Autor: Redactor

  • La CCE pacta con UGT y CCOO subidas del 3 y 4 % en el convenio de oficinas para Las Palmas

    Las Palmas de Gran Canaria, 13 abr (EFE).

    – La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de la provincia de Las Palmas ha suscrito este lunes con los sindicatos UGT y CCOO las tablas salariales del convenio de oficinas y despacho para los años 2025 y 2026 para los que se han pactado unas subidas de un 3 y un 4 %, respectivamente.

    En un comunicado, la CCE ha informado de que la firma del acuerdo se produce en un contexto especialmente adverso, marcado por la situación geopolítica derivada del conflicto en Irán y por la «injerencia» que atribuye a la Administración del Estado en el ámbito de la autonomía de las partes, circunstancias que han dificultado el acercamiento de posturas.

    La CCE ha destacado la necesidad de dotar al sector de estabilidad y certeza jurídica.

    El convenio colectivo de oficinas y despachos tiene especial relevancia por su eficacia normativa, siendo de «vital importancia» al aplicarse a todas las empresas y los trabajadores del sector.

    EFEcda/jmr

  • NC sostiene que Canarias puede tener que devolver hasta 500 millones en fondos europeos

    Las Palmas de Gran Canaria, 13 abr (EFE).

    – Nueva Canarias sostiene que el Gobierno canario puede verse obligado a devolver hasta 500 millones de euros de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el triple de lo que calcula.

    En un comunicado, la diputada de NC Esther González asegura que una respuesta oficial enviada por el Ejecutivo a su grupo parlamentario les ha permitido detectar que el Gobierno de Fernando Clavijo hace una «interpretación tergiversada» de los datos.

    Canarias ha recibido de esos fondos 1.

    727 millones de euros, de los que declaran ejecutados 944,38 millones de euros, mientras que ya se han producido devoluciones por importe de 54,7 millones, señala González.

    Al mismo tiempo, se prevé una ejecución adicional de 578 millones de euros en 2026 y reintegros por valor de 149,9 millones de euros a 31 de agosto de este año, que expira el plazo para la gestión de estos fondos, añade.

    Esther González cuestionado la veracidad y la interpretación de esas cifras: «Está todo tergiversado y la única verdad es que Canarias recibió 1.

    727 millones de euros y que ya se han devuelto 54,7 millones de euros hasta 2025″.

    La diputada de NC sostiene que el Gobierno de Clavijo «mezcla los conceptos de ejecución y justificación para distorsionar” la realidad».

    «Ellos hablan de 944 millones de euros ejecutados, pero eso no significa que estén justificados, que es lo que realmente exige Europa.

    Lo que vale es el dinero correctamente justificado, y ese será mucho menor», explicaEsther González considera que gran parte de los fondos considerados como ejecutados corresponden a subvenciones aún no justificadas por los beneficiarios o proyectos sin finalizar, lo que derivará en nuevas devoluciones.

    «Muchas de esas subvenciones hoy no están justificadas.

    Cuando llegue el momento, habrá cantidades importantes que tendrán que devolverse», opina.

    González también pune en duda la previsión de reintegros para 2026 cifrada por el Ejecutivo en 149,9 millones de euros, porque está convencida de que «van a devolver mucho más».

    EFEjmr

  • Un detenido con droga y otro con una requisitoria en un control en Granadilla

    Santa Cruz de Tenerife, 13 abr (EFE).

    – Agentes de la Policía Canaria han detenido a dos personas en un control en Granadilla de Abona, una con más de 260 gramos de cocaína encima y la otra porque le constaba una requisitoria del Juzgado de lo Penal 3 de Santa Cruz de Tenerife por un delito de lesiones.

    Al primero de los arrestados, los agentes localizaron entre sus pertenencias diversas sustancias estupefacientes, procediendo a la incautación de aproximadamente 126 gramos de marihuana y 135 gramos de hachís, así como otras sustancias, detalla la Consejería de Presidencia en un comunicado.

    Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y posteriormente puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

    EFEjmor/brr

  • Canarias pide no convertirse desde el verano en una «cárcel» por el pacto europeo de asilo

    Las Palmas de Gran Canaria, 13 abr (EFE).

    – La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha reclamado este lunes al Ejecutivo central que aclare cómo afectará a Canarias la aplicación, a partir del 12 de junio, del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, y ha advertido de que el Gobierno canario no tolerará que su desarrollo convierta a las islas en una «cárcel» para personas migrantes.

    Delgado ha subrayado que España tiene que garantizar que Canarias no sea la puerta de entrada y de no salida al territorio europeo para quienes llegan a las islas, en declaraciones previas a la apertura del Foro Canario de la Inmigración, un órgano consultivo que reúne a administraciones y entidades sociales que trabajan con población migrante.

    «Lo que queremos del Estado español es que nos diga exactamente en qué afecta y si los intereses de Canarias se están defendiendo en ese pacto europeo», ha afirmado.

    La consejera ha indicado que durante este encuentro van a abordar el alcance del pacto europeo de asilo y el posicionamiento de las administraciones públicas canarias y las organizaciones sociales, y ha recalcado que «lo que no vamos a tolerar, ni este gobierno de Canarias, ni tampoco las entidades, es que a Canarias se la convierta en una cárcel».

    El coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha advertido de la falta de información detallada sobre cómo funcionará el nuevo sistema, especialmente en lo relativo a la primera acogida, el análisis de las solicitudes de asilo y los espacios de espera para el retorno de las personas a las que se deniegue esta protección.

    «Hay riesgo de que el retorno no sea una opción y, por tanto, Canarias se convierta en un espacio de retención», ha indicado Lorenzo al recordar que hasta ahora el sistema de atención humanitaria se articula con una primera acogida en las islas y la derivación posterior a recursos en la península.

    A partir de junio, ha añadido, «estamos hablando de espacios en que aquellas personas que no tengan derecho a acceder al asilo van a permanecer retenidas de forma previa a su retorno, a su expulsión a su país de origen, y eso no sabemos cómo se va a producir».

    Lorenzo ha alertado de que algunas podrían ser devueltas a países con los que no tienen vínculos o donde existen garantías dudosas en materia de derecho humanos, lo que, en su opinión, supone una «mercantilización de derechos» y agrava las políticas de seguridad en materia migratoria.

    Red de información para la regularizaciónDurante el encuentro también se han abordado, entre otros asuntos, el futuro real decreto estatal de regularización extraordinaria de personas migrantes y la celebración del Día Canario de las Migraciones, el próximo 10 de septiembre, que este año tendrá lugar en Lanzarote.

    Sobre el decreto de regularización, Delgado ha explicado que el Gobierno canario trabaja en la creación de una red de información y apoyo para evitar que ninguna persona con derecho a regularizar su situación quede fuera del proceso por falta de información o documentación.

    Según ha detallado, esta red incluirá a entidades sociales, organizaciones sindicales, asociaciones de personas migrantes, universidades y administraciones públicas, con el objetivo de facilitar la presentación en tiempo y forma de los expedientes cuando se apruebe el real decreto, momento en el que se conocerá la cifra concreta de personas afectadas en Canarias.

    En cuanto al Día Canario de las Migraciones, Delgado ha indicado que este año se celebrará en Lanzarote y estará precedido por el III Congreso Migradmi, que servirá para poner en valor las buenas prácticas de acogida desarrolladas en archipiélago y para subrayar la necesidad de una política migratoria común, liderada por el Estado y acompañada por las comunidades autónomas.

    EFEmrgz/cda(foto)

  • Vox celebra que Begoña Gómez tenga que responder ante la Justicia: Es «la punta del iceberg» de la «mafia» del PSOE

    Vox celebra que Begoña Gómez tenga que responder ante la Justicia: Es «la punta del iceberg» de la «mafia» del PSOE

    MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) –

    El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha celebrado este lunes que Begoña Gómez haya sido procesada por cuatro delitos, pues considera que la esposa del presidente Pedro Sánchez es la punta del iceberg de la mafia del PSOE.

    En concreto, el juez que investiga el caso Begoña Gómez, Carlos Peinado, ha acordado procesar a la mujer del jefe del Ejecutivo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

    Delitos por los que, según ha apuntado Garriga en rueda de prensa desde Bambú tras la Ejecutiva de Vox, Begoña Gómez va a tener que explicar mucho ante la Justicia por lo que han hecho y están tratando de ocultar.

    NO SON NADA NUEVO LOS INSULTOS DEL PSOE A LOS JUECES

    Preguntado por el hecho de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, haya deslizado ya una posible prevaricación del juez Peinado, Garriga ha apuntado que no es nada nuevo.

    Es algo a lo que nos tiene acostumbrado el PSOE, igual que los separatistas; cuando les pillan con el carrito de los helados, es decir, robando a los españoles, pues tienen que señalar al juez, ha criticado el dirigente de Vox, incidiendo en que existen sobradas evidencias para procesar a la mujer de Sánchez.

    Precisamente el procesamiento de Begoña Gómez coincide con el viaje oficial del presidente a China, extremo que Garriga ha admitido no sorprenderle. Es el capítulo décimo de Sánchez que, siempre que puede, se va a abrazar a quien no debe, como narcodictadores, o felicitar a terroristas, ha denunciado.

    En este sentido, el portavoz de Vox ha censurado a Sánchez por estar en una huida hacia delante jugando, a su juicio, a ser el embajador de la paz mundial cuando es el principal responsable de que los españoles no puedan salir a las calles sin ser asaltados o violados por aquellos que trae a nuestro país.

  • Sumar recibe con prudencia el procesamiento de Begoña Gómez pero subraya que la instrucción de Peinado es «cuestionable»

    Sumar recibe con prudencia el procesamiento de Begoña Gómez pero subraya que la instrucción de Peinado es «cuestionable»

    MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) –

    Los partidos de Sumar han optado por la prudencia a la hora de valorar el procesamiento de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por cuatro presuntos delitos, aunque ha subrayado que la instrucción del juez Juan Carlos Peinado es cuestionable.

    Así lo ha desgranado después de que el magistrado caso Begoña Gómez haya acordado procesar a Begoña Gómez por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional.

    El dirigente de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, en rueda de prensa conjunta este lunes con la coordinadora de Sumar Lara Hernández en representación de las formaciones del socio minoritario, ha señalado que acababa de conocer la decisión judicial que tendrán que estudiar.

    En todo caso, ha apostillado que la trayectoria de Peinado en esta causa, que a su juicio ha suscitado un cuestionamiento significativo por parte del Poder Judicial, suscita todas las sombras de dudas que existen sobre el proceso de esta instrucción.

    Coincidirán con nosotros en que ha sido cuanto menos cuestionable en muchos de sus puntos, tengamos la prudencia suficiente como para leer la letra pequeña y esperar a ver qué ocurre en los próximos pasos, ha añadido.

  • La Guardia Civil detecta la contratación irregular de ocho extranjeros en granjas de Lorca y Puerto Lumbreras

    La Guardia Civil detecta la contratación irregular de ocho extranjeros en granjas de Lorca y Puerto Lumbreras

    LORCA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

    La Guardia Civil ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores tras localizar a ocho ciudadanos extranjeros que trabajaban sin contrato y en condiciones precarias en explotaciones ganaderas de Lorca y Puerto Lumbreras.

    La operación, denominada Caprines, se inició tras la denuncia de dos ciudadanos extracomunitarios que trabajaban sin contrato en una explotación caprina de Lorca, según ha informado la Benemérita.

    Los denunciantes detallaron que vivían en caravanas dentro de la propia finca, en condiciones de higiene calificadas como pésimas por los investigadores.

    Especialistas en Policía Judicial averiguaron que el titular de la empresa poseía otra granja en Puerto Lumbreras. En una inspección simultánea realizada junto a la Inspección Provincial de Trabajo, los agentes identificaron a otros seis trabajadores en situación irregular, uno de los cuales tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional.

    La investigación ha culminado con dos personas investigadas, el propietario de la empresa y un encargado.

    Según la Benemérita, este último –de la misma nacionalidad que las víctimas– se encargaba de la captación de los trabajadores y de su distribución diaria entre las fincas, aprovechando su situación de especial vulnerabilidad.

    Los ocho trabajadores afectados han sido atendidos e informados de los derechos que les asisten como víctimas de delito en España.

    La operación se encuadra dentro de los servicios establecidos por la Guardia Civil contra la trata de seres humanos y la explotación laboral en la Región de Murcia.

  • Santa Cruz de Tenerife aprobará el borrador de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones

    Santa Cruz de Tenerife, 13 abr (EFE).

    – La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abordará el próximo lunes el borrador del proyecto de la ordenanza para la creación y regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para su aprobación inicial y elevación al pleno municipal del mes de abril.

    Esta norma supone un paso más en la apuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la movilidad sostenible que se materializa a través de un programa integral, financiado a través de los fondos europeos Next Generation con una partida de 12 millones de euros.

    El programa incluye, además de la ZBE, la adquisición de once guaguas eléctricas, la instalación de puntos de recarga, la remodelación de las calles Imeldo Serís y La Rosa y la red de movilidad personal.

    El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, detalla este lunes en un comunicado que se trata del primer paso de un proceso que debe pasar aún por el pleno, tras el cual la ordenanza saldrá a exposición pública para que todos los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas, y, una vez transcurrido ese periodo, que será aproximadamente de un mes, corregir el documento con las aportaciones que se tengan cabida en el documento y elevarlo a aprobación definitiva.

    Bermúdez destaca que en la redacción de este borrador se ha incidido en la creación de una ordenanza flexible “contemplando un proceso de adaptación por parte de la ciudadanía, con un periodo de carencia de 18 meses para la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos de la ZBE y de 36 para imponer sanciones, por lo que su aplicación efectiva no se hará efectiva hasta 2029”.

    Asimismo la concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, afirma que esta ordenanza “tiene como fin la mejorar la salud pública de la ciudadanía a través de la reducción de las emisiones contaminantes, de gases de efecto invernadero y el ruido procedente del tráfico rodado motorizado”.

    Alonso explica que el borrador se ha llevado a cabo contando con la opinión de los vecinos y de los diferentes sectores económicos y sociales afectados, incluyendo «las excepcionalidades necesarias para elaborar una norma adaptada a las necesidades de la población de Santa Cruz de Tenerife que dé cumplimiento a la normativa nacional de Movilidad Sostenible”.

    Perímetro interiorLa Zona de Bajas Emisiones se ubica en el perímetro interior comprendido entre el Barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga, quedando exenta la zona externa de dichas vías.

    Las restricciones de acceso a esta zona se aplicarán de lunes a sábado, de 7:00 a 20:00 horas y no afectarán a los ciclomotores, bicicletas, otros ciclos, VMP y vehículos con distintivo ambiental 0 emisiones, ECO, C y B, que tendrán un acceso libre sin ningún tipo de trámite.

    Las restricciones solamente se aplicarán a aquellos vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001 y los de diésel matriculados antes del 1 de enero de 2006.

    Sin embargo, el desarrollo de la ordenanza contempla «un amplio número de exenciones» para facilitar su acceso previo cumplimiento de determinados requerimientos, como la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos o mediante autorización, que tendrá carácter gratuito.

    La exención a través del Registro Municipal de Vehículos se aplicará a los vehículos de residentes de la ZBE, los que estén de alta en el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (rodaje) del Ayuntamiento en el ámbito delimitado dentro de la zona, así como los declarados registralmente por parte de las personas domiciliadas en la ZBE en régimen de propiedad, usufructo, retribución en especie o de sustitución.

    Esta modalidad se hará extensiva también a los vehículos destinados al traslado de personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, a los que realizan transporte público regular y taxis, así como los de los servicios públicos esenciales, de emergencias, de salud, de seguridad privada o aquellos que presenten servicios públicos básicos, como limpieza o suministros, entre otros.

    A ellos se sumarán las grúas y coches de taller y auxilio en carretera.

    Los vehículos vinculados a actos en la vía o espacios públicos, ocupaciones y reservas de espacio previamente autorizados, así como los que tengan reconocida la consideración de históricos se incluirán también dentro de las excepciones.

    Requisitos económicosAdemás se permitirá el acceso a los vehículos de titulares que no pueden renovar el vehículo por incapacidad económica, con ingresos que no superen dos veces el IPREM, así como los de personas cuidadoras que acceden para la atender a mayores o dependientes empadronadas en la ZBE.

    Por otro lado, se incluyen los vehículos de las personas integrantes de unidades familiares que tengan reconocida la condición de familia numerosa y cuyo domicilio esté ubicado en el interior de la ZBE, con un máximo de dos coches por unidad familiar, aunque se prohibirá el uso simultáneo de la autorización.

    El acceso a las autorizaciones contempla los automóviles de los titulares o arrendatarios de plazas de garaje privadas dentro de la ZBE, con un máximo de tres por plaza de garaje, que no podrán hacer uso en simultáneo, así como los de los usuarios abonados de alguno de los estacionamientos públicos ubicados en la zona.

    También podrán acogerse los vehículos de empresas y autónomos cuya actividad empresarial, profesional o comercial se ejerza en un local o mercadillo ubicado en la ZBE, así como los vehículos comerciales destinados a la distribución urbana de mercancías.

    A esto se suman los medios de transporte que accedan para dejar o recoger alumnado de educación infantil, primaria y secundaria y los de transporte discrecional y regular de uso especial que den servicio a las líneas que circulan por el interior de las ZBE.

    Los vehículos para actos en la vía pública, ocupaciones y reservas de espacio cuyo acceso autorice el órgano competente, así como los que accedan a consultas y tratamientos médicos y centros veterinarios cuyas necesidades de movilidad podrán solicitar también una autorización.

    Los vehículos de arrendamiento con conductor, los que estacionen en aparcamientos de uso público localizados fuera de la vía y se hayan integrado con el sistema de gestión de la ZBE y los de los clientes de talleres de reparación de automóviles que accedan a los ubicados en la ZBE completan la lista de excepciones contempladas en esta modalidad.

    Además, se incluye los medios de transporte de entrega de medicamentos a centros sanitarios y oficinas de farmacia del área, de servicios funerarios, así como de los que accedan a farmacias de guardia o de apertura 24 horas fuera del horario comercial.

    Completan el listado los vehículos con matrículas extranjeras o diplomáticas y los de autoescuelas con local en el interior de la ZBE.

    EFEasd/jmor

  • Canarias insiste: Se necesita garantizar la continuidad del sistema de acogida de menores

    Las Palmas de Gran Canaria, 13 abr (EFE).

    – El Gobierno de Canarias ha insistido este lunes en la necesidad de poder garantizar la continuidad del actual sistema para la acogida compartida de menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas y en resolver «todas las dudas jurídicas» que suscite para poder avanzar.

    Así lo ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre la intención de varias comunidades, entre ellas Madrid o Baleares, de acudir a la vía judicial si el Estado alarga la vigencia de la modificación del artículo 35 de la ley de Extranjería.

    «Nosotros entendemos que la modificación de la ley de Extranjería sigue en vigor en la medida en que no se revierte la situación de contingencia migratoria grave en la que están Canarias, Ceuta y Melilla», ha señalado Cabello.

    Y ha agregado que estas regiones «necesitan que se continúe» con dicho «avance» después de haber conseguido llegar a este sistema en el que la solidaridad en la acogida de menores migrantes es obligatoria entre comunidades, y no a la voluntad de cada región.

    Aunque admite que la voluntad del Gobierno de España parece ir encaminada en la misma dirección que la del archipiélago, el Ejecutivo canario pone el foco en la necesidad «de resolver todas las dudas jurídicas» que suscita la prórroga de este decreto más allá de este verano, y que han llevado a algunas comunidades a plantearse acudir a los tribunales para frenarla.

    EFEcas/pcr(foto)

  • Canarias pide ser considerada en un plan de choque ante desabastecimientos por la guerra

    Las Palmas de Gran Canaria, 13 abr (EFE).

    – El Gobierno de Canarias ha pedido ser considerado en algún futuro plan de choque que idee el Ejecutivo estatal para responder ante posibles desabastecimientos en materias primas como el queroseno que produzca el conflicto en Irán, dadas sus singularidades como región ultraperiférica.

    El Ejecutivo autonómico ha acordado este lunes, en Consejo de Gobierno, remitir comunicaciones a distintos ministerios y al propio presidente Pedro Sánchez en las que se destaca la necesidad de seguir avanzando en el diálogo a dos bandas para idear algún posible plan de choque, o para ampliar el ya existente, con el fin de mitigar los efectos adversos que ha producido este conflicto.

    En una situación tan cambiante, ha destacado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, en rueda de prensa, Canarias «seguirá reclamando un espacio, un entorno para mantener una línea de diálogo fluida con el Estado a la hora de tomar decisiones».

    Lo que no quiere el Ejecutivo autonómico es que ocurra lo que, a su juicio, pasó el pasado 20 de marzo, cuando Sánchez anunció el paquete de medidas para encarar las consecuencias de la guerra y se olvidó de las singularidades canarias, ha referido.

    Una cuestión que ha puesto sobre la mesa Cabello sobre lo que pide Canarias es habilitar el almacenamiento propio de ciertas materias primas -en este caso el queroseno, en base a las dudas sobre su abastecimiento puestas sobre la mesa por determinados operadores en las últimas horas- en la comunidad autónoma.

    Eso sí, ha agregado que no es al Gobierno de Canarias a quien le corresponde diseñar dicho plan de choque, sino al estatal.

    «Quizás el Gobierno de España está demasiado acostumbrado a que el de Canarias le haga el trabajo, pero aquí lo que queremos es saber qué se va a hacer ante estas situaciones que pueden darse, cuál es el plan por parte del Estado, y si se tendrá en cuenta las singularidades canarias o se olvidarán de ellas, como ya pasó el pasado 20 de marzo», ha aseverado.

    Las comunicaciones a las que ha aludido se han remitido a los Ministerios de Industria y Turismo, Economía y al de Transportes, además de otra personal del presidente canario, Fernando Clavijo, a su homólogo estatal, al considerar que son los que más tienen que decir ante la amenaza de desabastecimiento en el combustible aéreo.

    Y es que, ha remarcado Cabello, empieza a verse «preocupación» con respecto a los «ritmos de abastecimiento» de ciertas materias primas y productos manufacturados, como vehículos o muebles, tal y como les ha trasladado este mismo lunes la asociación de grandes superficies de Canarias.

    «Hay algunas materias primas que son básicas y es vital que haya un plan de acción diseñado que se ejecute de la mejor manera posible, que tenga especificidades para Canarias y que esté coordinado con el resto del Estado y el conjunto de la U», ha defendido el portavoz del Gobierno isleño.

    EFEcas/pcr(foto)