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Las Palmas de Gran Canaria, 4 abr (EFE).

– Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil precintaron el lunes un almacén de 4.

585 metros cuadrados en Las Palmas de Gran Canaria al encontrar en su interior residuos altamente tóxicos, entre ellos algunos precursores de explosivos o cancerígenos.

Según ha detallado este viernes la Comandancia de Las Palmas en un comunicado, los agentes del Seprona tuvieron conocimiento de estos hechos en enero de este año, al recibir una denuncia anónima sobre la existencia de una gran cantidad de residuos peligrosos en el interior de un almacén de cinco alturas de la capital grancanaria, derivados de la construcción de instalaciones deportivas.

La Guardia Civil se puso en contacto con la supuesta empresa responsable del almacén, que les negó la posibilidad de acceder a la misma y les instó a presentar una orden judicial para ello.

Al ponerlo en conocimiento de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural del Gobierno canario, e iniciadas las gestiones para requerir al responsable de la nave, los agentes descubrieron que este espacio, aunque era usado por esta empresa de construcción de infraestructuras deportivas, pertenecía realmente a una entidad bancaria después de que la compañía quebrara.

El banco dijo no conocer qué contenido albergaba la nave y autorizó la entrada e inspección del almacén, donde encontraron residuos altamente tóxicos, entre ellos productos considerados como precursores de explosivos y otros cancerígenos, lo que quedó documentado mediante fotos y vídeos.

La colaboración interinstitucional, detalla el comunicado policial, permitió identificar a los responsables legales de los materiales y precintar la nave como medida cautelar, impidiendo su uso hasta la retirada segura por una empresa autorizada.

Finalizada la intervención, se redactó un informe detallado que se remitió a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para determinar la gestión definitiva de los residuos precintados, en un operativo que refleja el compromiso entre la Guardia Civil y el resto de instituciones regionales para proteger el medio ambiente y la prevención de riesgos para la ciudadanía, destaca el Instituto Armado.

EFEcas/jmr

Santa Cruz de Tenerife, 4 abr (EFE).

– Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre como presunto autor de un delito continuado de daños derivado de la quema de tres vehículos estacionados en el municipio tinerfeño de Candelaria.

Los incendios se produjeron de madrugada cuando el ahora detenido supuestamente provocó el incendio de un vehículo y el fuego se extendió al resto de los que estaban estacionados en la zona, tres de los cuales quedaron completamente calcinados y otro más resultó dañado.

Agentes del laboratorio de criminalística realizaron una investigación del lugar del incendio y, en paralelo, efectivos del área de investigación de Candelaria, tras diversas gestiones, obtuvieron indicios que incriminaban al hombre arrestado.

Estos hechos delictivos, señalan fuentes del instituto armado, habían generado «alarma social» entre los vecinos del municipio, ya que este mismo individuo había sido detenido recientemente por la supuesta comisión de otro delito de la misma naturaleza.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Güímar.

EFEjmor/spf

Las Palmas de Gran Canaria, 4 abr (EFE).

– El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes, de forma definitiva, la ordenanza municipal reguladora del servicio de saneamiento y vertidos, la primera en la historia de la ciudad.

La concejala de Aguas, Inmaculada Medina, ha explicado en el pleno que la nueva norma reguladora del servicio de saneamiento y vertidos establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse las conexiones a la red de alcantarillado y los vertidos de aguas residuales procedentes de instalaciones domésticas e industriales.

La norma consta de cuatro capítulos, 62 artículos, un conjunto de disposiciones transitorias y finales, así como un anexo que define, entre otras cuestiones, los vertidos prohibidos, las actividades sujetas a autorización de vertidos o los valores máximos permitidos.

La ordenanza regula que las industrias de nueva implantación, las ya existentes y aquellas que efectúen modificaciones en sus locales deberán disponer, además de las redes de saneamiento (fecales y pluviales), de una red independiente para las aguas de proceso, permitiendo su tratamiento separado si fuera necesario.

También prohíbe el vertido directo o indirecto a la red de saneamiento de cisternas con aguas residuales procedentes de instalaciones domésticas e industriales, y define las infracciones y sanciones aplicables en caso de incumplimiento de la ordenanza.

La norma, ha dicho Medina, tiene el propósito de proteger los recursos hidráulicos, preservar el medio ambiente, velar por la salud de la ciudadanía y de los trabajadores y trabajadoras de los servicios correspondientes, así como asegurar la mejor conservación de las infraestructuras de saneamiento.

Ha recordado que estas ordenanzas se suman a otras iniciativas impulsadas por el actual grupo de gobierno para mejorar la gestión del agua, como el Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua 2024-2033, que contiene una inversión superior a 850 millones de euros, con el objetivo de «renovar, modernizar y adaptar las infraestructuras hidráulicas de la ciudad», o la actualización del Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua de la ciudad, aprobada en el pleno del mes de marzo.

EFE1011668lbl/cda

Santa Cruz de Tenerife, 4 abr (EFE).

– La sala de lo penal del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso presentado por una mujer condenada por estafa procesal e insolvencia punible a la pena de un año y medio de prisión y el pago de 1.

700 euros por haber falsificado unos documentos en los que aseguraba haber depositado 40.

000 euros en el juzgado.

Esta cantidad se corresponde a los apropiados por la venta de un piso ajeno y que nunca devolvió a su dueño, por lo que el juzgado fijó en su momento un embargo en sus cuentas por valor de 53.

500 euros.

Ante el Tribunal Supremo la condenada admitió que la documentación en la que aseguraba haber depositado dinero en el juzgado era «tan burda» que no podía inducir a error, dado que el juzgado tiene medios técnicos para haberse percatado de que eran falsos.

En primera instancia quedó absuelta del delito de insolvencia punible, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), lo impuso también, tal y como pedían la Fiscalía y el denunciante.

La mujer también había presentado un extracto bancario en el que se reflejaba un saldo de casi 43.

500 euros, y una certificación falsa de haber realizado una transferencia por valor de 40.

000 euros al hombre estafado.

Tras decretarse el embargo de su cuenta sólo fue posible hacerse con 600 euros, luego hubo un movimiento de 25.

000 euros del que no se pudo disponer, y finalmente la cantidad recaudada apenas llegó a los 1.

500 euros.

Al argumento de que el juzgado debía haberse percatado de que no había depositado el dinero, tal y como aseguraba, el Tribunal Supremo responde que una cosa es la exclusión del delito de estafa el «engaño burdo o falta de perspicacia, estúpida credulidad o extraordinaria indolencia».

Pero otra distinta es que se pretenda desplazar sobre la víctima la responsabilidad del engaño, a través de un modelo de autoprotección que no está recogido en la legislación.

Añade el Tribunal Supremo que, en principio, la documentación presentada tenía apariencia de ser real aunque en realidad se trataba de un engaño que a la larga iba a ser descubierto o de «corto recorrido» como apunta la sentencia recurrida.

Otros argumentos rechazados por el Tribunal Supremo apuntaban a que se habían incumplido determinados trámites, como ocurrió con la toma de declaraciones, al ratificar que se había llevado a cabo dentro de los seis meses previstos en la legislación.

EFEnra/rdg1012088

Pamplona, 4 abr (EFE).

– La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado este viernes en Pamplona que en los próximos días habrá una propuesta de reparto de menores aunque algunas comunidades no hayan aportado datos sobre sus sistemas de acogida o las cifras que han dado sean muy genéricas.

Rego, quien ha mantenido una reunión de trabajo en el Instituto Navarro de la Juventud, ha señalado a los medios de comunicación que, «lamentablemente», Aragón no ha dado datos, y la Comunidad de Madrid y Extremadura «han dado datos muy genéricos que no reflejan el número de plazas ocupadas» y, por tanto, «es complicado» hacer ahora una propuesta de distribución.

El plazo para hacerlo, ha indicado, termina el 10 de abril y, en caso de no recibir más datos de esas comunidades, se utilizaría la última cifra acreditada que tuvieran sus sistemas de acogida, porque «va a haber una propuesta por parte del Gobierno en cualquier caso en unos días del número de niños y niñas que deben ir a cada uno de los territorios».

Rego ha considerado que «es un criterio casi académico y de sentido común» hacer una distribución equilibrada entre territorios: «De la misma manera que el resto de los servicios públicos que atienden a derechos fundamentales, en el caso de la infancia tenemos que hacer exactamente lo mismo».

Sobre la posibilidad de que alguna comunidad rechace la acogida de menores propuesta por el ministerio, ha asegurado que «la ley hay que cumplirla» y no ha querido opinar «sobre futuribles».

«Hay una obligación de cumplir con la ley y en ese escenario es en el que nos movemos en todo momento», ha dicho Rego, quien ha apuntado que hay «sistemas más tensionados y otros menos tensionados», porque «hay gobiernos autonómicos que han hecho un esfuerzo mayor para dimensionar sus sistemas de acogida».

Hasta ahora, ha incidido, el sistema de acogida era voluntario y las plazas se creaban a demanda, pero «lo que pretendemos es que haya un número de plazas equilibrado que dé una capacidad de respuesta en caso de que sea necesario».

«Es un proceso de transición, de cambio del sistema de acogida, que pretende poner en el centro los derechos de los niños y de las niñas a todos los niveles y poner en valor que el sistema de acogida del Estado es universal, cosa que no ocurre en otros países europeos», ha resaltado.

La ministra se ha reunido también este viernes con la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, para intercambiar información sobre los programas de menores, así como la atención a la población joven en Navarra.

EFEjr/mg/aam(foto) (vídeo)

Santa Cruz de Tenerife, 4 abr (EFE).

– El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene cerrado el acceso al parque García Sanabria, medida que seguirá vigente mientras duren las labores de inspección de los daños ocasionados en el arbolado por la borrasca Nuria, y se garantice la seguridad de los viandantes.

En un comunicado, el alcalde, José Manuel Bermúdez, declara que la seguridad de los vecinos y vecinas es prioritaria y resulta «fundamental» asegurarse de que no hay riesgos derivados del viento y de las condiciones meteorológicas adversas asociadas a la borrasca.

El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explica que se ha colocado un balizamiento en los puntos de acceso al parque para evitar que se acceda a la zona mientras se realiza la inspección del arbolado.

«Sabemos lo importante que es este parque para la ciudadanía, pero, en estos momentos, lo primero es la seguridad.

Revisaremos cada árbol y volveremos a abrir el parque -cuando- se pueda garantizar que no hay ningún riesgo», asegura.

El Ayuntamiento de Santa Cruz solicita la colaboración de la ciudadanía para respetar el balizamiento y las restricciones de acceso.

La Policía Local informó el jueves de que tuvo que sacar del parque García Sanabria a varias personas que se había saltado el precinto.

EFEjmor/rdg

Santa Cruz de Tenerife, 4 abr (EFE).

– La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional mantiene su condena a 12 años y medio y 10 años y medio de cárcel y una multa que en total suma 310 millones de euros a dos tripulantes de un velero que fue interceptado en aguas canarias con 2,2 toneladas de cocaína.

A finales del pasado año la Audiencia emitió la primera sentencia condenatoria, que fue recurrida ante este mismo órgano con idéntico resultado.

La operación tuvo lugar sobre las cinco de la mañana del 24 de agosto de 2023 por parte de un buque de la Armada española que localizó al velero y envió dos embarcaciones para que procedieron al abordaje.

A bordo estaban los dos condenados y otras cinco personas más que quedaron absueltas, además de 89 bolsas de deporte, cada una con 25 kilos de cocaína hasta sumar algo más de 2.

200 kilos.

Los tripulantes y la carga fueron trasladados a un buque español y se procedió al hundimiento del velero ante la imposibilidad de desplazarse por sus propios medios dado su mal estado.

Una vez llegaron al puerto de Las Palmas se comprobó que la pureza de la cocaína era de un 93%, por lo que el valor de cada uno de los kilos hubiese alcanzado cerca de 36.

000 euros.

Las defensas plantearon sin éxito tanto en la primera instancia como ahora en la segunda, la ilegalidad del abordaje dado que las autoridades holandesas y polacas no lo habían autorizado, a lo que se respondió que desde España se dio vía libre a la operación dado que el barco se encontraba en aguas cercanas a Canarias.

La mecánica de la operación se basaba en abordar la nave cuando estuviera a una distancia prudencial de las islas, donde se pensaba realizar el transbordo de la droga a otra embarcación desconocida para llevarla a puertos deportivos de la Comunidad de Valencia, desde donde sería distribuida por toda Europa.

La Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) solicitó a través del Centro de Inteligencia y Crimen Organizado (CITCO) ante las autoridades de Holanda y Polonia, dado que la embarcación llevaba estas banderas, permiso para el abordaje, a lo que respondieron que no pertenecían a sus países.

Las informaciones recabadas por ese cuerpo apuntaban a un velero que importaba cocaína desde Brasil hasta España que habría partido de Sudamérica el 25 de julio, con el sistema de localización apagado y pabellón de Holanda, que luego cambió por el de Polonia, y que se situaba a unas 1.

200 millas de Canarias cuando fue abordado.

EFEnra/jmor1012088

Barcelona, 4 abr (EFE).

– El Gobierno ha retirado el recurso que presentó contra el requerimiento del Tribunal Supremo que le ordena hacerse cargo de 1.

008 menores solicitantes de asilo que están en Canarias.

Así lo ha anunciado este viernes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en Barcelona, donde se reúne los consejeros de las comunidades con competencias en Justicia.

El Supremo dictó el 26 de marzo una medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a garantizar en diez días la acogida de unos mil menores migrantes no acompañados que están actualmente a cargo de los servicios de protección de Canarias, aunque la Abogacía del Estado anunció recurso contra esta decisión.

El Ejecutivo, sin embargo, ha decidido retirar ese recurso después de la reunión que mantuvieron este jueves el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para abordar esta cuestión.

En declaraciones a la prensa, Bolaños ha dicho que el Gobierno ha dado este paso «como muestra de lealtad y buena fe en la negociación» y con el objetivo de «trabajar en el acuerdo y no tanto en el procedimiento judicial».

El ministro ha indicado que el Gobierno está trabajando en cómo dar cumplimiento al auto de medidas cautelares del Supremo y que por ello ha abierto un proceso de diálogo y negociación con Canarias.

«Queremos trabajar en cooperación con el gobierno canario y así lo estamos haciendo».

Ha dicho que la reunión del jueves fue «muy productiva» y que es una muestra de que el Ejecutivo quiere actuar «con lealtad institucional» y «buena fe negociadora».

«Creo que podremos llegar a un acuerdo las dos partes para dar cumplimiento al auto del Supremo», ha remarcado.

Bolaños ha insistido en que si el Gobierno desiste del recurso es «para trabajar en el acuerdo y no tanto en el procedimiento judicial», ya que el diálogo es siempre «una medida adecuada de solución de conflictos».

De esta manera, ha añadido, se quiere facilitar «que las dos partes puedan hablar, se sienten a la mesa, busquen soluciones, pactos y eviten litigios».

«La cultura del acuerdo ha de predominar frente a la cultura del litigio», ha subrayado Bolaños.

EFEgb-sg/pll/mcm(Foto) (Vídeo)

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 4 abr (EFE).

– El Cabildo de Fuerteventura ha desactivado el Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de Fuerteventura (PEIN), tras finalizar la alerta por viento, ha informado la Institución insular en un comunicado.

La desactivación se produce tras pasar la declaración de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias de situación de alerta a prealerta’ por vientos en la isla.

Con su desactivación, se recuperan todas las actividades deportivas y al aire libre que quedaron suspendidas durante la situación de alerta.

EFE1011279evs/as

Las Palmas de Gran Canaria, 4 abr (EFE).

– La Policía Nacional y un juzgado de Telde (Gran Canaria) investigan la presunta comisión de varias agresiones sexuales por parte de un trabajador de un centro de fisioterapia de la ciudad, tras presentar cuatro denuncias usuarias que relatan actos inapropiados que carecían de justificación médica.

Según ha detallado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado, las denuncias se presentaron entre agosto y diciembre de 2024 por al menos cuatro usuarias de este centro de fisioterapia, si bien los agentes mantienen abierta la investigación para determinar si existen más víctimas de estos hechos.

Según lo descrito por estas cuatro denunciantes, el investigado habría aprovechado su posición de confianza para cometer actos inapropiados y comportamientos que no se ajustaban a tratamientos legítimos.

La investigación que inició la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Comisaría de Telde reveló, además, que este trabajador no estaba colegiado en el Colegio Oficial de Fisioterapia de Canarias, que es un requisito necesario para ejercer esta profesión de manera legal.

La Policía Nacional detuvo el pasado mes de febrero a este trabajador, que tras pasar a disposición judicial es formalmente investigado por presuntos delitos de agresión sexual, decretándose la toma de muestras biológicas para realizar pruebas de ADN, cuyos resultados están todavía pendientes, ha precisado la Policía Nacional.

EFEcas/cda