Las Palmas de Gran Canaria, 4 abr (EFE).
– El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la nueva Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos, que tiene una media de unos 150 euros por familia.
El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, ha asegurado en el pleon que esta medida «es obligatoria para todas las administraciones locales», según la normativa europea y nacional.
En el caso de las viviendas, la cuota básica será de 108,45 euros y la cuota por generación, de 40,88 euros, con lo que la cuantificación total es de 149,33 euros.
El Ayuntamiento contempla una reducción en la cuota tributaria básica para las familias numerosas del 50% y del 75% en el caso de familias numerosas especiales, y para los sujetos pasivos en situación de exclusión social podrán beneficiarse de una reducción en la cuota total, con bonificaciones que podrían llegar al 100%.
Ha subrayado que se trata de «importantes bonificaciones para las personas que realicen la correcta separación de residuos» bajo la premisa de «quien contamina, paga», y cuyo devengo correspondiente se efectuará el 1 de enero de 2026.
Hernández Spínola ha destacado «el contexto» en el que la ordenanza se ha elaborado que garantiza «el coste efectivo en la prestación del servicio y la necesidad de una renovación completa de las tecnologías que hacen posible su funcionamiento».
Entre las acciones de renovación, ha detallado que el Ayuntamiento prevé la incorporación de nuevas tecnologías que permitirán personalizar las bonificaciones y optimizar la gestión de los residuos.
La tasa se basará en el volumen de residuos generados, y prevé bonificaciones para «incentivar a la ciudadanía y a los negocios a reducir su huella ecológica» mediante «una fórmula que combina una cuota básica y una cuota por generación».
La fórmula de cálculo de la cuota se compone de una cuota tributaria básica, que pagarán todos los inmuebles por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos, y una cuota por generación, y sobre esta última se aplicará un porcentaje que atienda a la calidad de la separación de los residuos.
El proyecto de ordenanza establece también bonificaciones por la participación en recogidas separadas para su posterior reutilización y reciclado, por la separación y entrega de materia orgánica en contenedores específicos para estos residuos y una bonificación del 50% de la cuota por generación las empresas de distribución alimentaria y restauración que colaboren con entidades de economía social sin ánimo de lucro y que cuenten con sistemas de gestión que permitan reducir los residuos alimentarios previamente verificados por el Ayuntamiento.
La nueva tasa de basuras ha sido aprobada con 15 votos a favor del grupo de gobierno y 13 en contra de los grupos de la oposición (PP-VOX-Mixto).
El portavoz del PP municipal, Diego López-Galán, ha pedido que esta aprobación quedase sobre la mesa al haberse producido «cambios sustanciales» sobre el texto inicial, pero su propuesta ha sido rechazada.
«Ayer hubo familias que se acostaron teniendo la tasa bonificada y hoy se ha levantado sin ella», porque se añade como reuisito que el valor catastral de la vivienda no puede superar los 72.
000 euros, ha denunciado.
Ha señalado que la obligación legal «no es una tasa directa al ciudadano», porque tal y como consultó el PP europeo «hay más sistemas que una tasa, pero no los exploraron».
Como ha apuntado el portavoz popular, «la tasa podía ser parcial, pero lo fácil y lo cómodo es meter la mano en el bolsillo del ciudadano».
La misma idea ha subrayado el portavoz del grupo Vox, Alberto Rodríguez Almeida, que ha denunciado el «atraco a la cartera con la excusa del reciclaje», porque «no es una mejora, es un sablazo fiscal para los bolsillos de los vecinos».
Además, ha advertido que «deciden sobre nuestras vidas con medidas que ahogan a los ciudadanos porque no es un incentivo, es recaudación pura y dura».
Es un «servicio básico» y que «por lo que ahora pagaremos dos veces por lo mismo», ha señalado, poniendo como ejemplo la tasa de Santa Cruz de Tenerife que está cifrada en 77 euros frente a los cerca de 150 de la capital grancanaria.
La fórmula para evaluar la implicación del ciudadano con el reciclaje «es una ataque directo a la intimidad de los ciudadanos» que para disfrutar de «descuentos irrisorios de un 2% tienen que demostrar su buen comportamiento con más control social y burocracia».
Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, ha apuntado que esta tasa «no es justa», porque los vecinos «pagan lo mismo, reciclen o no» con «150 euros que van a pagar porque no se ha sabido gestionar y el servicio es demasiado costoso».
Suárez ha apuntado que «aunque sea obligatoria, no es justa», porque «son 150 euros para el vecino que recicla y el que no» mientras «la ciudad sigue sucia».
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