MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) –
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha expresado su absoluto rechazo y considera inaceptable cualquier manifestación o insinuación que pueda poner en duda la profesionalidad, la integridad, la lealtad institucional o el sometimiento a la legalidad de los policías nacionales que prestan servicio en las unidades de protección de autoridades.
Así se han manifestado en un comunicado, en respuesta al auto del juez Juan Carlos Peinado en el que dicta abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, acusada de presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. También le retira el pasaporte y le impide abandonar el territorio español.
El magistrado alega en el auto que los policías nacionales que escoltan a Gómez en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar una fuga que hagan imposible que la acusado se encuentre a disposición de la Justicia.
RIGUROSOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS AGENTES
Ante ello, el sindicato policial ha defendido que los integrantes de estas unidades de protección a autoridades acceden a ellas tras superar rigurosos procesos de selección y formación y desempeñan una labor de máxima responsabilidad bajo estrictos protocolos de actuación.
Según el SUP, estos agentes están sometidos en todo momento a la Constitución, al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, neutralidad política, objetividad e imparcialidad que rigen la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
Por ello, considera especialmente preocupante que puedan formularse hipótesis que sugieran la posibilidad de que agentes de la Policía Nacional colaboren en actuaciones contrarias a la acción de la Justicia, ya sea por iniciativa propia o siguiendo supuestas órdenes jerárquicas.
Los policías nacionales no actúan al margen de la ley ni están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales, ha subrayado el sindicato, que ha recordado que el ordenamiento jurídico es claro al respecto y exige a todo funcionario público actuar siempre dentro de la legalidad.
El sindicato ha señalado que las FCSE constituyen una de las principales garantías del Estado de Derecho y que su función es asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y servir con absoluta neutralidad a los intereses generales.
Finalmente, el SUP ha defendido que el prestigio de la Policía Nacional se sustenta en la confianza que la sociedad deposita en sus profesionales y ha advertido de que esa confianza no puede verse erosionada por afirmaciones genéricas que, sin individualizar conductas concretas ni apoyarse en indicios determinados, proyecten sobre miles de agentes una sombra de sospecha incompatible con la realidad del servicio que prestan diariamente.
