El TS pide quitar la inmunidad a Félix Alonso para investigarle por un presunto delito de prevaricación administrativa cuando era alcalde
MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) –
La Mesa del Congreso ha recibido el suplicatorio del diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné, a quien el Tribunal Supremo quiere investigar por un presunto delito de prevaricación administrativa, y lo ha enviado a la Comisión del Estatuto del Diputado, donde comenzará a tramitarse a partir del 1 de septiembre, con el inicio del nuevo periodo de sesiones.
Félix Alonso ya acudió a declarar voluntariamente el pasado 15 de junio ante el Supremo, donde defendió la legitimidad de las contrataciones y descartó haber cometido irregularidades. Un mes después, el pasado 14 de julio, el Supremo elevó el suplicatorio al Congreso para que suspenda su inmunidad y poder seguir investigándole por presunta prevaricación en la adjudicación de contratos públicos mientras era alcalde de Altafulla (Tarragona).
En concreto, el magistrado detalla que existen indicios de que durante el periodo en el que el diputado ejerció como primer edil de esta localidad y con su participación, se llevaron a cabo adjudicaciones públicas por medio de contratos menores. Sobre esto, explica que se recurrió a la figura del contrato menor para realizar contratos sin sujetarse a la legislación específica en la materia de contratación pública.
La Mesa que preside la socialista Francina Armengol ha dado trámite esta semana al suplicatorio remitiéndolo a la Comisión del Estatuto del Diputado. Pero, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, dado que julio y agosto son meses inhábiles en la Cámara, este órgano no prevé empezar a analizar el escrito del Supremo hasta el mes de septiembre, el primero del periodo ordinario de sesiones.
30 DÍAS PARA TRAMITARLO A PUERTA CERRADA
Esta comisión, que preside el popular Manuel Cobo y de la que forma parte un miembro de cada grupo parlamentario, celebra sus reuniones a puerta cerrada. A partir del 1 septiembre, dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para presentar una propuesta. En ese plazo deberá dar audiencia a Félix Alonso, que podrá pronunciarse en persona o por escrito en las fechas que fije la propia comisión.
Una vez concluya su tarea, la comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.
El debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.
En el plazo de ocho días contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.
Por el contrario, el suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el periodo de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.
EL SEGUNDO DE LA LEGISLATURA
El de Alonso Cantoné es el segundo suplicatorio que se tramita en esta legislatura. El último que salió adelante data de enero de 2025 y afectó al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, al que el Tribunal Supremo quería investigar por las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Finalmente, el Alto Tribunal acabó condenándole a 24 años de prisión por su implicación en el conocido como caso mascarillas.
Hasta ahora el Congreso ha aprobado 34 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
En la pasada legislatura, el Congreso dio vía libre al Supremo para investigar al fuera diputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación, por contratos que realizó como alcalde de Trujillo (Cáceres); a la expresidenta de Junts Laura Borrás, que acabó condenada por haber fraccionado contratos en favor de un amigo en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC); y a Alberto Rodríguez, que era diputado de Podemos.
El Supremo le condenó por haber propinado una patada a un policía en una manifestación antes de ser diputado. Le impuso una multa y le inhabilitó para concurrir a las elecciones, lo que le costó el escaño. Después el Tribunal Constitucional anuló la condena, pero ya no pudo recuperar su acta.
En legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo al volante y la anterior fue la que dio vía libre a investigar al también popular Jesús Merino por el caso Gürtel. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el caso GAL o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
