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(Actualiza la GC4069 añadiendo, en el cuarto párrafo, una referencia al presupuesto municipal de subvenciones destinado a vivienda en 2025)Las Palmas de Gran Canaria, 7 may (EFE).

– El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destinará 45,7 millones de euros a políticas de vivienda entre 2026 y 2028, dentro de su nuevo plan estratégico de subvenciones, el primero de carácter trianual aprobado por el Consistorio, que movilizará en total 122,8 millones.

El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, y la coordinadora general de Hacienda, Patrimonio y Contratación, Dunnia Rodríguez, han presentado este jueves el plan, que sitúa el acceso a la vivienda como la principal prioridad social municipal, con ayudas centradas en la construcción, rehabilitación y apoyo al alquiler para personas en situación de vulnerabilidad.

Según ha detallado Rodríguez, la inversión en vivienda será de 8 millones de euros en 2026 (23 % del total del presupuesto), 21,4 millones en 2027 (45 %) y 16 millones en 2028 (41 %), lo que supone «un impacto económico importante, porque todas estas ayudas van a dinamizar la construcción y rehabilitación, creando un tejido económico en los barrios donde se vayan a realizar este tipo de actuaciones».

El presupuesto municipal de subvenciones de 2025 destinó a vivienda 9,7 millones, repartidos en ayudas económicas al alquiler de vivienda, la construcción de 115 viviendas de alquiler asequible en Concejal García Feo, y de 152 viviendas en Las Rehoyas, así como la rehabilitación de 446 viviendas en el Polígono de Jinámar y de 168 viviendas en La Isleta, según el documento consultado por EFE.

El plan 2026-2028 contempla, entre otras actuaciones, la continuidad de la construcción de las 152 viviendas en Doctor Alfonso Chiscano y las 115 viviendas en Concejal García Feo, además de los dos proyectos de rehabilitación, que terminarán de ejecutarse en el primer año del periodo, en el Polígono de Jinámar y el Grupo Fermín Sanz-Orrio, en La Isleta.

Del total de 122,8 millones de euros, 35,7 millones se destinarán en 2026 a 72 actuaciones, 47,7 millones en 2027 a 70 actuaciones y 39,4 millones en 2028 a 70 actuaciones.

La coordinadora general de Hacienda, Patrimonio y Contratación ha explicado que el nuevo marco trianual permite mejorar la eficiencia del gasto, minimizar la incertidumbre presupuestaria y evaluar el impacto real de las subvenciones, al tratarse mayoritariamente de fondos propios municipales, lo que aporta mayor flexibilidad financiera.

Tras la vivienda, el plan destina 39,4 millones de euros a bienestar social, con ayudas sociales y de emergencia, apoyo a personas en riesgo de exclusión, personas mayores y personas con discapacidad, gestionadas tanto de forma directa como a través de entidades del tercer sector.

Otras áreas prioritarias son la reducción del coste del agua, con 18,3 millones de euros para abaratar la depuración del agua y apoyar a usuarios y a empresas, y la cultura, «herramienta de cohesión e identidad» con un «impacto económico y social muy importante», que contará con 10 millones (3,3 millones cada año).

Además, la movilidad sostenible contará con 5,7 millones de euros, destinados a transporte público, bonos juveniles, taxi adaptado y fomento del uso de la bicicleta, con el objetivo de tener un impacto ambiental y social.

El plan se estructura en doce líneas estratégicas y prevé que más del 77 % de las subvenciones se concedan en régimen de concurrencia competitiva, porcentaje que superará el 82 % en 2027 y el 78 % en 2028, mientras que las ayudas directas se concentrarán en el ámbito social y cultural.

Hernández Spínola ha subrayado que el documento «no es improvisado», sino que se inserta en el programa de gobierno municipal 2023-2027.

«La concepción no responde a un criterio de discrecionalidad, sino a un procedimiento ordenado, público y evaluable, orientado a asegurar que los fondos municipales se dedican a proyectos útiles para la sociedad», ha indicado.

Preguntado por los periodistas por cómo afectaría a la ejecución del plan un cambio del gobierno municipal tras las elecciones de 2027, el concejal ha defendido la planificación a medio y largo plazo «con independencia de los procesos electorales».

«El plan responde a uno de los principios rectores del gobierno municipal: gobernar el presente con visión de futuro, que significa actuar con rigor, responsabilidad y con una ambición transformadora», ha manifestado, para que cada proyecto mejore la ciudad.

Las convocatorias de ayudas serán públicas y abiertas, con requisitos objetivos que se concretarán en cada procedimiento, han indicado los responsables municipales.

EFEmrgz/jmr

Santa Cruz de Tenerife, 7 abr (EFE).

– El Cabildo de Tenerife se ha marcado como objetivo reducir de manera progresiva hasta en un 50 por ciento la presión sobre el Parque Nacional del Teide mediante un nuevo modelo de movilidad basado en guaguas lanzaderas, control de accesos y limitaciones al uso del vehículo privado por parte de no residentes.

El Cabildo de Tenerife ha informado este jueves en un comunicado de que ha asumido las competencias plenas de gestión del parque nacional, transferidas por el Gobierno de Canarias, con el propósito de reforzar la conservación del espacio natural y ordenar el uso público.

La presidenta Rosa Dávila, ha afirmado que «quienes visiten El Teide tendrán que pagar una nueva ecotasa de acceso, aparcamiento y realización de actividades, mientras que los tinerfeños y residentes en la isla tendrán prioridad y gratuidad para todos los servicios».

La corporación insular tiene prevista la modificación de la calificación de la carretera TF-21, entre El Portillo y Boca Tauce, que deja de tener carácter de vía insular para pasar a ser gestionada como infraestructura propia del espacio natural.

Este cambio permitirá al Cabildo actuar directamente en conservación, explotación, defensa del uso público y régimen sancionador, así como retirar vehículos mal estacionados mediante grúa, según destaca la corporación insular.

Además, a finales de 2026 se prevé implantar un sistema de control de accesos en las principales entradas al parque por La Esperanza, La Orotava y Vilaflor-Chío.

También se establecerá un cupo de 500 plazas de aparcamiento con reserva previa, con prioridad y gratuidad para residentes en Tenerife, mientras que los visitantes deberán abonar una tarifa.

Nuevo sistema de transporte públicoEl Cabildo prevé poner en marcha a partir de 2027 una red de transporte público con 28 guaguas lanzaderas desde cuatro puntos de la isla: Puerto de la Cruz, La Laguna, Costa Adeje y Puerto Santiago.

Según la institución, el servicio tendrá una frecuencia aproximada de 20 minutos y capacidad para transportar hasta un millón de personas al año.

Para los residentes en Tenerife será gratuito, mientras que para los visitantes tendrá un coste aproximado de siete euros.

Dentro del parque se habilitará además una ruta circular con guaguas cada 15 minutos entre el centro de visitantes y los Roques de García.

Los vehículos de alquiler deberán reservar aparcamiento y abonar una ecotasa cuyo importe se encuentra en estudio.

Restricciones y vigilanciaAsimismo, el Cabildo contempla limitar caravanas de quads, buggies y todoterrenos, así como implantar desde el verano de 2026 un sistema de control en miradores y zonas de alta afluencia como Chipeque, Roques de García y Minas de San José.

Entre las medidas previstas figuran la reserva previa obligatoria, la distribución de visitantes a lo largo del día y el acceso limitado a empresas autorizadas.

El Cabildo indica también que reforzará la vigilancia en el parque, con un aumento de agentes de medio ambiente hasta alcanzar 74 efectivos en 2027, además de nuevos medios materiales y colaboración permanente con la Policía Canaria y la Guardia Civil.

Conservación y educación ambientalLa institución anuncia igualmente un programa de conservación para el periodo 2026-2028 con una inversión de 1,68 millones de euros.

El plan incluye 23 proyectos relacionados con flora, restauración ecológica, control de especies invasoras y uso de tecnología avanzada como drones y análisis genéticos.

También se pondrán en marcha programas de voluntariado ambiental, acciones educativas para escolares y nuevas rutas guiadas para distintos perfiles de visitantes.

EFEbrr/acp

Madrid, 7 may (EFE).

– El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este jueves que la cuarentena de los pasajeros españoles que viajan en el crucero MV Hondius será obligatoria «en los casos que se determinen» por las autoridades científicas.

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios tras participar en una reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente canario, Fernando Clavijo para analizar la situación del crucero neerlandés en el que se ha declarado un brote de hantavirus.

Tras apuntar ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, el carácter voluntario de la cuarentena de los pasajeros españoles en el Hospital Gómez Ulla, Torres ha señalado que «en los casos que sea preciso, lógicamente, será una cuarentena obligatoria».

Después de las afirmaciones de Robles, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el Gobierno cuenta con «instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública», en el caso de que los viajeros españoles no se sometan a una cuarentena voluntaria.

Se ha referido así a la ley 3/1986 de medidas especiales en Materia de Salud Pública, que otorga a las autoridades sanitarias de las administraciones públicas la potestad de, en el ámbito de sus competencias, aplicar las acciones de esta normativa cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

«Ya ha dicho la ministra Mónica García que, siguiendo protocolos y reglas de Sanidad, esa cuarentena será, en los casos que así se determinen por autoridades, obligatoria», ha sostenido.

De las 144 personas que permanecen en el barco, Torres ha recordado que 14 son españoles (13 pasajeros y un tripulante), de 6 comunidades autónomas, que siguen «asintomáticos».

Una vez sean desembarcados los pasajeros del crucero, que finalmente se quedará fondeando en Canarias y no atracará en el puerto de Granadilla (Tenerife), serán trasladados «encapsulados» hasta automóviles, para después viajar en avión cada uno de ellos a sus países de origen.

En el caso de los viajeros españoles, irán a Madrid al Hospital Gómez Ulla, que es un centro sanitario que tiene «el 50 % de las camas específicas» en el caso de que fuera necesario utilizar esas instalaciones, ha remarcado Torres.

«No es una decisión caprichosa, es una decisión de carácter científico», ha incidido, al tiempo que ha asegurado que serán analizados al llegar al hospital y, a partir ahí «se tomarán las decisiones».

EFEera-arv/oli(Foto) (Vídeo) (Audio)

Santa Cruz de Tenerife, 7 may (EFE).

– El vicesecretario de Organización del PP de Canarias, Jacob Qadri, ha acusado este jueves al Gobierno de España de trasladar a Tenerife «un grave problema de salud pública que estaba a más de 1.

500 kilómetros de distancia» y que, a su juicio, pudo resolverse a través de otros países miembros de OMS.

En un comunicado Jacob Qadri ha señalado que países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) podían organizar la evacuación de los pasajeros a través de puertos y aeropuertos seguros, como es el caso de Cabo Verde.

“Evacuaron a pasajeros enfermos desde allí pero no a pasajeros sin síntomas.

Somos víctimas de una decisión política arbitraria que Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres tendrán que explicar a los canarios”, indica el dirigente popular.

Asegura también que «lo que nadie ha querido atender, terminará en Canarias dentro de unos días con no se sabe si más contagiados por hantavirus o no» y afirma que el Gobierno central «ha ofrecido a Canarias para recibir el brote sin plenas garantías sanitarias ni de seguridad, y sin aportar ningún informe que lo justifique».

El portavoz popular opina que de esta manera se convierte a Canarias «en el epicentro» del brote de un virus hasta ahora desconocido para la mayoría de la opinión pública mundial, con una letalidad que puede alcanzar el 50%, de una forma «absolutamente irresponsable e injustificada» desde el punto de vista logístico.

Jacob Qadri advierte de que “todas las consecuencias de esta crisis serán responsabilidad directa del Gobierno de España, que ha utilizado a Tenerife a su antojo, sin medir los efectos de una decisión tomada de forma absolutamente opaca y de espaldas al Gobierno de Canarias”.

Por ello el PP hace “directamente responsables de todas las consecuencias de esta decisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la ministra de Sanidad, Mónica García; y al ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, que una vez más ha traicionado y perjudicado a su tierra», asevera.

Para el PP canario, “el Gobierno de España actúa con improvisación constante, contradicciones y medidas chapuceras: con ministerios enfrentados sobre la obligatoriedad de posibles cuarentenas; ofreciendo de forma unilateral a Canarias para recibir este barco sin dar a conocer los protocolos ni los informes sanitarios que lo justifiquen, sin aclarar cómo harán los traslados ni cómo se garantizará la seguridad del personal implicado ni de la población tinerfeña”.

Otra preocupación, continúa Qadri, es la posibilidad de atender a potenciales enfermos en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, que tiene una unidad de aislamiento «pero en el barco viajan unas 140 personas», por lo que duda de si habrá camas disponibles.

EFEasd/acp

Santa Cruz de Tenerife, 7 may (EFE).

– La conectividad aérea de Tenerife se reforzará durante 2026 con nuevas rutas y el incremento de frecuencias por parte de varias aerolíneas nacionales e internacionales, entre ellas Air Canada, airBaltic, Iberia Express, Air Serbia, TAP Air Portugal, Binter Canarias, Air France y Vueling.

Entre las principales novedades figura la entrada de Air Canada en la operativa de la isla con nuevas conexiones desde Toronto y Montreal a partir de octubre, con dos frecuencias semanales desde la primera ciudad canadiense y una desde la segunda, ha informado este jueves el Cabildo tinerfeño en una nota.

Asimismo, airBaltic abrirá una base estacional en el aeropuerto Tenerife Sur durante la temporada de invierno 2026-2027, desde la que operará nuevas rutas con Liubliana (Eslovenia) y Lieja (Bélgica), ambas con dos vuelos semanales, además de conexiones con Palanga (Lituania) y Groninga (Países Bajos), con una frecuencia semanal.

Air Serbia también incorporará una nueva conexión entre Belgrado y Tenerife entre octubre y febrero, con dos vuelos semanales.

En el mercado europeo, Air France reforzará este verano su operativa entre París-Charles de Gaulle y Tenerife Sur, mientras que TAP Air Portugal aumentará hasta cuatro las frecuencias semanales entre Lisboa y la isla.

En el ámbito nacional, Binter Canarias ampliará su red con nuevas frecuencias desde Vigo, Valencia y Asturias, además de mantener en invierno conexiones con Valladolid, San Sebastián, Granada, Pamplona y Murcia, e incorporar rutas con Sevilla y Badajoz.

Por su parte, Iberia Express incrementará este verano su operativa entre Madrid y Tenerife hasta alcanzar 74 vuelos semanales por sentido, con hasta once frecuencias diarias repartidas entre los aeropuertos Tenerife Norte y Tenerife Sur.

Vueling también elevará su capacidad un 7 % durante la temporada estival, con refuerzos desde Oviedo y Valencia.

EFEcmg/asd

Santa Cruz de Tenerife, 7 may (EFE).

– El comercio canario siguió aumentando sus ventas y el empleo en el primer trimestre de 2026, pero de una forma más moderada, con un avance del 2,1 % anual, inferior al 3,2 % del conjunto de España.

El Boletín Sectorial de Comercio de Canarias del primer trimestre ha sido presentado por la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Victoria González, la directora de la entidad, Lola Pérez, y el director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, entidad que patrocina el estudio.

Según Victoria González, hay «una clara tendencia de desaceleración» en el crecimiento del comercio, una fase de mayor moderación que no apunta aún a un cambio de tendencia.

La vicepresidenta de la Cámara ha reclamado medidas de apoyo al sector, como los Bonos Consumo Archipiélago, «una iniciativa que ha tenido un éxito indudable y que ha ayudado a acercar al consumidor al comercio de proximidad y, sobre todo, a redescubrirlo y a valorarlo».

Victoria González ha pedido además la eliminación de la franquicia fiscal para importaciones de bajo valor, que perjudica al negocio local respecto a los grandes operadores y el comercio electrónico.

En cuanto al empleo, el número de afiliaciones a la Seguridad Social en el comercio canario alcanzó las 156.

689 personas al final del trimestre, el 16,4 % del total regional, de los que 26.

236 eran personas afiliadas al régimen de autónomos y 129.

792 al régimen general.

Los parados inscritos en las oficinas de empleo ascendían a 23.

341 personas, el 15,9 % del total de desempleo existente en Canarias.

El sector comercial registra un índice negativo del 8,9 % en la confianza empresarial, debido a un descenso de las expectativas de crecimiento para el segundo trimestre.

EFEacp

La Frontera (El Hierro), 7 may (EFE).

– El Pleno del Cabildo de El Hierro ha aprobado este jueves por unanimidad solicitar a las instituciones europeas la suspensión temporal de las reglas fiscales que limitan la capacidad de actuación de los cabildos, con el fin de dar respuesta social y económica al impacto derivado del conflicto en Oriente Medio.

La iniciativa, presentada como moción de urgencia por el grupo de gobierno integrado por PSOE, PP e Izquierda Unida-Reunir Canarias, defiende que Canarias, por su condición de región ultraperiférica y por la fragilidad estructural de su modelo económico, está sufriendo con mayor intensidad el encarecimiento de la energía, el transporte y los suministros básicos.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, asegura que mantener la actual regla de gasto en un escenario de crisis internacional “carece de sentido económico y político”, al impedir que las administraciones insulares puedan utilizar plenamente sus recursos disponibles, incluidos los remanentes de tesorería, para responder con rapidez a las necesidades de la ciudadanía.

Armas recuerda que ya se adoptaron medidas excepcionales similares durante la pandemia de la covid-19 y tras el impacto económico de la guerra en Ucrania.

El acuerdo aprobado plantea solicitar al Gobierno de España que continúe impulsando ante la Comisión Europea la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que, una vez autorizada, apruebe de forma urgente un real decreto ley para suspender la regla de gasto y flexibilizar las normas fiscales aplicables a los cabildos durante 2026 y 2027.

Asimismo, respalda la posición defendida recientemente por la Federación Canaria de Islas (FECAI), así como las gestiones del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias ante las instituciones europeas para flexibilizar las reglas fiscales en el actual contexto internacional.

La propuesta será trasladada al resto de administraciones públicas con el objetivo de recabar el máximo respaldo institucional.

Durante la sesión plenaria también se aprobaron los estatutos del Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos de El Hierro, las cuentas generales de 2024 del Cabildo y varios reconocimientos de crédito.

EFEgf/brr1010832

Ginebra, 07 may (EFE).

– El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo hoy que espera que quienes tienen inquietudes en Canarias sobre los riesgos de la llegada del barco donde se ha registrado un brote de hantavirus «comprendan, apoyen y cooperen con el Gobierno» central.

Explicó que él formuló directamente la petición al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien la aceptó en virtud de lo que establece el Reglamento Sanitario Internacional aunque, más allá de esto, lo más importante en este caso es la solidaridad».

EFEis/rcf/pcr

Las Palmas de Gran Canaria, 7 may (EFE).

– El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha reconocido en una sentencia que no se puede discriminar a los trabajadores del sector alojativo del cobro del plus de productividad de 650 euros brutos que recoge el convenio de hostelería de Las Palmas cuando están en situación de incapacidad temporal.

Según ha informado este jueves en un comunicado el gabinete de prensa del TSJC, la sala de lo Social ha estimado parcialmente una demanda de conflicto colectivo promovida por el Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC) sobre el plus extraordinario de presencialidad y productividad del que quedaron excluidos trabajadores en es situación.

​Así, en una sentencia declara que las personas trabajadoras del sector del alojamiento que hayan estado en situación de incapacidad temporal entre el 1 de abril de 2024 y el 1 de abril de 2025 no pueden quedar exentos del cobro del plus, al considerar la Sala que esa exclusión supondría una discriminación por razón de enfermedad o estado de salud.

La resolución rechaza, sin embargo, la segunda pretensión de la demanda y mantiene la exclusión del personal del sector de restauración del acceso a ese complemento.

​El tribunal entiende que existen diferencias objetivas y razonables entre la actividad de alojamiento turístico y la de restauración, tanto por su regulación administrativa como por su estructura económica y su distinto encuadramiento dentro del convenio colectivo provincial de hostelería.

Sentencia con lenguaje claroSegún el TSJC, ​el aspecto más novedoso de esta resolución radica en que la propia Sala incorpora, de forma expresa, un apartado final de «resumen de esta sentencia en lenguaje claro», al amparo de los apartados 1º y 4º del artículo 9 de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa.

​En ese fundamento, el tribunal explica que, «dado el impacto social y profesional de esta resolución», procede ofrecer una síntesis «con lenguaje sencillo y comprensible» de la decisión judicial.

​Se trata de una aplicación singularmente relevante de una previsión legal reciente, pensada para hacer comprensibles las resoluciones judiciales a la ciudadanía, especialmente a quienes carecen de formación jurídica.

​La sentencia se sitúa así entre las primeras resoluciones -es la primera que se dicta por la Sala de lo Social de Las Palmas- en las que un órgano judicial hace uso explícito de esta facultad legal para traducir al lenguaje común el sentido del fallo y los dos puntos esenciales del litigio: la inclusión de las bajas médicas en el cómputo del plus y la exclusión, confirmada, del personal de restauración.

​En cuanto al fondo del asunto, la Sala examina el acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 2 de julio de 2025, que estableció una prima extraordinaria de 650 euros ligada a la «efectiva prestación del servicio» durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 1 de abril de 2025.

La resolución concluye que, al tratarse de un plus configurado como un incentivo de asistencia o permanencia, no cabe excluir del concepto de presencialidad las situaciones de incapacidad temporal, porque ello penalizaría a quien se ausenta por enfermedad o accidente.

​Para alcanzar esa conclusión, el tribunal aplica la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y la doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre complementos retributivos ligados a la asistencia al trabajo.

​ La Sala recuerda que la enfermedad goza hoy de una protección legal reforzada y que las ausencias justificadas por razones de salud no pueden traducirse, sin causa objetiva suficiente, en la pérdida de incentivos salariales.

EFEcda/cas

(Actualiza la GC4034 con más datos)Madrid, 7 may (EFE).

– El Ministerio de Sanidad está ultimando un informe jurídico para avalar, llegado el caso, la posibilidad de imponer cuarentenas obligatorias a los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus que se nieguen a aislarse.

Así lo han informado a EFE fuentes de Sanidad después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya apelado «al sentido común y la responsabilidad» de los pasajeros, que serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid una vez se acerquen al puerto de Granadilla, al sur de Tenerife.

Mónica García ha hecho este llamamiento después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, señalase ayer que estas personas, que por ahora están todas asintomáticas, harán cuarentena en este hospital militar «siempre que voluntariamente quieran», dado que es una medida privativa de libertad.

Sin embargo, aunque la titular de Sanidad confía en que los 14 pasajeros velarán por el «cuidado de su salud y de la salud pública» y se aislarán, ha advertido de que, en cualquier caso, el Gobierno cuenta con «instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública».

Por ahora, su departamento está preparando un informe jurídico que avale legalmente la imposición de cuarentena llegado el caso.

Sanidad considera que existe un «amplio marco normativo» que le habilita para hacerlo, en primer lugar, la ley 3/1986 de medidas especiales en materia de Salud Pública, que otorga a las autoridades sanitarias de las administraciones públicas la potestad de aplicar las acciones de esta normativa cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

En su artículo segundo, la citada ley establece que «las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad».

Y en el tercero que, «con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».

También la Ley General de Sanidad, que atribuye al Estado, con arreglo a la Constitución, la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior, así como la potestad de coordinación de todas las administraciones ante situaciones de riesgo de incidencia nacional o internacional.

Dicha norma prevé expresamente que, «ante un riesgo inminente y extraordinario para la salud», las autoridades sanitarias podrán adoptar cuantas medidas preventivas estimen oportunas, entre ellas la cuarentena de personas infectadas o expuestas; corresponde al Gobierno tomar estas decisiones al tratarse del control de un posible riesgo para la salud derivado del tráfico internacional de viajeros y, por tanto, una actividad de sanidad exterior.

Por último, Sanidad se ampara en la Ley General de Salud Pública, que impone a las administraciones la obligación de llevar a cabo las actuaciones necesarias para gestionar los riesgos para la salud de la población, habilitando específicamente al Estado para la vigilancia de la sanidad exterior y la prevención de enfermedades en la frontera.

El Ministerio estima, no obstante, que el ejercicio de todas estas competencias «debe ajustarse al principio de proporcionalidad», como de hecho contempla la Ley General de Sanidad, que establece que las medidas adoptadas ante una situación de riesgo inminente y extraordinario deben ser proporcionadas a sus fines, han de estar debidamente motivadas y solo podrán mantenerse durante el tiempo estrictamente necesario mientras dure la situación que las justificó.

La misma norma añade que deberá darse preferencia a la colaboración voluntaria de los ciudadanos con las autoridades sanitarias, que no podrán imponerse medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida y que, entre las opciones disponibles, se adopten aquellas que menos perjudiquen la libre circulación de personas y bienes, la libertad de empresa y los demás derechos afectados.

Puntualiza que «es admisible realizar cuarentenas, incluso sin que haya un periodo de audiencia previa con los afectados, tal y como han avalado los tribunales» en diversas sentencias o dispone la propia Ley General de Salud Pública.

Aunque precisa que medidas como esta que acarrean limitación o restricción de derechos fundamentales quedan sujetas a la autorización o ratificación judicial; para ello, los órganos competentes suelen considerar elemento determinante que las medidas adoptadas se den en cumplimiento y con ajuste a los protocolos de actuación existentes, tanto los establecidos por la OMS como los del Ministerio de Sanidad y, en su caso, las adaptaciones específicas que correspondan.

EFEada/jdm