Advierte contra campañas no tan veladas e injerencias que amenazan el Estado de Derecho y muestra su especial apoyo a jueces afectados
ÁVILA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) –
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha advertido hoy de que los votos no legitiman cualquier actuación, en referencia a las críticas y acusaciones de prevaricación lanzadas por el Gobierno contra algunos jueces. En su opinión, estas campañas veladas y no tan veladas de desprestigio contra la judicatura amenazan el Estado de Derecho y ha mostrado su especial apoyo a los jueces afectados por las presiones que no son propias de una sociedad democrática avanzada ni de un Estado de derecho.
Estamos ante una situación muy compleja, pero hay algo que no cambia. No solo no cambia, sino que tiene que permanecer inmutable como eje vertebrador del sentido de la función judicial. Los jueces ejercen su función con plena autonomía de criterio. Por ello, deben ser protegidos los jueces de presiones de injerencias externas o de veladas o no tan veladas campañas de desprestigio, ha argumentado en la clausura de unas jornadas organizadas por la Audiencia Provincial de Ávila.
Durante su intervención, Peramato ha advertido de que no se pueden contraponer votos a control judicial y Estado de Derecho, porque según ha argumentado, la democracia no consiste solamente en votar, ni los votos recibidos legitiman cualquier actuación de los representantes elegidos por los ciudadanos, que también están sometidos a la ley y al Derecho.
Así, la presidenta del Alto Tribunal ha recordado que la independencia judicial es un rasgo esencial de su estatuto jurídico y que ha tachado de lamentable el tener que recordarlo constantemente. Todo intento de injerencia en la independencia judicial proceda de donde proceda, supone una amenaza para el Estado de Derecho y supone poner en entredicho los fundamentos jurídicos y políticos de nuestra sociedad democrática, ha abundado.
De ahí que haya apelado a respetar esa independencia algo que ve como una responsabilidad primordial que incumbe a todos, en especial al Consejo General del Poder Judicial, pero también al resto de los poderes públicos.
SALTO CUALITATIVO: CUESTIONAR LA HONESTIDAD DEL JUEZ
Algo que, en su criterio, no confronta con la diversidad de opiniones, la discrepancia o a la crítica, que cuando es constructiva y respetuosa ayuda a mejorar. Todas las resoluciones judiciales, todas, pueden y deben ser objeto de debate, de crítica, pero hay un salto cualitativo cuando esta crítica va dirigida a cuestionar la honestidad profesional del juez. Esto es lo que no resulta admisible, ha añadido.
Al hilo de estas palabras ha recordado mecanismos para que las resoluciones judiciales tenga garantías de imparcialidad. Pero en la actualidad se producen graves críticas y graves descalificaciones a las instituciones garantes del Estado de Derecho, cuya legitimidad se pone en tela de juicio. Los jueces se convierten en objeto de ataques, de críticas en su legitimidad, en su independencia, incluso en su integridad profesional. Esto viene a debilitar la autoridad de las instituciones y de los principios que representan y que están presentes en una sociedad democrática, ha lamentado.
Perelló ha recordado que son los jueces independientes e imparciales quienes protegen y tutelan los derechos fundamentales de los ciudadanos, los derechos constitucionales y los reconocidos también en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Es al Poder Judicial a quien corresponde y a los jueces quienes hacen que el Estado de Derecho sea una realidad, que el ejercicio del poder democrático esté también sujeto a la ley y al derecho y que la sociedad democrática avance y se consolide, ha apostillado.
CUANDO SE ATACA A UN JUEZ POR SU TRABAJO SE ATACA AL ESTADO DE DERECHO
En este punto, ha citado al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mattias Guyomar, quien advirtió de que los ataques personales a los jueces son ataques al Estado de Derecho y cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio.
En estas condiciones quiero reiterar mi absoluto respaldo a los grandes profesionales con los que contamos en la carrera judicial. Y en especial mi apoyo también a todos los jueces que se ven afectados por actuaciones y presiones que no son propias de una sociedad democrática avanzada ni de un Estado de derecho y que no respetan el principio básico de lealtad institucional, que es un deber implícito en la Constitución, ha enfatizado.
Por eso, ha exigido que frente a esta situación se debe reforzar y profundizar los principios que sustentan su trabajo para continuar con su función de garantes de los valores de la Constitución española, con independencia, con neutralidad, con imparcialidad.
Y quiero añadir una reflexión que es que no se puede contraponer los votos al control judicial y al Estado de Derecho. La democracia no consiste solamente en votar, hay que respetar las normas fundamentales de una democracia. La democracia no consiste, como digo, simplemente en votar. Ni los votos recibidos legitiman cualquier actuación de los representantes elegidos por los ciudadanos, pues esta también está sometida a la ley y al derecho, ha finalizado.
