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/// 08:08 — 21 de octubre de 2026

Etiqueta: Breve

  • Dos científicas del ICIA, entre las investigadoras con mayor impacto en España

    Las Palmas de Gran Canaria, 28 may (EFE).- Dos investigadoras del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) figuran en la clasificación de científicas con mayor impacto investigador en España elaborado por el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPP-CSIC).

    Se trata de María Gloria Lobo Rodrigo, doctora en Farmacia y coordinadora de programas del ICIA, y de Eva Dorta, doctora en Biología y colaboradora científica, ambas adscritas al Departamento de Producción Vegetal en Zonas Tropicales y Subtropicales de este organismo autónomo dependiente del Gobierno de Canarias.

    La lista reconoce a científicas españolas y extranjeras con afiliación a instituciones españolas que destacan por el impacto de su producción científica en plataformas académicas abiertas como Google Scholar, ORCID y OpenAlex, ha informado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria este jueves en un comunicado.

    María Gloria Lobo Rodrigo ocupa el puesto 5.445 de la clasificación, con un índice H (que evalúa la cantidad de publicaciones y su impacto atendiendo al número de citas) de 26 en Google Scholar y de 27 en OpenAlex, y un total de 9.426 citas a sus publicaciones.

    Su investigación se centra actualmente en la postcosecha y la tecnología de los alimentos, con especial atención a la mejora de la conservación, la seguridad y la calidad nutricional de los productos agrícolas.

    Entre sus trabajos más recientes figuran estudios sobre las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de la ‘Opuntia ficus-indica’, conocida popularmente como tunera.

    Por su parte, Eva Dorta se sitúa en el puesto 10.453, con un índice H de 19 en Google Scholar y de 17 en OpenAlex, y un total de 3.582 citas.

    Su línea de trabajo se enfoca en la evaluación y aprovechamiento de subproductos agroalimentarios, especialmente los residuos del aguacate como fuente de materias primas para las industrias alimentaria, farmacéutica, textil, cosmética y bioenergética, así como los subproductos derivados de la papaya, el mango y la pitaya.

    El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha felicitado a ambas investigadoras por una distinción que, según ha señalado, «pone de manifiesto el talento científico que existe en Canarias y el papel fundamental de las mujeres investigadoras que desarrollan su labor desde nuestras islas».

    Quintero ha destacado además que la presencia de ambas científicas del ICIA en esta clasificación nacional «reconoce también el trabajo que realiza este organismo público para generar conocimiento útil y transferirlo directamente al sector primario», contribuyendo a la mejora del sector agrario y agroalimentario.

    En este sentido, ha subrayado que «la investigación aplicada es clave para seguir avanzando hacia un sector más competitivo, sostenible y con mayor valor añadido».

    El estudio, elaborado por Isidro F. Aguillo, del Cybermetrics Lab del IPP-CSIC, se basa en datos recopilados entre el 20 y el 30 de abril de 2026.

    Para figurar en el listado es necesario disponer de un perfil público en Google Scholar y contar con un índice H igual o superior a 18.

    La lista incluye tanto a investigadoras nacionales que desarrollan su labor dentro o fuera de España como a científicas extranjeras que trabajan en instituciones españolas.

    En total, reúne 12.511 perfiles ordenados según indicadores métricos como el índice H y datos obtenidos de Google Scholar y OpenAlex, tomando como referencia perfiles públicos correctamente vinculados a ORCID, el identificador digital internacional de investigadores. EFE

  • Los profesores canarios tendrán derecho a la desconexión digital el próximo curso

    Santa Cruz de Tenerife, 28 may (EFE).- La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha publicado la resolución de instrucciones de organización y funcionamiento de los centros no universitarios para el curso 2026-2027 que, entre otras novedades, incluye el derecho a la desconexión digital de los docentes.
    También recoge la actualización de los protocolos de actuación ante conflictos en el entorno laboral y agresiones al personal docente, detalla Educación en un comunicado.
    Asimismo, se incorporan directrices para el desarrollo obligatorio del plan de formación ante emergencias de protección civil y se regula el uso de la videoconferencia en situaciones de emergencia.
    Otras novedades para el próximo curso son la actualización y simplificación del procedimiento de información sobre calificaciones y absentismo a progenitores del alumnado mayor de edad y la creación de un nuevo apartado destinado a fomentar la participación y la cooperación de familias y representantes legales con los centros educativos.
    Además, se reforzará la coordinación entre etapas educativas, con un aumento de la participación del profesorado especialista de apoyo a las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
    También por primera vez se incluirán criterios específicos sobre la salida del alumnado menor de edad al finalizar la jornada escolar.
    En materia horaria, se incrementará la dedicación semanal de los equipos directivos de Infantil y Primaria y se incorporarán criterios para asignar horas lectivas adicionales en centros que adolezcan de «cierta saturación o limitaciones de espacio».
    Además, con el objetivo de facilitar la organización, se incluye una tabla unificada con todas las coordinaciones (incluidos horarios) entre las áreas de servicio de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación (DGOEII) y los centros educativos.
    Educación destaca también la incorporación, en los Centros Rurales Agrupados (CER), de tablas específicas de dedicación horaria para coordinaciones de patrimonio social y cultural, igualdad, TIC, prevención de riesgos laborales y bienestar y protección del alumnado de las escuelas unitarias.
    Además, se reconocen horas específicas para el profesorado dedicado a acciones de evaluación institucional y se asignan horas para la preparación de prácticas de laboratorios de Física y Química, así como de Biología y Geología en cuarto curso de la ESO.
    Por último, se establecen medidas organizativas excepcionales para los Centros de Educación Obligatoria (CEO) durante la jornada intensiva de septiembre y junio, permitiendo adaptar los horarios del alumnado sin reducir el número de sesiones lectivas y garantizando la coordinación con el transporte escolar.
    En el ámbito de la Formación Profesional y las Enseñanzas de Régimen Especial, la nueva resolución incorpora adaptaciones organizativas para el desarrollo de la Ley 1/2024, de 7 de junio, por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales, así como la jefatura de estudios adjunta de FP en los institutos que cuenten con diez o más grupos de esta modalidad educativa.
    Además, se impulsan la dualización, la innovación, la internacionalización y las ‘skills’ (competiciones bienales que dan visibilidad al talento y las destrezas del alumnado de FP), con medidas de apoyo horario al personal docente encargado de estas acciones. EFE
    jmor/cmg

  • Sindicatos médicos convocan huelga en SCS este viernes y anuncian «escalada en la presión»

    Santa Cruz De Tenerife, 28 may (EFE).

    – El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) ha convocado una nueva jornada de huelga en el Servicio Canario de la Salud (SCS) para este viernes 29 de mayo y ha anunciado una “escalada” de las medidas de presión ante, según denuncian, «falta de negociación» con la Consejería de Sanidad.

    El comité de huelga, integrado por SEMCA, Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) y la Asociación MIR España (AME), también ha comunicado, como parte de esa esacalada, el cese progresivo de la actividad voluntaria extraordinaria vinculada a los programas de listas de espera, una medida que comenzará a aplicarse “desde hoy a junio”.

    Las organizaciones médicas sostienen que el director del SCS, Adasat Goya, y la consejera de Sanidad, Esther Monzón, no han llamado a negociar pese al impacto que el propio director del servicio reconoció públicamente esta semana, al cifrar en “cientos de millones de euros” y “miles” de intervenciones y citas el efecto de las protestas.

    Según el comité, en las cuatro semanas de huelga desarrolladas entre febrero y mayo se han suspendido unas 45.

    000 consultas y aplazado 1.

    200 intervenciones quirúrgicas, de acuerdo con cálculos de la administración sanitaria canaria.

    SEMCA, MUD y AME reprochan al Gobierno canario que remita la negociación al Ministerio de Sanidad y sostienen que el “80 %” de las reivindicaciones planteadas corresponden a competencias autonómicas.

    Entre sus principales demandas figura la creación de un estatuto propio para el colectivo médico y una mesa de negociación específica.

    El comité de huelga también ha remitido una carta al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para reclamar que la Consejería de Sanidad “empiece a tomar en serio el grave deterioro” que, a su juicio, está provocando el conflicto en la atención sanitaria pública.

    Las organizaciones convocantes advierten además de que promoverán un incremento de las jornadas de huelga estatal previstas para junio y plantean incluso una huelga indefinida en toda España a partir de septiembre si no se atienden sus reivindicaciones.

    Los sindicatos sostienen que el deterioro de las condiciones laborales está provocando una “pérdida de capital facultativo” que podría comprometer la calidad asistencial de la sanidad pública, cocnluyen.

    EFEcmg

  • Banco Europeo de Inversiones decidirá en verano si financia el TMT en La Palma, según IAC

    Santa Cruz de La Palma, 28 may (EFE).

    – El director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín Martínez Pillet, ha afirmado este jueves que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concluirá previsiblemente entre junio y julio su evaluación sobre una posible financiación para impulsar la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en La Palma.

    Tras la reunión bianual del consejo internacional del consorcio CTAO, Martínez Pillet recordó que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, anunció hace meses el ofrecimiento por parte de España de 400 millones de euros para favorecer la instalación del TMT en la isla.

    «Es un dinero muy importante para la construcción del TMT, pero hace falta más”, señaló el director del IAC, quien explicó que la financiación adicional se intenta obtener a través del Banco Europeo de Inversiones.

    Según ha detallado, representantes del BEI visitaron La Palma hace unas semanas en una agenda organizada por la propia entidad europea con el objetivo de conocer el respaldo institucional al proyecto y comprobar sobre el terreno el emplazamiento previsto para el telescopio.

    “El Banco Europeo de Inversiones nunca pone dinero sin antes ver las infraestructuras y el sitio exacto”, indicó Martínez Pillet, quien añadió que los técnicos de la entidad trabajan actualmente en la elaboración de un modelo financiero para analizar la viabilidad de la operación.

    El responsable del IAC señaló que el organismo europeo deberá decidir “si aprueba o no” la financiación solicitada y advirtió de que, en caso de no prosperar esa aportación económica, “faltaría dinero para La Palma y entonces no se podría construir” el telescopio en la isla.

    En el escenario de una resolución favorable, explicó, España trasladaría al proyecto que dispone de la financiación completa necesaria para impulsar definitivamente la candidatura palmera.

    Martínez Pillet apuntó que el próximo Consejo Rector del IAC está previsto para finales de julio y consideró que será entonces cuando pueda producirse una decisión relevante sobre el futuro emplazamiento del TMT.

    “Yo creo que para julio tendremos noticias”, concluyó.

    lgm/cmg1012035

  • Podemos pregunta en el Congreso por el activista saharaui arrojado al mar desde una patera

    Arrecife (Lanzarote), 28 may (EFE).

    – La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha preguntado al Gobierno en el Congreso sobre el presunto asesinato del activista saharaui Daha Mohemad Fadel Lehbib, cuya familia ha denunciado que fue arrojado al mar desde la patera con la que intentaba emigrar a Canarias, a principios de mayo.

    En la pregunta parlamentaria, a la que ha tenido acceso EFE, la diputada demanda al Gobierno que le informe sobre las medidas que se están llevando a cabo para investigar los hechos.

    En la exposición de motivos, Podemos relata que el pasado 7 de mayo, Daha Mohamed Fadel Lehbib, de 35 años, «activista comprometido con la causa del pueblo saharaui, partió desde la ciudad de Bojador, en el Sáhara Occidental, en una embarcación con destino a Gran Canaria».

    En la patera viajaban 62 personas, de origen marroquí y subsahariano.

    Según la denuncia presentada ante la Policía y los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria por su hermano, El Uali Mohamed Fadel Lehbib, la embarcación fue rescatada por Salvamento Marítimo y sus ocupantes, trasladados a Arguineguín, pero Daha no estaba entre ellos.

    Su hermano asegura que un testigo que también iba en la patera le ha contado que, durante el trayecto, se produjo un altercado entre Daha, el patrón de la embarcación y el hermano de este, tras el cual ambos habrían arrojado al ciudadano saharaui al mar, abandonándolo a su suerte en aguas del Atlántico.

    Belarra pregunta «por qué Salvamento Marítimo no ha activado ningún dispositivo específico de búsqueda y rescate para localizarlo, teniendo en cuenta que el testimonio de un superviviente sitúa los hechos en aguas próximas a Canarias y bajo responsabilidad española en materia de salvamento».

    También quiere conocer qué actuaciones concretas ha llevado a cabo la Policía para esclarecer la desaparición de Daha Mohamed Fadel Lehbib, identificar a los presuntos responsables de los hechos y recabar declaración de las 62 personas que viajaban en la embarcación.

    Además pregunta al Gobierno si considera que ha actuado «de conformidad con las obligaciones derivadas del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas y con los principios de protección de los derechos humanos y salvamento marítimo internacional en relación con la desaparición de un ciudadano saharaui procedente del Sáhara Occidental» y «en qué se basa el Gobierno para afirmar su cumplimiento o, en caso contrario, su incumplimiento».

    Asimismo, Belarra solicita información sobre si el Gobierno ha mantenido contacto oficial con la familia Fadel Lehbib para informarle sobre las actuaciones realizadas y las razones por las que no se habría activado un operativo de búsqueda o si tiene previsto hacerlo, así como si va a pedir a la Fiscalía que impulse alguna investigación judicial o coordinación internacional adicional para esclarecer este presunto crimen y depurar responsabilidades.

    «La gravedad de los hechos denunciados exige una actuación inmediata por parte de las autoridades españolas», señala el texto de la pregunta, que considera que esta desaparición se produce «en un contexto de especial vulnerabilidad y desprotección para la población saharaui, sometida desde hace décadas a persecución política, exclusión social y vulneraciones sistemáticas de derechos humanos en el territorio ocupado del Sáhara Occidental».

    La familia de la víctima ha solicitado formalmente a las autoridades españolas que se investiguen los hechos, se tome declaración a las personas supervivientes de la embarcación, se identifique a los responsables y se activen los protocolos de búsqueda y rescate correspondientes.

    «Sin embargo, hasta la fecha no consta públicamente la activación de medios específicos de Salvamento Marítimo para la localización de Daha Mohamed Fadel Lehbib ni información oficial trasladada a su familia sobre las actuaciones realizadas”, señala.

    EFE1012213sgc/jmr

  • El Consejo Escolar pide extender el servicio de comedor a Secundaria y escuelas unitarias

    Santa Cruz de Tenerife, 28 may (EFE).

    – El Consejo Escolar de Canarias propone extender el servicio de comedor a los centros de educación Secundaria y a las escuelas unitarias, y para estas últimas también otros servicios complementarios como la acogida temprana o tardía y actividades extraescolares.

    Así lo han planteado la presidenta de este organismo, Natalia Álvarez, y los coordinadores del informe sobre la realidad educativa de las islas, Carmen Nieves Pérez y David Coiduras, en la presentación del mismo en comisión parlamentaria.

    Coiduras ha hecho hincapié en que esos servicios complementarios son «fundamentales» para las escuelas unitarias pues, sin los mismos, las familias pueden acabar decantándose por otro centro que sí los ofrezca aunque haya que realiza un trayecto de media hora en coche.

    Ha citado el caso de La Palma, donde se ofrecen estos servicios de forma mancomunada entre diferentes municipios; un modelo que, cree, podría replicarse al resto del archipiélago.

    En cuanto a los comedores en centros de Secundaria, ha planteado la opción de ampliar módulos y horarios en los centros de Primaria cercanos, lo cual sería más rápido que crear unas instalaciones nuevas en un instituto, eliminando de paso un aula; o bien recurrir a servicios de cátering para cubrir la demanda del alumnado de cuota cero.

    Coiduras ha añadido que en un contexto de descenso de natalidad como el actual y viendo «la competencia» entre los centros para acoger alumnos, ofertar el servicio de comedor podría resultar un aliciente que se podría incentivar desde la administración.

    La presidenta del Consejo Escolar de Canarias ha hecho hincapié en que la conciliación es «fundamental» y ha llamado a que los empresarios reflexionen sobre los horarios, pues hay quienes cuando regresan a casa «no tienen tiempo suficiente para atender a sus hijos» y se produce, por tanto, «una delegación» de funciones en los centros educativos.

    Y esa demanda al sistema educativo, ha ahondado, lleva a la necesidad de «una mayor inversión», como también el creciente número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) o de apoyo idiomático, de ahí la insistencia en que se invierta en Educación al menos el 5% del PIB regional establecido por ley.

    Natalia Álvarez ha expresado su preocupación porque no se ejecute la totalidad de las partidas presupuestadas en Educación y ha reclamado la reposición de jubilaciones en el aparato administrativo.

    Además de seguir ampliando la oferta educativa en la etapa de 0 a 3 años, el Consejo Escolar de Canarias pone el acento en la Formación Profesional, «la gran oportunidad de desarrollo y de inserción laboral para nuestra juventud», ha anotado la presidenta del Consejo Escolar.

    Y lo es porque los empresarios demandan unos perfiles profesionales determinados, como por ejemplo los relacionados con la actividad portuaria, que necesitan personal innovador.

    Álvarez ha indicado que la FP debe buscar un equilibrio en su oferta, entre la innovación, la adecuación a lo que el mercado laboral demanda y el mantenimiento de oficios en riesgo de desaparecer por falta de relevo generacional.

    El informe del Consejo Escolar recalca la importancia del contexto socioeconómico a la hora de analizar la realidad educativa y lanzar propuestas: altos índices de pobreza, en especial en familias con menores; descenso demográfico paliado en parte con la inmigración; y desigualdad territorial.

    Carmen Nieves Pérez, que es profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna, ha puesto el acento en la tasa de pobreza en Canarias, que aunque se ha ido disminuyendo está seis puntos por encima de la media nacional, y en el aumento de los niveles de desigualdad en cuanto a la distribución de la riqueza.

    Pese a ello, el gasto medio en los hogares por cada estudiante en matrículas, libros y otro material, y actividades extraescolares, se eleva a 2.

    078 euros, que es una cifra «muy parecida a la media nacional».

    El informe del Consejo Escolar también refleja que la población joven de Canarias está «más formada» que las generaciones anteriores, si bien habría que contrastar este dato con las tasas de desempleo.

    Los grupos parlamentarios han acogido las aportaciones y sugerencias del Consejo Escolar y se han comprometido a analizarlas para incorporarlas a sus iniciativas en materia educativa.

    Yonathan Martín (CC) ha coincidido en la importancia de extender el servicio de comedor a Secundaria y de dotar a las escuelas unitarias de otros servicios complementarios, y ha indicado que la brecha con el resto del Estado en cuanto a las tasas de pobreza y riesgo de exclusión se consigue «invirtiendo en Educación».

    En todo caso, ha pedido «no olvidar de dónde venimos ni ser catastrofistas», pues «el cambio que ha dado Canarias» en materia educativa en las últimas cuatro décadas «ha sido brutal».

    Sonsoles Martín (PP) ha señalado que el informe del Consejo Escolar ayuda a tomar decisiones políticas «sensatas» y que su partido tomará «muchas» de las medidas planteadas en el mismo.

    Dicho lo cual, ha expresado su «orgullo» por cómo el actual Gobierno de Canarias ha ido aumentando año tras año su presupuesto en Educación, lo cual «nunca es suficiente».

    Marcos Hernández (PSOE) ha puesto el foco en los índices de abandono y de fracaso escolar, que han experimentado un repunte tras varios años de descenso, en la atención a los alumnos NEAE, con los que existe «cierta segregación encubierta», y sobre el incumplimiento del 5% de inversión, que es un imperativo legal, «no una perreta».

    Carmen Hernández (NC) ha planteado si puede haber en Canarias un sistema educativo de calidad, en el que haya una integración real en una sociedad «cada vez más compleja», si no se ponen «todos los recursos necesarios», y ha subrayado que mientras no se rebajen las tasas de pobreza o las dificultades en el acceso a la vivienda «no podemos cargar a la escuela con retos que son de la sociedad» en su conjunto.

    Javier Nieto (Vox) ha valorado la descripción socioeconómica de Canarias que incluye el informe del Consejo Escolar, «a veces escalofriante» por los datos que presenta, aunque ha indicado que habiendo «tantas cosas pendientes» en materia educativa no puede llevar a pensar que «las cosas están muy mal».

    Raúl Acosta (AHI) ha indicado por su parte que todas las propuestas del Consejo «deberían ser un mandato», desde la financiación en línea con lo que marca la ley, a los mapas escolares y la reducción de ratios.

    EFEjmor/cmg

  • El PP pide una bonificación del 75% para residentes en el parking del aeropuerto majorero

    Puerto del Rosario (Fuerteventura), 28 may (EFE).- El Grupo Popular en el Cabildo majorero defenderá en el próximo pleno una moción para reclamar al Gobierno de España y a AENA la implantación de una bonificación del 75 % en el parking del Aeropuerto de Fuerteventura para los residentes canarios, así como tarifas reducidas para los trabajadores aeroportuarios.

    Los populares han recordado este jueves en un comunicado que el Parlamento de Canarias aprobó recientemente una iniciativa en esta línea, impulsada por el Partido Popular, en la que se defendía que «volar en Canarias no es un lujo, sino una necesidad» y denunciaba que el aparcamiento aeroportuario se ha convertido en un auténtico «peaje obligatorio» para la ciudadanía.

    El portavoz del Grupo Popular en el Cabildo, Claudio Gutiérrez, ha subrayado que esta situación es «especialmente grave en una isla donde muchas personas dependen del coche para acceder al aeropuerto por las carencias en materia de transportes, los horarios laborales y la dispersión geográfica de numerosos núcleos poblacionales».

    El coste de aparcar dentro del aeropuerto, ha subrayado, «supone otro castigo más para los majoreros por el simple hecho de vivir en esta isla».

    La moción también pone el foco en la situación de los trabajadores del aeropuerto y de las empresas auxiliares que operan en las instalaciones aeroportuarias, al denunciar que AENA les obliga a pagar tarifas «desorbitadas» para poder acudir a su puesto de trabajo.

    «Personal de seguridad, limpieza, mantenimiento, ‘handling’, comercios, restauración o asistencia aeroportuaria soportan diariamente un sobrecoste añadido simplemente por estacionar su vehículo durante su jornada laboral», ha señalado Gutiérrez.

    A su juicio, «es incomprensible que AENA obtenga beneficios millonarios mientras castiga económicamente a quienes sostienen el servicio aeroportuario cada día».

    La iniciativa reclama concretamente la implantación de una bonificación del 75.  % para residentes canarios en el parking aeroportuario, siguiendo el mismo criterio que ya se aplica al descuento de residente en el transporte aéreo y marítimo.

    Asimismo, el PP solicita la creación de zonas de aparcamiento gratuitas en los nuevos espacios que proyecta AENA en las inmediaciones del aeropuerto, destinadas a los trabajadores y a las empresas prestatarias de servicios auxiliares.

    Los populares consideran que la política tarifaria actual de AENA no tiene en cuenta la realidad ultraperiférica de Canarias ni el impacto económico que estos costes tienen sobre las familias y trabajadores de Fuerteventura.

    «El Gobierno de España y AENA deben dejar de ver Canarias únicamente como una fuente de ingresos y empezar a comprender las dificultades reales que supone la insularidad y la doble insularidad para miles de ciudadanos que acudimos a las islas capitalinas para ir al médico, para trabajar o acceder a servicios que, por desgracia, aún no tenemos en nuestras islas de referencia», ha concluido Gutiérrez. EFE

  • El Parlamento de Canarias deja ultimada la reforma de la ley de cabildos con la abstención de Vox

    SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 May. (EUROPA PRESS) –

    La comisión de Gobernación, Justicia y Sociedad del Parlamento de Canarias ha dejado ultimada este jueves la reforma de la ley de cabildos con los votos a favor de los grupos del cuatripartito –CC, PP, ASG y AHI–, PSOE y NC-BC, y la abstención de Vox.

    El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha valoracdo que ahora los cabildos podrán ir «más allá» en sus competencias como la posibilidad de construir residencias universitarias en Tenerife o en Gran Canaria o costear el alojamiento de pacientes que van a otra isla y pierden el vuelo.

    Acosta ha lamentado que no haya salido adelante su enmienda para que la estructura de personal no esté «sobredimensionada» y sea «más comedida» pues no es lo mismo el Cabildo de El Hierro o La Gomera que los capitalinos, con más de 1.000 millones de presupuesto.

    Jesús Ramos (ASG) ha indicado que esta ley es una de las «más importantes» de la legislatura y reconocido el «trabajo exhausto» de la Fecai, que ha personificado en la figura del vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano.

    Ha valorado que se cumpla con el nuevo Estatuto de Autonomía, que establecía la «doble condición» de los de los cabildos insulares como institución local y comunidad autónoma, lo que va a permitir acometer «muchísimas mejoras» en la gestión del personal o las competencias.

    Así, ha destacado por ejemplo el fondo de solidaridad interinsular porque hay islas a las que les «cuesta muchísimo más salir adelante» de ahí que esta ley sea «necesaria» y vaya a salir con el «máximo consenso posible».

    El portavoz de Vox, Nicasio Galván, se ha preguntado si esta ley «realmente mejora la vida de los canarios», si «reduce las trabas burocráticas y regulatorias» y si baja el gasto público «o lo que hace es aumentar la creación de chiringuitos, puestos políticos o puestos de libre designación».

    Ha criticado la «ideología de género» que tiene la nueva ley, ha cargado contra las «designaciones a dedo», el incremento de gasto en asesores y personal de confianza y que no haya límite en la contratación de personal eventual.

    Galván también se ha opuesto a que la Fecai se arrogue la representación de los cabildos ante el Gobierno de Canarias, cree que el fondo de contingencia se incluye para «aparentar» y ha tildado de «aberración» que no haya límites con los salarios de los cargos políticos.

    El portavoz de NC-BC, Luis Campos, ha dicho que la nueva ley viene a «desarrollar plenamente todas las potencialidades» del Estatuto de Autonomía y el autogobierno de cada isla, consolidando la «condición dual» de los cabildos.

    PP: VA A FAVORECER LA VIDA DE LOS CIUDADANOS

    Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha comentado que los cabildos son «el ayuntamiento más grande de una isla» y atiende todas las necesidades de sus ciudadanos frente a la «vista de pájaro» del Gobierno de Canarias. «Estoy convencida que va a favorecer la vida de los canarios con esta nueva ley», ha señalado.

    Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha valorado el consenso alcanzado entre los grupos parlamentarios y la Fecai y que se pueda «actualizar» el nuevo Estatuto, subrayando que se gana en una «mayor seguridad jurídica», más autogobobierno y se refuerza el papel de los cabildos.

    «Tenemos una norma mucho mejor y esperamos que pueda servir a la función de mejorar la vida de los canarios en cada una de las islas», ha comentado.

    Nayra Alemán (PSOE) ha destacado el «trabajo serio y útil» de la ponencia para reformar la ley de cabildos con el fin de «fortalecer» las corporaciones insulares ante los «retos» que tienen por delante, al tiempo que ha destacado que su partido ha antepuesto el «interés general y la estabilidad institucional a cualquier otra consideración partidista».

    En esa línea ha comentado que la ley «moderniza» el funcionamiento de los cabildos y los lleva «al siglo XXI», mejora la seguridad jurídica, clarifica competencias y les dota de mejores herramientas de organización y gestión.

    «La mayoría de los grupos hemos entendido que esto no era una ley para la confrontación, sino para reforzar el autogobierno insular y sobre todo dar respuestas a la ciudadanía», ha explicado.

  • El Cabildo corrige las deficiencias estructurales en la residencia Amavir de Tías

    Arrecife (Lanzarote), 28 may (EFE).

    – El Cabildo de Lanzarote ha reforzado la supervisión de la residencia de mayores Amavir, en Tías, y ha corregido las deficiencias estructurales existentes, ha asegurado este jueves el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña.

    El consejero ha comparecido a petición propia en la sesión plenaria del Cabildo para informar sobre las actuaciones realizadas por la corporación en la residencia y las medidas impulsadas desde 2023 para corregir las deficiencias detectadas en el centro sociosanitario.

    Durante su intervención, el consejero defendió que el actual grupo de gobierno heredó una residencia “en estado deficitario marcada por la falta de supervisión y por un contrato asistencial que había quedado desfasado respecto al perfil real de sus usuarios, indicado el Cabildo en un comunicado.

    Acuña ha recordado que el PSOE eliminó en 2020 la Unidad Técnica de Supervisión de plazas sociosanitarias, dejando durante cuatro años “sin control efectivo” el seguimiento del servicio.

    “Cuando este grupo de gobierno recupera la unidad y vuelve a supervisar el funcionamiento de la residencia, aparecen deficiencias que llevaban años sin abordarse”, ha señalado.

    Según Acuña, una de las primeras decisiones adoptadas por el actual grupo de gobierno fue recuperar y reforzar la Unidad Técnica de Supervisión, duplicando personal e intensificando inspecciones y visitas sin previo aviso a los centros sociosanitarios.

    Ha explicado que los informes técnicos reflejaban problemas relacionados con limpieza, mantenimiento, organización interna y falta de personal suficiente para atender un perfil de usuarios con un nivel de dependencia mucho mayor al previsto en el contrato original.

    «El problema de fondo es que el contrato ya no tenía el músculo necesario para disponer de los profesionales que requiere actualmente el centro», ha señalado el consejero, quien ha recordado que la mayoría de residentes presentan necesidades asistenciales de medio-alto requerimiento.

    El consejero ha detallado que el Cabildo volvió a activar el expediente de modificación contractual para adaptar el servicio al perfil real de usuarios de la residencia, incorporando un modelo de medio-alto requerimiento que permitiera mejorar la atención y dimensionar adecuadamente los recursos profesionales.

    El consejero recordó además que fue la propia Corporación quien solicitó al Gobierno de Canarias la inspección del centro y quien abrió un expediente informativo para esclarecer las incidencias detectadas y exigir medidas correctoras a la empresa adjudicataria.

    En su comparecencia, Acuña ha informado de que el órgano instructor del expediente informativo concluye que las medidas correctoras aplicadas han permitido “restituir el funcionamiento de la residencia con garantías adecuadas de atención y cuidado”.

    Entre las actuaciones desarrolladas desde 2023 destacan el refuerzo de personal, planes específicos de limpieza y mantenimiento, reorganización de servicios, incremento de inspecciones, reuniones con familias y trabajadores y programas de formación sociosanitaria.

    EFE1012213sgc/cda

  • Empresas de atención a la dependencia denuncian que falta de diálogo del Gobierno canario

    Las Palmas de Gran Canaria, 28 may (EFE).

    – La Asociación Canaria de Empresas de Atención a la Dependencia (ACEMAD) denuncia la falta de diálogo con la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y asegura que el sector se encuentra “en modo supervivencia”.

    La situación es “crítica y límite” debido al aumento de costes, la escasez extrema de personal cualificado y la ausencia de medidas urgentes que garanticen la sostenibilidad del servicio, indica la asociación en un comunicado.

    “Estamos sosteniendo un servicio esencial con plantillas agotadas, una financiación desfasada y sin interlocución real con la Administración”, afirma ACEMAD en un comunicado en el que advierte de que, si no se adoptan medidas inmediatas, muchas empresas podrían verse obligadas a reducir horas de atención o incluso renunciar a nuevos usuarios dependientes.

    Uno de los principales problemas señalados por la asociación es la escasez de auxiliares titulados para prestar atención domiciliaria, una situación que ya está provocando listas de espera “jamás vistas” en varias islas.

    Según ACEMAD, pese a contactar con academias, organismos públicos y centros de formación, apenas reciben candidaturas para cubrir vacantes.

    “Muchas empresas quieren atender a nuevos dependientes reconocidos por la Administración, pero simplemente no cuentan con personal disponible”, aseguran.

    La organización también alerta del elevado absentismo laboral, agravado por bajas de larga duración que, según denuncian, carecen de seguimiento efectivo.

    “Hay empresas con porcentajes de bajas imposibles de sostener”, subrayan.

    Ante esta situación, ACEMAD propone flexibilizar temporalmente los requisitos de contratación, permitiendo incorporar trabajadores sin titulación oficial bajo el compromiso de obtener la acreditación profesional durante los primeros meses de trabajo, una fórmula ya aplicada en otras figuras del sistema de dependencia como el asistente personal.

    La asociación también reclama una actualización urgente de las Prestaciones Vinculadas al Servicio (PVS), cuyo importe consideran insuficiente para cubrir el coste real de la atención.

    EFEas