Las Palmas de Gran Canaria, 13 abr (EFE).
– La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha reclamado este lunes al Ejecutivo central que aclare cómo afectará a Canarias la aplicación, a partir del 12 de junio, del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, y ha advertido de que el Gobierno canario no tolerará que su desarrollo convierta a las islas en una «cárcel» para personas migrantes.
Delgado ha subrayado que España tiene que garantizar que Canarias no sea la puerta de entrada y de no salida al territorio europeo para quienes llegan a las islas, en declaraciones previas a la apertura del Foro Canario de la Inmigración, un órgano consultivo que reúne a administraciones y entidades sociales que trabajan con población migrante.
«Lo que queremos del Estado español es que nos diga exactamente en qué afecta y si los intereses de Canarias se están defendiendo en ese pacto europeo», ha afirmado.
La consejera ha indicado que durante este encuentro van a abordar el alcance del pacto europeo de asilo y el posicionamiento de las administraciones públicas canarias y las organizaciones sociales, y ha recalcado que «lo que no vamos a tolerar, ni este gobierno de Canarias, ni tampoco las entidades, es que a Canarias se la convierta en una cárcel».
El coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha advertido de la falta de información detallada sobre cómo funcionará el nuevo sistema, especialmente en lo relativo a la primera acogida, el análisis de las solicitudes de asilo y los espacios de espera para el retorno de las personas a las que se deniegue esta protección.
«Hay riesgo de que el retorno no sea una opción y, por tanto, Canarias se convierta en un espacio de retención», ha indicado Lorenzo al recordar que hasta ahora el sistema de atención humanitaria se articula con una primera acogida en las islas y la derivación posterior a recursos en la península.
A partir de junio, ha añadido, «estamos hablando de espacios en que aquellas personas que no tengan derecho a acceder al asilo van a permanecer retenidas de forma previa a su retorno, a su expulsión a su país de origen, y eso no sabemos cómo se va a producir».
Lorenzo ha alertado de que algunas podrían ser devueltas a países con los que no tienen vínculos o donde existen garantías dudosas en materia de derecho humanos, lo que, en su opinión, supone una «mercantilización de derechos» y agrava las políticas de seguridad en materia migratoria.
Red de información para la regularizaciónDurante el encuentro también se han abordado, entre otros asuntos, el futuro real decreto estatal de regularización extraordinaria de personas migrantes y la celebración del Día Canario de las Migraciones, el próximo 10 de septiembre, que este año tendrá lugar en Lanzarote.
Sobre el decreto de regularización, Delgado ha explicado que el Gobierno canario trabaja en la creación de una red de información y apoyo para evitar que ninguna persona con derecho a regularizar su situación quede fuera del proceso por falta de información o documentación.
Según ha detallado, esta red incluirá a entidades sociales, organizaciones sindicales, asociaciones de personas migrantes, universidades y administraciones públicas, con el objetivo de facilitar la presentación en tiempo y forma de los expedientes cuando se apruebe el real decreto, momento en el que se conocerá la cifra concreta de personas afectadas en Canarias.
En cuanto al Día Canario de las Migraciones, Delgado ha indicado que este año se celebrará en Lanzarote y estará precedido por el III Congreso Migradmi, que servirá para poner en valor las buenas prácticas de acogida desarrolladas en archipiélago y para subrayar la necesidad de una política migratoria común, liderada por el Estado y acompañada por las comunidades autónomas.
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