Fuerzan a otros presidentes populares a que se pronuncien sobre este concepto recogido en pactos de Aragón y Extremadura
MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) –
Vox ha elevado la presión a los gobiernos autonómicos del PP presentando iniciativas en los parlamentos regionales en las que defienden el concepto de prioridad nacional para garantizar que los españoles accedan primero a la prestación de servicios públicos y ayudas sociales, siguiendo la estela de lo acordado entre ambos partidos en Aragón y Extremadura.
Fue en el pacto para investir a la popular María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura donde se recogió, en el documento firmado por PP y Vox, que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. La misma terminología se usó en el acuerdo entre ambas formaciones para investir a Jorge Azcón en Aragón.
Esta semana, además, el Pleno del Congreso ha rechazado, con los votos del PP, la iniciativa de Vox en la que instaba a aplicar el criterio de prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas y a derogar la regularización extraordinaria de migrantes. Los populares, en cambio, emplazaron a los de Abascal a aclarar por qué rechazaron su enmienda con la literalidad del acuerdo de Extremadura y de Aragón sobre la prioridad nacional.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que el principio de prioridad nacional que han pactado se basa en el arraigo y sólo cabe aplicarla dentro de la ley. Para el líder de Vox, Santiago Abascal, la aplicación de este concepto es necesaria alegando que los españoles sufren discriminación frente a los inmigrantes a la hora de acceder a viviendas de protección oficial o ayudas sociales. Eso es lo ilegal, ha respondido ante las dudas sugeridas por el andaluz Juanma Moreno o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Abascal ha manifestado hoy que está muy tranquilo ante la posibilidad de que el Gobierno recurra en el Tribunal Constitucional (TC) cualquier ley que permita la aplicación de la prioridad nacional: Nosotros no vamos a cometer ninguna ilegalidad, vamos a tomar las medidas necesarias para que el principio de prioridad nacional avance, ha dicho.
ANTEPONER EL ARRAIGO Y LA LEGALIDAD
Uno de los primeros barones en pronunciarse sobre la iniciativa en defensa de la prioridad nacional ha sido el popular Juanfran Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana. El síndic de Vox en Les Corts valencianas, José Mª Llanos, ha justificado la proposición no de ley (PNL) presentada por su grupo en la cámara autonómica para instar al Consell a solicitar al Gobierno por la inseguridad en las calles y el gran colapso en la sanidad y los servicios sociales provocado, según ha sostenido, por la inmigración irregular masiva.
Pérez Llorca ha afirmado que se trata de un debate estéril porque, según él, siempre se ha dado prioridad al que está empadronado y eso no supone ser racista. Además, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha dicho que su grupo analiza la iniciativa de Vox para después poder llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios, pero que el tema del arraigo siempre ha estado ahí.
En la Asamblea de Murcia, Vox también ha registrado una iniciativa para instar al Gobierno de López Miras a defender la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles. En este contexto, el presidente murciano ha respondido que su ejecutivo va a anteponer la prioridad legal y constitucional ante la moción presentada por Vox como condición para aprobar la Ley de Vivienda Asequible.
En el Parlamento de Baleares Vox ha registrado una proposición no de ley (PNL) para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice la prioridad nacional. Lo que se puede hacer en Extremadura se puede conseguir en Baleares y en el resto de España, ha dicho la portavoz de esta formación, Manuela Cañadas, quien cree que los españoles tengan preferencia en el acceso a los servicios públicos.
Esta moción ya ha tenido respuesta del portavoz del Govern balear, Antoni Costa, que ha dicho que el Ejecutivo de Marga Prohens no contribuirá al debate generado. El concepto que maneja Baleares es exigir tres años de residencia legal para acceder a la Renta Social Garantizada (Resoga) y a la renta de emancipación, ya pactado con Vox. Sobre la iniciativa de Vox en el Parlament, si va en los términos que entiende el Govern, la apoyarán.
El presidente de la Junta de CyL, Alfonso Fernández Mañueco, pendiente de negociar con Vox, ha emplazado a hablar del pacto cuando se concrete, sin hablar de este concepto. Y en Cantabria, Vox llevó al Pleno una PNL contra la regularización de migrantes que incluía la prioridad nacional, que fue rechazada.
MORENO Y AYUSO
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, defendió como razonable una prioridad nacional vinculada al arraigo al territorio y acusó Vox de levantar polvareda buscando una confrontación que favorezca su proyección electoral. Ha sido el propio Abascal quien, en un acto de precampaña por el 17M en Ayamonte (Huelva), le ha avisado de que pondrán la prioridad nacional como condición para un pacto con el PP andaluz.
Este concepto también ha generado choque en la Comunidad de Madrid. La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha afeado a Ayuso sus dudas por la prioridad nacional pactada en Aragón y Extremadura, avisando de que lo pedirán tras las elecciones de 2027. Ayuso defendió que su Gobierno aplica la racionalidad en sus ayudas, afirmando a su vez que nadie deja atrás a ningún español y tampoco negará cobertura sanitaria absolutamente a nadie.
El portavoz de Vox en el Parlamento de La Rioja, Ángel Alda, también ha presentado una proposición no de ley que pedía establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario. Desde el PP, el diputado Víctor Visairas, ha replicado que el Gobierno de Gonzalo Capellán no va a poner barreras a la atención sanitaria.
Respecto a Ceuta y Melilla, ambas gobernadas por el PP, Vox también ha defendido su histórica defensa de la prioridad nacional desde los planes de empleo a ayudas sociales.
PRESIÓN EN COMUNIDADES DEL PSOE
Vox también ha llevado el debate de la prioridad nacional a CCAA gobernadas por el PSOE. En Navarra, el portavoz de Vox en el Parlamento, Emilio Jiménez, registró una moción para su debate en la que insta a priorizar las prestaciones sociales a los españoles.
En Castilla-La Mancha, Vox ha exigido tanto al presidente socialista, Emiliano García-Page, como al líder popular manchego, Paco Núñez, su aplicación. El líder regional socialista ha asegurado que los de Abascal buscan que en España se odie al diferente, algo que hoy hace con los inmigrantes y mañana hará con los de una tierra o de la contraria.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado el pacto de PP-Vox en Extremadura y Aragón sobre la prioridad nacional y ha advertido de que esto puede crear ciudadanos de primera y de segunda. También se ha pronunciado el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón: ¿Cómo nos sentiríamos si hubieran aplicado prioridad nacional a nuestra emigración?.
RECHAZO EN CANARIAS Y PAÍS VASCO
El Parlamento Vasco rechazó una iniciativa de Vox que defendía la aplicación del criterio de prioridad nacional para el acceso a servicios públicos. Recibió 65 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar), y solo fue apoyada por la única representante del grupo proponente en la Cámara. El PP se abstuvo.
En Canarias, Vox también ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento, mientras el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya renegó del concepto de prioridad nacional.