitucional. Y, lo que considera aún más grave, permite a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo.

La iniciativa sostiene además que el recurso previo de inconstitucionalidad convierte al Constitucional en una tercera cámara legislativa y por ello en un órgano político de control. Asimismo, advierte de que las modificaciones aprobadas entonces otorgaron al Tribunal mecanismos que poseen, de hecho, contenido punitivo y que alteran la naturaleza del control constitucional previsto en la Carta Magna.

Se podrán consultar a partir del día 25 en la página web de La Moncloa

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) –

El Gobierno aprueba este martes, en la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, la desclasificación de los documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo anunció en un mensaje en la red social X, en el que aseguró que la memoria no puede estar bajo llave y señaló que estos documentos se desclasificarán para saldar una deuda histórica con la ciudadanía.

El jefe del Ejecutivo indicó además que las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre y da las gracias a quienes abrieron camino. La ministra portavoz, Elma Saiz, ofrecerá toda la información al respecto, en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Gobierno.

Según fuentes de Moncloa, la desclasificación se hará efectiva el próximo miércoles 25, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.

Ente los documentos pendientes de desclasificar se encuentra el sumario completo del juicio que está custodiado en el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos y en el que se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado CESID, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como alto secreto; y también están las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.

El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la Legislación franquista de secretos oficiales. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación.

En este proyecto se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados como alto secreto; a los 35 años para los clasificados como secreto; entre 7 y 9 años para la información confidencial y entre 4 y 6 años para la información restringida. Precisamente hoy se cumplen 45 años del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En el tuit publicado por Sánchez se incluye una grabación de la intervención del escritor Javier Cercas en el Parlamento, con la presencia del presidente del Gobierno, en la que le pide que desclasifique todo lo que pueda sobre el golpe de Estado.

Cercas, que es autor del libro Anatomía de un instante, sobre el 23-F, afirmaba en esa comparecencia que siguen contándose bulos y bolas imparablemente sobre el 23 F, por lo que pidió al jefe del Ejecutivo que desclasificara hasta donde pueda todo lo que haya sobre el golpe de Estado.

No cambiará nada la interpretación del golpe de Estado porque la vedad la sabemos, y los de los bulos y las bolas van a seguir contándolas, pero al menos tendrán un instrumento menos al que agarrarse para sus mentiras, apostillaba el escritor.

CRÍTICAS DE PP Y VOX

Desde el PP, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, cuestionó que los documentos del 23-F vayan a descubrir algo que no se sepa y apuntó que lo que España necesita son explicaciones sobre el presente. En parecidos términos se pronunció el líder de Vox, Santiago Abascal, que pidió a Sánchez hacer lo mismo con los negocios de alterne que han pagado su carrera política.

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, celebró este la desclasificación de documentos del golpe de Estado del 23-F, aunque aseguró que no es suficiente, por lo ha defendido la necesidad de sacar adelante el proyecto de ley de información clasificada. En la misma línea reaccionó el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que lo ve como una buena noticia y reclamó acabar con la infame ley de secretos oficiales del franquismo de 1968, una cuestión que también insistieron desde las filas de Podemos.

Más crítica fue la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, que lo calificó incluso de cortina de humo ante la falta de liderazgo de Sánchez. Por su parte, Bildu y el PNV retaron al presidente del Gobierno a hacer memoria histórica de verdad y no sólo aprovechar el aniversario de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 para desclasificar documentos relativos a aquel episodio, y de hecho le recuerdan que se mantienen bajo secreto otros documentos oficiales referidos a hechos aún más antiguos, como el caso Zabalza o los crímenes del GAL.

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Feb. (EUROPA PRESS) –

Un hombre ha sido hallado sin vida este lunes en una zona de monte de difícil acceso en el municipio de Caldas de Reis (Pontevedra), según informa el 112 de Galicia.

El fallecido, que había salido a hacer una ruta, ha sido localizado por un compañero que salió en su búsqueda.

Los servicios de emergencia trabajan en estos momentos para rescatar el cuerpo del hombre. En el operativo participan Urgencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos de Vilagarcía, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, y voluntarios de Protección Civil del Concello Cuntis.

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) –

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en la que PP y Vox suman mayoría absoluta, votará este martes las distintas recetas de los grupos parlamentarios para ampliar los supuestos de gastos electorales en los que incurren los partidos políticos, regular los micrócréditos o recortar el mailing de la propaganda, los sobres y las papeletas que llegan a los buzones del electorado en cada cita con las urnas.

Las distintas formaciones han compendiado sus ideas en la materia en las propuestas de resolución que han registrado a los informes del Tribunal Cuentas relativos a las fiscalizaciones de contabilidades electorales de las generales de 2023 y de los comicios europeos de 2024, que se debatirán y votarán en la citada comisión, donde el PP y Vox suman mayoría.

En estos escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el PP aboga por concretar nuevos conceptos de la lista de gastos electorales que contempla el artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Ahora se consideran gastos electorales los destinados a la confección de sobres y papeletas, a la correspondencia y franqueo, a la propaganda y publicidad directa o indirecta para promover el voto con independencia del medio que se utilice, al alquiler de locales para actos de campaña y a las remuneraciones o gratificaciones al personal contratado para ella y al desplazamiento de candidatos, dirigentes y personal al servicio de la candidatura.

También se incluyen los intereses de los créditos recibidos para la campaña, devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspondiente y los gastos que sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

En sus últimos informes, el Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno que se especifiquen en mayor medida las categorías de estos gastos electorales y ahora el PP recoge el guante y plantea sus propias propuestas.

ALQUILER DE ESPACIOS PARA ILUSTRAR A INTERVENTORES

Los populares piden que también se consideren como tales la realización y retransmisión de actos, los desplazamientos para los mismos, la organización de comidas y cenas electorales, así como el avituallamiento para interventores y apoderados o el alquiler de espacios para su atención y coordinación.

Por su parte, el PSOE se inclina por modificar la LOREG para incluir una regulación más específica de las categorías de estos gastos, pero no especifica medidas concretas. Eso sí, anima a los demás a aprovechar la reforma de la LOREG que se tramita en el Congreso para proponer medidas destinadas a evitar la falta de correspondencia que puede producirse entre el límite máximo de gasto y el importe de las subvenciones electorales a percibir.

De su lado Vox, quiere que el cálculo de los intereses de los créditos recibidos por los partidos para las campañas y su consideración como gasto reembolsable se realice hasta el pago de la subvención por parte de las administraciones públicas.

Además, los de Santiago Abascal reclaman al tribunal que unifique los criterios de fiscalización entre todos los procesos electorales y tenga lista su fiscalización de contabilidades de las elecciones generales a los seis meses de su celebración.

Entre las propuestas de Sumar destacan las relativas a los microcréditos a los que recurren los partidos para financiar sus actividades electorales en las se hace eco de las recomendaciones del fiscalizador. Así, plantea que la cuantía máxima por prestamista no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas, que ahora está fijado en 50.000 euros anuales.

DEVOLVER EL PRÉSTAMOS EN MENOS DE UN AÑO

También sugiere que los microcréditos se ingresen en las cuentas bancarias electorales, que el plazo para devolverlos no exceda de un año natural desde la celebración de los comicios, que la renuncia a su devolución se formalice preferentemente vía telemática y que sea considerada una donación a todos los efectos.

Tanto Sumar como el PP y el PSOE defienden una nueva regulación de los microcréditos y que se reforme la Ley de Financiación de Partidos para que las donaciones privadas que se realizan en periodo electoral se entiendan efectuadas en todo caso para financiar ese proceso y, por tanto, se sometan a los requisitos previstos en la Ley Electoral, y se abonen en las cuentas abiertas al efecto.

Por otro lado, PSOE y Sumar comparten con el Tribunal de Cuentas la conveniencia de que se revise la actual fórmula de envío postal personalizado de sobres, papeletas y propaganda electoral con el objetivo de ahorrar costes y también papel, si bien Sumar se muestra más proclive al asumir casi íntegramente las recetas del órgano que preside Enriqueta Chicano.

REPARTIR PAPELETAS EN SEDES O MÍTINES

En particular, Sumar anima a evaluar la eficiencia material y económica del conocido como mailing electoral, habida cuenta de que los sobres y papeletas de votación se pueden adquirir en los colegios electorales el día de los comicios. También aboga por un procedimiento, más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información, que ofrezca más garantías en su ejecución y permita ahorrar, por ejemplo, acudiendo a la compra centralizada de sobres y papeletas.

En sus últimos informes, el propio Tribunal de Cuentas recalcaba que los partidos deben acreditar la puesta a disposición de los electores de todo este material, ya sea mediante su envío postal o por ejemplo haciendo entrega de los mismos directamente a los votantes en sus sedes o en sus actos de campaña.

De su lado, el PSOE se limita a sugerir a los grupos parlamentarios a aprovechar la reforma de la LOREG que se tramita en el Congreso para hacer sus propuestas con vistas a un nuevo procedimiento de los envíos de sobre, papeletas y propaganda, pero no habla de fórmulas alternativas ni de compras centralizadas y sigue contemplando los envíos postales personalizados.

PREREGISTRO TELEMÁTICO EN CORREOS

En este contexto, los socialistas pretenden que las Cortes insten al prestador del servicio postal a implementar un sistema de preregistro telemático de las formaciones políticas que vayan a realizar el envío directo y personal de este material con el objetivo de identificar de forma inequívoca los envíos que resulten subvencionables.

También demandan que el operador postal potencie la tramitación electrónica del procedimiento de depósito postal de la propaganda electoral, tanto en el pago del anticipo a cuenta de los envíos como en la justificación de este, en la emisión de los albaranes y en la posterior facturación realizada a los partidos.

Por su parte, el PP insta al Gobierno a disponer de un número de sobres y papeletas para hacer refuerzos en las zonas o poblaciones a las que no llega o llega erróneo el mailing al no garantizar Correos su distribución.

Además, los populares quieren que las Cortes emplacen tanto el Gobierno como al Tribunal de Cuentas a abstenerse de exigir la sincronización cuantitativa del número de sobres y papeletas electorales confeccionadas con el número de franqueos justificados ya que, cuando se contratan las papeletas y sobres no se dispone del censo definitivo y se desconoce, por tanto el número exacto que se va a depositar en Correos.