Las Palmas de Gran Canaria, 5 may (EFE).
– La exsecretaria general de UGT en Canarisa y expresidenta del patronato de Fundescan Alicia Rodríguez ha afirmado este lunes ante la Audiencia de Las Palmas que el Servicio Canario de Empleo (SCE) «nunca» objetó las justificaciones de las subvenciones que se concedieron al sindicato para los planes de formación a personas ocupadas en 2006 y 2007.
En la nueva sesión del juicio que se sigue por el presunto fraude en el uso de las subvenciones recibidas por UGT entre 2006 y 2009 para fomentar el empleo a través de Fundescan, creada al amparo del sindicato, Rodríguez ha explicado que un economista se encargaba de los contratos programas de formación y que los equipos técnicos eran los que fijaban los costes directos en los convenios entre ambas entidades para ofrecer los cursos, y que estos, a su vez, eran validados por el SCE.
Según una de las principales acusadas en la causa, había costes asociados que eran «difíciles de individualizar» y los equipos técnicos se encargaban de «los ajustes» y confiaba en ellos, al tiempo que ha insistido en que el SCE «nunca» dijo que estuvieran mal.
Rodríguez ha asegurado también que «nunca se justificó (en las subvenciones) pagos a los tres liberados sindicales», en relación a la estafa continuada de la que se le acusa por la contratación con cargo a esos fondos para cursos de formación de tres liberados de UGT, uno de los cuales también figura como imputado en la causa.
Ha detallado que del contrato programa de 2008, que se ejecutó en 2009, sólo participó en el inicio porque a mitad de ese año dejó de ser secretaria general de UGT y también presidenta de Fundescan, y que hasta esa fecha la fundación estaba al día con los costes sociales y por eso seguía recibiendo subvenciones.
En cuanto al contrato programa de 2007, la acusación ejercida por el Gobierno de Canarias y apoyada por la Fiscalía ha retirado este lunes el delito contra la hacienda pública relativo a ese año, al considerar que la cantidad defraudada, 72.
816 euros, no llega al umbral mínimo del delito (120.
000 euros) por el que solicitaba una condena de dos años y medio de prisión, si bien mantiene los referidos a los años 2006, 2008 y 2009 para los que reclama la misma pena.
Rodríguez, al igual que los otros doce acusados, solo ha respondido a las preguntas formuladas por sus letrados.
El imputado López Naranjo, que fue vocal del patronato de Fundescan entre los años 2003 y 2009 y presidente de la fundación ese último año, cuando también formó parte de la ejecutiva de UGT, ha explicado que en la etapa de su presidencia no hubo contrato con el sindicato para impartir cursos y que él no tuvo conocimiento de la gestión de los programas de formación mientras fue vocal.
Así mismo, ha negado conocer que los tres liberados de UGT estuvieran contratados por Fundescan, lo supo en 2010 en el Juzgado de lo Social, y ha manifestado que no intervino en la justificación de las subvenciones recibidas en 2008 ni de las de 2009 al no estar ya en la ejecutiva del sindicato.
Ha explicado también que al tomar posesión como presidente del patronato en 2009, se encargó un estudio de los distintos departamentos y una auditoría, pero hubo problemas parar localizar documentación de los años 2007 y 2008.
Por su parte, la acusada Manuela Fernández, miembro del patronato entre los años 2003 y 2009 y de la Ejecutiva Regional de UGT desde mayo de 2002 hasta junio de 2009, ha señalado que «no conocía que hubiera reparo» en las justificaciones de las subvenciones de los contratos programas de los años 2006 y 2007, y que del 2008 se lo imagina porque de este último ya no hizo el seguimiento.
Fernández ha subrayado que UGT, para los contratos programas de esos tres años, «puso todos sus recursos» de personal e infraestructura y que, como secretaria de actas del patronato de Fundescan, «nunca» tuvo que incorporar quejas sobre las cuentas ni de otro tipo.
Esta acusada ha afirmado que el sindicato cumplió a «rajatabla» y «con creces» el objetivo de formar a trabajadores ocupados, entre 7.
000 y 7.
500 al año de cada contrato programa.
El gerente de Fundescan hasta 2009 y también imputado, Miguel Pérez, ha señalado que cuando dejó el cargo, dejó preparados más de 200.
000 euros en talones y otra cantidad similar para hacer transferencias para que no hubiera problemas para pagar lo que ya estaba justificado.
Su sucesor, el que fue secretario general de UGT desde 1998 hasta 2005, el acusado Carlos Ucha, ha declarado que lo primero que hizo al ocupar la gerencia de la fundación fue solicitar información para conocer la situación de los distintos departamentos e inició los trámites para que se efectuara una auditoría ante los problemas de liquidez que advirtió.
El resto de miembros del patronato de Fundescan y de la comisión ejecutiva regional de UGT que figuran como acusados en la causa también han negado tener capacidad para contratar a personal y han dicho que desconocían que tres liberados de UGT estuvieran contratados por la fundación.
Así mismo, han indicado que la comisión ejecutiva de UGT se limitaba a aceptar la subvención concedida por el SCE y no decidía sobre la distribución de los fondos, y que cuando no se podían llevar a cabo cursos se devolvía el dinero.
El juicio continuará el próximo viernes con los informes finales de las partes, si bien no se descarta que pueda haber un acuerdo a la hora de fijar las conclusiones.
Las cuatro acusaciones, la ejercida por el Ministerio Fiscal, el Gobierno de Canarias, 40 trabajadores en grupo y un empleado por separado de Fundescan, aprecian en la causa un delito continuado de estafa del que acusan a cuatro de los procesados y delitos de defraudación en materia de subvenciones por los que piden condenas de entre uno y 14 años de cárcel.
En esta causa también está imputado, como responsable civil de los presuntos fraudes cometidos, el propio sindicato UGT.
EFEcda/cas(foto)