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Con ello se solventaría el escollo que llevó a que el Congreso tumbara el Tratado el pasado mes de mayo

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) –

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo francés en virtud del cual se invitará a un ministro galo a participar en reuniones ad hoc y no al Consejo de Ministros como tal con el fin de solventar el principal escollo para conseguir la ratificación en las Cortes del Tratado de Amistad con Francia suscrito en enero de 2023 y que el Congreso tumbó el año pasado, han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas.

El Consejo de Ministros acordó el pasado martes la remisión a las Cortes para su tramitación urgente del Tratado de Amistad tras haber llegado a un acuerdo administrativo con Francia en relación con el artículo 2.4 del mismo.

Dicho artículo era el que contemplaba que un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación y al que se había aferrado el PP tanto para sacar adelante en el Senado un recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional –del que el alto tribunal se terminó inhibiendo en diciembre– como para tumbar en el Congreso el tratado el pasado 14 de mayo con apoyo de Vox y la abstención de Junts y Podemos.

Según se limitó a informar Moncloa el martes, el 6 y 10 de abril se produjo un intercambio de cartas entre los ministros de Exteriores de los dos países con el que se llegó a un acuerdo interpretativo del artículo 2.4, lo que obligaba al Consejo de Ministros a remitir a las Cortes el Tratado.

En concreto, según las fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press, el acuerdo interpretativo estipula que cuando se dirija dicha invitación, tendrá por objeto la participación en una reunión distinta, al margen del Consejo de Ministros, es decir, será una reunión ad hoc.

ACUERDO SIMILAR CON ALEMANIA E ITALIA

Esta reunión simbólica tiene por objeto ilustrar la calidad y el nivel de ambición de la relación bilateral entre España y Francia, subrayan las fuentes, que recuerdan que los tratados que el país vecino tiene con Alemania o con Italia también incluyen disposiciones similares y la modalidad de reunión se fija en función de las preferencias y prácticas institucionales de cada socio.

En este sentido, las fuentes insisten en que esta disposición no menoscaba en modo alguno la soberanía de España o de Francia, ya que el miembro del Gobierno del país invitado a una reunión ad hoc mantendrá con los miembros del Gobierno del país anfitrión meras consultas y no participará en la toma de decisiones.

Ahora, está por ver si el acuerdo alcanzado solventa las dudas que tenía el PP respecto al Tratado. Una vez que el texto sea admitido por la Mesa del Congreso, lo que se espera para este martes, comenzarán a correr los plazos de enmiendas, que al tramitarse por urgencia se reducirán a la mitad, y lo mismo sucederá en el Senado.

Asume que la extrema derecha cala en la juventud con bulos, mientras a los demócratas les ha faltado discurso pedagógico

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) –

El PSOE considera que hay que tomar medidas para contrarrestar el aumento de discursos negacionistas, reaccionarios y revisionistas del franquismo entre los jóvenes y plantea hacerlo en las aulas incorporando en los currículos contenidos que visibilicen a las víctimas de la persecución y políticas represivas de la dictadura, con especial atención a la represión femenina.

En una iniciativa que se debatirá este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso, los socialistas asumen que, mientras la extrema derecha ha desarrollado una eficaz estrategia de blanqueamiento de la dictadura basada en bulos y mensajes falaces, pero impactantes, los demócratas no han ofrecido un discurso pedagógico que conecte con los jóvenes.

En el texto, recogido por Europa Press, el PSOE alude al sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de enero, que revelaba que al 38% de los menores de 24 años no les importaría vivir en un régimen poco democrático si eso le garantiza una supuesta mejor calidad de vida.

Es un porcentaje que supera en diez puntos a la media y que contrasta especialmente con el grupo de quienes tienen entre 55 y 64 años, en el que apenas un 22% sostiene dicha afirmación, y un dato que confirma el descenso sostenido del apoyo a la democracia entre los más jóvenes, pues si en 2017 el apoyo de los menores de 24 años era del 83%; en apenas siete años (2024) ese apoyo descendió hasta el 76%.

En opinión del PSOE, no hacer nada ante esta situación además de una irresponsabilidad sería una forma de complicidad con quienes niegan la verdad histórica y rectivimizan a quienes sufrieron la represión. Por ello aboga por por contrarrestrar estos discursos enseñando en colegios e institutos que la dictadura franquista sometió a la pobreza, violencia, muerte y desolación a la mayoría de la población española.

En este contexto, propone intensificar los programas orientados al conocimiento de los regímenes totalitarios y autoritarios, con especial atención a las consecuencias de vivir bajo la dictadura franquista y de las distintas formas de violencia ejercidas durante el franquismo.

IMPLICAR A DOCENTES Y FAMILIAS

Así, apuesta por la visibilización en las aulas de las víctimas de la represión, con especial atención a la que sufrieron las mujeres, también por el reconocimiento de su labor como protagonistas de una la larga lucha por la democracia.

En paralelo, los socialistas consideran necesario promover programas de formación docente que, incluyendo los conocimientos actuales sobre el preocupante incremento de la valoración positiva del régimen franquista, incidan en una enseñanza basada en el fomento de los valores democráticos y defensa de los derechos humanos.

También piden impulsar acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa, incluyendo equipos directivos de los centros educativos, docentes y familias, y acordar la cooperación técnica con las comunidades autónomas para la elaboración de todas estas actuaciones.

SACAR A LA POLICÍA DE VÍA LAYETANA

En la misma sesión de la Comisión Constitucional, el martes se debatirá una proposición no de ley de Sumar por la que se insta al Gobierno a crear un Espacio de Memoria y Documentación Contra la Tortura y la Represión Franquista abierto al público en la comisaría de la Policía Nacional cita en el número 43 de la Vía Layetana Barcelona.

El grupo minoritario del Gobierno volverá a defender que los agentes que trabajan en este enclave sean reubicados en otro y que la que fuera sede de la Brigada Político Social en la capital catalana se utilice ya sólo como centro memorialista y que allí se exponga toda la documentación relativa a los expedientes policiales, represión política y tortura realizadas en esas dependencia durante la dictadura.

En su texto, recogido por Europa Press, Sumar recuerda que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, el Parlamento catalán, e incluso la Comisión de Interior de este Congreso de los Diputados han reclamado la reubicación de la totalidad de los agentes de policía a otras dependencias.

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha aprobado la concesión de la semilibertad para 56 presos de ETA desde 2003 utilizando para ello el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite el principio de flexibilidad que acaba de ser cuestionado por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional por su aplicación por parte del Gobierno vasco.

El dato figura en una respuesta parlamentaria fechada el 9 de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el PP se interesaba por la aplicación del artículo 100.2 para los miembros de ETA que cumplen condena, solicitando información desde 2003 hasta el 30 de septiembre de 2021, fecha esta última en la que el Ejecutivo central traspasó las competencias penitenciarias al Gobierno vasco.

La aplicación del principio de flexibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, requiere de la adopción de un modelo de ejecución que combine aspectos característicos de distintos grados de clasificación que compete a las Juntas de Tratamiento, señalaba el Gobierno en su respuesta parlamentaria.

EL PP LO RELACIONA CON EL PACTO CON BILDU

Dicha aplicación, además, se realiza a propuesta de los equipos técnicos de los centros penitenciarios, que se fundamenta en un programa específico de tratamiento y que necesita de la ulterior aprobación del juez de vigilancia correspondiente.

En concreto, detallaba que en las fechas indicadas, esto es desde 2003, se han dictado 11.264 resoluciones en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, de las cuales 97 fueron referidas a personas condenadas por delitos de carácter terrorista y, dentro de este grupo, 56 correspondieron a personas vinculadas a ETA.

En su pregunta, el PP se interesaba por este tipo de beneficios penitenciarios a miembros de ETA al entender que parece evidente que está ligado a decisiones políticas y a una estrategia orientada a asegurar el apoyo parlamentario de EH Bildu.

EL JUEZ CUESTIONA EL USO DEL 100.2

Días después de esta respuesta parlamentaria, el 22 de abril, el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, cuestionó el uso que se estaba haciendo del artículo 100.2 y revocó la decisión del Gobierno vasco de conceder la semilibertad a la que fuera jefa de ETA María Dolores Soledad Iparraguirre, alias Anboto, y Juan Ramón Carasatorre.

En línea con las críticas planteadas por asociaciones de víctimas del terrorismo como AVT y Covite, que hablan de amnistía encubierta para los presos de ETA, el juez Castro planteaba la necesidad de revisar el uso del artículo 100.2 que permite a presos de ETA acceder a beneficios penitenciarios propios de los internos clasificados en tercer grado o régimen abierto.

El juez abogaba por revisar dicho artículo 100.2 para que, una vez sea aprobado por el Gobierno vasco de forma unilateral, no se ejecute de manera inmediata sin posibilidad de control judicial previo, trazando el paralelismo con lo que ocurre cuando se concede el tercer grado, ya que en este último caso el simple recurso de la Fiscalía sí paraliza su ejecución.

DECISIONES EN BASE A LA LEGISLACIÓN PENITENCIARIA

En su respuesta parlamentaria, el Ejecutivo subrayaba que este tipo de decisiones se adoptan con base a los estudios realizados por los profesionales sobre las circunstancias personales y penitenciarias que concurran en cada interno y conforme a la legislación penitenciaria, supervisándose en última instancia por el juez de Vigilancia Penitenciaria.

El Gobierno central se remitía al Ejecutivo vasco para que facilitara los datos sobre presos de ETA en cárceles vascas desde septiembre de 2021 –cuando asumió las competencias–, pero detallaba que en el ámbito de las competencias de Instituciones Penitenciarias, desde 2003, se habían aprobado 158.457 resoluciones de resoluciones de tercer grado, lo que incluye resoluciones de clasificación inicial, mantenimientos y progresiones de grado, en todas sus modalidades.

De ellas, 128 correspondieron a personas condenadas por delitos terroristas. En este último grupo, 68 resoluciones fueron relativas a personas vinculadas a ETA.

VALÈNCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 29 años por presuntamente robar con fuerza en naves industriales, en la localidad valenciana de Cheste. El detenido habría sustraído productos de maquillaje por valor de unos 300.000 euros, según ha informado Comandancia en un comunicado.

La investigación empezó a finales de septiembre de 2025, cuando se recibió una denuncia de un almacén en Cheste. Al parecer, se habían sustraído cosméticos de lujo tras forzar la cerradura de la puerta de acceso.

Tras otro hecho similar, una patrulla logró interceptar la furgoneta con la que el autor de los hechos había cometido uno de los ilícitos, pero huyó y evitó ser detenido en ese momento.

Posteriormente, agentes de la Benemérita lograron identificar al conductor y verificaron la identidad del autor. Asimismo, se pudo establecer que esa persona había centrado su actividad delictiva en el robo de este tipo de material en naves industriales.

Se han logrado acreditar, hasta el momento, seis robos cometidos en tres galpones diferentes, bien mediante alunizaje al emplear vehículos sustraídos, mediante butrón al acceder desde los muros exteriores o directamente forzando la cerradura de la puerta.

Finalmente, se logró detener al hombre de 29 años al que se le imputaron seis delitos de robo con fuerza. Actualmente, la investigación sigue abierta por si pudieran vincularse a este autor otros hechos adicionales de la misma naturaleza.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Chiva. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza número 4.

Ahora tendrá cuatro senadores y se queda a dos escaños de poder conformar un grupo parlamentario propio

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) –

Los acuerdos alcanzados esta semana entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, que han repartido dos senadores para Vox, han provocado que la formación de Santiago Abascal haya doblado su representación en el Senado, pasando de dos a cuatro escaños en la Cámara Alta, por los que inyectará una subvención de 48.000 euros al año.

El Senado tiene 208 senadores elegidos por los ciudadanos en las elecciones generales y otros 57 de designación autonómica. De este último tipo, la Asamblea de Extremadura y las Cortes de Aragón nombran cada una a dos de ellos en base al resultado de las pasadas elecciones y como consecuencia de las negociaciones.

En este contexto, PP y Vox han incluido la figura del senador por designación autonómica dentro del acuerdo para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura. Por ello, el dirigente de Vox Ángel Pelayo Gordillo volverá a convertirse en senador por designación autonómica de la Asamblea de Extremadura.

Y algo similar ocurre en Aragón, donde PP y Vox han anunciado también un acuerdo para investir a Jorge Azcón tras las pasadas elecciones. Este pacto permitirá a la formación de Santiago Abascal conseguir otro senador por designación autonómica.

Por ello, Vox pasará de los dos escaños que tiene actualmente a los cuatro senadores que dispondrá cuando se oficialice la llegada de estos parlamentarios al Senado. Esto quiere decir que ahora mismo Vox se quedará a solo dos escaños de tener la posibilidad de conformar un grupo parlamentario propio, ya que actualmente se enmarca en el Grupo Mixto junto con UPN y el alcalde de Algeciras, que se marchó del PP.

¿QUÉ SUBVENCIÓN RECIBEN LOS GRUPOS?

Conseguir un par de senadores tiene varias implicaciones parlamentarias, pero también tiene repercusiones económicas para Vox, ya que incrementará notablemente la subvención que le corresponderá por parlamentario.

Cabe recordar que los senadores de Vox se enmarcan dentro del Grupo Mixto, que lo comparten junto con la parlamentaria de UPN, María del Mar Caballero, y el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce, que se marchó del PP.

En este contexto, el Senado facilita a los Grupos Parlamentarios una subvención cuya cuantía se fija en función del número de sus componentes y un complemento fijo para todos. La parte fija para todos los grupos es de 15.732 euros al mes, mientras que la parte variable asciende a 1.996,50 euros al mes por cada senador.

Esto quiere decir que Vox pasará a percibir un total de 47.196 euros anuales por subvención al ganar dos senadores.

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) –

Los protocolos internos puestos en marcha por el Ministerio del Interior dejan un balance de 13 guardias civiles con expediente disciplinario abierto desde 2019, así como 27 casos estimados en la Policía Nacional desde 2023.

Los datos los ha detallado el Ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria fechada el 10 de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que recuerda que estos protocolos se están revisando en la actualidad, como anunció el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, tras la denuncia de una subordinada contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González.

En lo que respecta a Guardia Civil, Interior precisa que consta denuncias contra siete agentes por delitos de acoso sexual desde 2019, de los que uno terminó en condena y tres en imputación. Todos los agentes se encontraban en situación de activo y cuatro de ellos tenían responsabilidades jerárquicas, añade.

A petición de EH Bildu, el Ministerio del Interior explica que la Inspección Extraordinaria Incidental (IEI) es un recurso previsto en la Instrucción 2/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre organización y funcionamiento de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (IPSS), y que se quiere llevar a cabo a la mayor celeridad posible.

PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

Por este motivo, añade, un equipo de inspección compuesto por miembros del Ministerio del Interior se encuentra actualmente analizando los protocolos internos de actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación e identidad sexual, así como ante la violencia de género.

No obstante, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha puesto en valor los protocolos internos para canalizar denuncias, subrayando que se adoptan las medidas de protección, apoyo e información que resulten necesarias en el ámbito organizativo y asistencial, así como, si la víctima lo solicita, medidas de asesoramiento confidencial y acompañamiento especializado.

El procedimiento de inspección se encuentra en curso y en fase preliminar, lo que impide, conforme a criterios de prudencia y rigor, formular un resultado o conclusiones definitivas hasta su completa finalización, concluye Interior.

Muñoz dice que Junts pide ahora elecciones porque teme que le afecte electoralmente la regularización de migrantes

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) –

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este sábado que cualquier persona razonable que lee podría firmar los pactos que el PP ha suscrito con Vox en Extremadura y Aragón, incluido el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno Bonilla.

Muñoz ha respondido así al ser preguntada sobre si cree que Moreno Bonilla suscribiría esos acuerdos tras las elecciones del próximo 17 de mayo, después de que hace unos días el presidente andaluz asegurara que Vox no tenía equipos preparados para gobernar la comunidad y pidiera el voto a los electores de centroizquierda que no quieren líos con los de Santiago Abascal.

En una entrevista con el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, la dirigente popular ha defendido los acuerdos con Vox que han hecho a María Guardiola presidente de Extremadura y harán a Jorge Azcón presidente de Aragón y ha llamado a leer su contenido porque es perfectamente legal, razonable y responsable.

Sin embargo, ha lamentado que mucha gente los haya criticado, sobre todo por el asunto relativo a la prioridad nacional, sin tan siquiera habérselo leído. Entre ellos, ha citado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien ha acusado de haber mentido a los españoles al asegurar el pasado miércoles en el Pleno del Congreso que el PP había aprobado con Vox que un bebé no tuviera atención sanitaria si tenía una emergencia.

Eso es mentir y meterle miedo a la gente, sostiene, añadiendo que el PP ya tuvo que sufrir estas patrañas en 2023, cuando el PSOE decía que los pactos con Vox meterían a las mujeres en casa para que limpiaran y plancharan.

Muñoz ha recalcado que el PP entiende el principio de prioridad nacional se basa en el necesario arraigo al territorio y que por eso esta semana rechazaron en el Congreso una moción en la que Vox sobrepasaba la ley y la Constitución.

UNA COSA ES LO QUE DICE VOX Y OTRA LO QUE FIRMA EL PP

En concreto, la moción defendía dar prioridad a los españoles a la hora de acceder a los servicios y ayudas públicas, un texto al que el PP presentó, sin éxito, una enmienda que recogía literal el acuerdo firmado en Extremadura.

Muñoz entiende que los de Santiago Abascal pretendían demostrar que su posición política va mucho más allá del acuerdo con el PP, pero ha recalcado que una cosa es lo que dice Vox y otra es lo que firma el PP. Y no vamos a excedernos de lo que significa el arraigo y que está firmado en el acuerdo, ha apostillado.

Preguntada sobre si cree que estos pactos suponen un balón de oxígeno para Vox, Muñoz ha dicho que lo único que sabe es que los extremeños pidieron un Gobierno de derechas presidido por María Guardiola, con el apoyo de Vox, eso es lo que les hemos dado, lo mismo que en Aragón con Jorge Azcón.

A la portavoz de los populares en el Congreso también se le ha planteado si su partido se está equivocando oponiéndose a la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno, en contra de lo que promulgan la patronal y hasta el propio Papa León XIV.

A este respecto, Muñoz ha subrayado que este proceso está generando caos, como el propio Antonio Garamendi ha admitido y como el propio Gobierno, a juicio de la diputada por León, pretendía generar.

Y, sobre León XIV, la dirigente del PP ha destacado que, en su viaje a África, está haciendo un discurso contrario al efecto llamada que está provocando el Gobierno al decirle a los jóvenes que no emigren y que hagan grandes sus países. Yo creo que al Papa hay que escucharle siempre, no a beneficio de inventario, y no tergiversar sus palabras, ha aseverado.

EL GOBIERNO FAVORECE INDIRECTAMENTE A LAS MAFIAS

Muñoz ha remarcado que comparte con el jefe de la Iglesia Católica –que se preocupa por las almas de todos– que hay que cuidar a los inmigrantes como seres humanos. Ahora bien, la regularización administrativa de cómo se entra en un país es una cuestión de los gobiernos civiles, ha remachado.

Y lo que el PP defiende es que una política de migración legal, ordenada, pensada, meditada y pactada con todas las administraciones es beneficioso no sólo para los españoles, sino, por supuesto y en primer lugar, para los inmigrantes porque no favorece a las mafias, que es lo que este Gobierno está haciendo indirectamente.

Preguntada sobre si cree que la petición de elecciones de Junts responde a que tampoco le ha gustado nada la regularización extraordinaria de inmigrantes, Muñoz ha señalado que es evidente que esta medida afecta a Cataluña y, por ende, a los de Carles Puigdemont le puede afectar electoralmente. Junts muestra necesidad de elecciones, pero hasta el momento no ha ido más allá, ha constatado.

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) –

Los Delinqüentes han inundado Madrid de sentimiento garrapatero y han celebrado el 25 aniversario de su álbum debut, El sentimiento garrapatero que nos traen las flores, ante un Movistar Arena eufórico que no ha dejado de corear las canciones más emblemáticas de la banda durante las casi tres horas de concierto.

Pocos minutos después de las 20.00, la banda de Jerez de la Frontera ha aparecido en el escenario entonando Esos bichos que nacen de los claveles. Al frente, Marcos del Ojo, El Canijo de Jerez, como solista, acompañado por Diego Pozo, El Ratón, y una banda de siete músicos. En las pantallas, imágenes del tercer delinqüente, Miguel Ángel Benítez, Er Migue, fallecido a los 21 años en 2004 y compositor destacado del grupo cuya voz ha sonado en sincronía con las de El Canijo y El Ratón.

¿No sentís el corazón blandito? Nuestro compadre Migue esta está noche aquí con nosotros y eso vale millones, familia, ha expresado El Canijo poco después del inicio del concierto.

La banda jerezana, que había colgado el cartel de sold out desde hace meses para el concierto de este viernes y que llevaba 15 años sin reunirse, ha centrado primera mitad del concierto al homenaje a El sentimiento garrapatero que nos traen las flores y ha interpretado ante el público del Movistar Arena las 15 canciones del disco en el orden del propio álbum. Entre ellas, temas como Duende garrapatero, La calle de los morenos, A la luz del Lorenzo, que el público ha acompañado con gritos de viva Jerez, o las reconocidas El aire de la calle y Nube de pegatina.

Al escenario se ha incorporado el sevillano Alberto Romero Albertucho, que ha interpretado Tabanquero como parte de La banda del Ratón -el nombre que los propios integrantes del grupo le dan a su conjunto musical-. También les ha acompañado en Mis condiciones pajareras, donde El Canijo ha entonado el Palestina Libre.

Nosotros siempre decimos que hay que hacer el amor y no la guerra y por supuesto, Palestina libre. Dictadores e invasores hijos de puta, no queremos nada con la gente mala. Cortadle el peluquín, ha expresado el vocalista durante el concierto.

También ha aparecido el jerezano Tomasito como artista invitado, que ha cantado y bailado en Tartarichi al compás de la bulería de Jerez.

La banda ha aprovechado el concierto de su gira de reunión para homenajear a Robe Iniesta, que falleció el pasado mes de diciembre. Han interpretado La vereda de la puerta de atrás de Extremoduro con un toque más flamenco acompañándola de tres guitarras españolas y cajón, a lo que el público ha coreado Robe.

Acompañados por las palmas del público al ritmo del sonido flamenco-rock característico de la banda, Los Delinqüentes han interpretado algunas canciones de El verde rebelde vuelve, su primer disco sin Er Migue, como La primavera trompetera, que ha llenado el recinto madrileño de bailes y manos alzadas.

Otros 25 más, ha dicho El Canijo antes de interpretar una de las últimas canciones del show, Pirata del Estrecho, en la que han sorprendido en el escenario ondeando una bandera pirata el cantante Muchachito Bombo Infierno y El Langui.

Fuerzan a otros presidentes populares a que se pronuncien sobre este concepto recogido en pactos de Aragón y Extremadura

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) –

Vox ha elevado la presión a los gobiernos autonómicos del PP presentando iniciativas en los parlamentos regionales en las que defienden el concepto de prioridad nacional para garantizar que los españoles accedan primero a la prestación de servicios públicos y ayudas sociales, siguiendo la estela de lo acordado entre ambos partidos en Aragón y Extremadura.

Fue en el pacto para investir a la popular María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura donde se recogió, en el documento firmado por PP y Vox, que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. La misma terminología se usó en el acuerdo entre ambas formaciones para investir a Jorge Azcón en Aragón.

Esta semana, además, el Pleno del Congreso ha rechazado, con los votos del PP, la iniciativa de Vox en la que instaba a aplicar el criterio de prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas y a derogar la regularización extraordinaria de migrantes. Los populares, en cambio, emplazaron a los de Abascal a aclarar por qué rechazaron su enmienda con la literalidad del acuerdo de Extremadura y de Aragón sobre la prioridad nacional.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que el principio de prioridad nacional que han pactado se basa en el arraigo y sólo cabe aplicarla dentro de la ley. Para el líder de Vox, Santiago Abascal, la aplicación de este concepto es necesaria alegando que los españoles sufren discriminación frente a los inmigrantes a la hora de acceder a viviendas de protección oficial o ayudas sociales. Eso es lo ilegal, ha respondido ante las dudas sugeridas por el andaluz Juanma Moreno o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Abascal ha manifestado hoy que está muy tranquilo ante la posibilidad de que el Gobierno recurra en el Tribunal Constitucional (TC) cualquier ley que permita la aplicación de la prioridad nacional: Nosotros no vamos a cometer ninguna ilegalidad, vamos a tomar las medidas necesarias para que el principio de prioridad nacional avance, ha dicho.

ANTEPONER EL ARRAIGO Y LA LEGALIDAD

Uno de los primeros barones en pronunciarse sobre la iniciativa en defensa de la prioridad nacional ha sido el popular Juanfran Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana. El síndic de Vox en Les Corts valencianas, José Mª Llanos, ha justificado la proposición no de ley (PNL) presentada por su grupo en la cámara autonómica para instar al Consell a solicitar al Gobierno por la inseguridad en las calles y el gran colapso en la sanidad y los servicios sociales provocado, según ha sostenido, por la inmigración irregular masiva.

Pérez Llorca ha afirmado que se trata de un debate estéril porque, según él, siempre se ha dado prioridad al que está empadronado y eso no supone ser racista. Además, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha dicho que su grupo analiza la iniciativa de Vox para después poder llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios, pero que el tema del arraigo siempre ha estado ahí.

En la Asamblea de Murcia, Vox también ha registrado una iniciativa para instar al Gobierno de López Miras a defender la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles. En este contexto, el presidente murciano ha respondido que su ejecutivo va a anteponer la prioridad legal y constitucional ante la moción presentada por Vox como condición para aprobar la Ley de Vivienda Asequible.

En el Parlamento de Baleares Vox ha registrado una proposición no de ley (PNL) para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice la prioridad nacional. Lo que se puede hacer en Extremadura se puede conseguir en Baleares y en el resto de España, ha dicho la portavoz de esta formación, Manuela Cañadas, quien cree que los españoles tengan preferencia en el acceso a los servicios públicos.

Esta moción ya ha tenido respuesta del portavoz del Govern balear, Antoni Costa, que ha dicho que el Ejecutivo de Marga Prohens no contribuirá al debate generado. El concepto que maneja Baleares es exigir tres años de residencia legal para acceder a la Renta Social Garantizada (Resoga) y a la renta de emancipación, ya pactado con Vox. Sobre la iniciativa de Vox en el Parlament, si va en los términos que entiende el Govern, la apoyarán.

El presidente de la Junta de CyL, Alfonso Fernández Mañueco, pendiente de negociar con Vox, ha emplazado a hablar del pacto cuando se concrete, sin hablar de este concepto. Y en Cantabria, Vox llevó al Pleno una PNL contra la regularización de migrantes que incluía la prioridad nacional, que fue rechazada.

MORENO Y AYUSO

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, defendió como razonable una prioridad nacional vinculada al arraigo al territorio y acusó Vox de levantar polvareda buscando una confrontación que favorezca su proyección electoral. Ha sido el propio Abascal quien, en un acto de precampaña por el 17M en Ayamonte (Huelva), le ha avisado de que pondrán la prioridad nacional como condición para un pacto con el PP andaluz.

Este concepto también ha generado choque en la Comunidad de Madrid. La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha afeado a Ayuso sus dudas por la prioridad nacional pactada en Aragón y Extremadura, avisando de que lo pedirán tras las elecciones de 2027. Ayuso defendió que su Gobierno aplica la racionalidad en sus ayudas, afirmando a su vez que nadie deja atrás a ningún español y tampoco negará cobertura sanitaria absolutamente a nadie.

El portavoz de Vox en el Parlamento de La Rioja, Ángel Alda, también ha presentado una proposición no de ley que pedía establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario. Desde el PP, el diputado Víctor Visairas, ha replicado que el Gobierno de Gonzalo Capellán no va a poner barreras a la atención sanitaria.

Respecto a Ceuta y Melilla, ambas gobernadas por el PP, Vox también ha defendido su histórica defensa de la prioridad nacional desde los planes de empleo a ayudas sociales.

PRESIÓN EN COMUNIDADES DEL PSOE

Vox también ha llevado el debate de la prioridad nacional a CCAA gobernadas por el PSOE. En Navarra, el portavoz de Vox en el Parlamento, Emilio Jiménez, registró una moción para su debate en la que insta a priorizar las prestaciones sociales a los españoles.

En Castilla-La Mancha, Vox ha exigido tanto al presidente socialista, Emiliano García-Page, como al líder popular manchego, Paco Núñez, su aplicación. El líder regional socialista ha asegurado que los de Abascal buscan que en España se odie al diferente, algo que hoy hace con los inmigrantes y mañana hará con los de una tierra o de la contraria.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado el pacto de PP-Vox en Extremadura y Aragón sobre la prioridad nacional y ha advertido de que esto puede crear ciudadanos de primera y de segunda. También se ha pronunciado el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón: ¿Cómo nos sentiríamos si hubieran aplicado prioridad nacional a nuestra emigración?.

RECHAZO EN CANARIAS Y PAÍS VASCO

El Parlamento Vasco rechazó una iniciativa de Vox que defendía la aplicación del criterio de prioridad nacional para el acceso a servicios públicos. Recibió 65 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar), y solo fue apoyada por la única representante del grupo proponente en la Cámara. El PP se abstuvo.

En Canarias, Vox también ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento, mientras el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya renegó del concepto de prioridad nacional.

La titular de Servicios Sociales reitera que la Generalitat asume el 80% del coste del sistema mientras el Estado solo el 20%

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) –

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha enviado una nueva comunicación, la quinta hasta la fecha, dirigida al Gobierno de España para exigir una solución definitiva a la infrafinanciación del sistema de atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana.

Según ha lamentado la Generalitat en un comunicado, a pesar de los reiterados requerimientos enviados tanto al Ministerio de Hacienda como al de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Ejecutivo central no ha convocado la reunión de trabajo solicitada ni ha ofrecido una respuesta efectiva a la situación.

La Comunitat Valenciana ha realizado un esfuerzo sin precedentes, alcanzando en 2025 una inversión histórica de 1.474 millones de euros, lo que ha permitido superar las 190.000 personas beneficiarias. Sin embargo, este avance se sostiene fundamentalmente con recursos autonómicos, ha recordado Albalat.

La Generalitat asume cerca del 80 por ciento del coste total, mientras que la aportación estatal se sitúa en torno al 20%, una cifra muy alejada del 50% que establece la ley, ha señalado la consellera, quien ha reiterado que esta descompensación ha provocado una deuda acumulada por parte del Gobierno de España cercana a los 4.000 millones de euros.

Para la consellera, resulta incomprensible la falta de respuesta del Estado porque la dependencia es un derecho subjetivo reconocido por ley y su financiación no puede quedar condicionada a la disponibilidad presupuestaria ni a decisiones coyunturales.

Por ello, ha insistido en la necesidad de garantizar la igualdad de trato entre territorios porque la Comunitat Valenciana soporta un esfuerzo desproporcionado.

La consellera además ha incidido en la necesidad de un calendario vinculante para alcanzar el 50% y un mecanismo de compensación por la deuda acumulada y ha remarcado que seguirá instando al Gobierno central, mes a mes, a convocar una reunión porque es su obligación defender los derechos de los dependientes valencianos y sus familias.