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Las Palmas de Gran Canaria, 5 may (EFE).

– El presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, ha dicho este lunes tras ampliar su contrato hasta 2027 que las renovaciones de Willy Villar, Jaka Lakovic y la suya «significan la continuidad de un trabajo que se viene haciendo bien en todos los niveles del club».

En declaraciones a los periodistas tras el anuncio de su continuidad, a expensas de ser ratificado en el Consejo de Administración del club, Savané ha señalado que «no me sentía cómo dejando el trabajo a medias», por lo que tras cumplir los tres años de mandato en los que «me han dejado trabajar» y tras «una evaluación muy positiva» sentía la necesidad de continuar liderando a los claretianos.

«Cuando hablamos de objetivos no es solo tener la voluntad de hacerlo, sino también la capacidad de sellarlos.

Cuando pretendes crecer, los demás también, por lo que a veces das dos pasos y el resto también, lo que puede hacerte ver equivocadamente que no avanzas», ha relatado Savané sobre el horizonte de crecimiento del Gran Canaria.

El máximo mandatario del Dreamland Gran Canaria ha reconocido que «no costó mucho convencer a Lakovic» para su continuidad en el club, ya que el esloveno «apostó por continuar desde hace mucho tiempo», pero la rúbrica y el anuncio se han dilatado porque el técnico «siempre ha puesto al club por delante de sus asuntos personales».

«Donde muchos dirían qué pasa con lo mío, Lakovic siempre tenía en mente el próximo objetivo del Dreamland Gran Canaria.

Nunca hemos estado muy lejos.

El sprint final ha sido después de las eliminatorias de Eurocopa», ha detallado.

Savané ha reconocido que el primer objetivo del proyecto de la temporada 2025/2026 era «mantener a Jaka Lakovic», para luego intentar encontrar en el mercado de verano las piezas que añadir a «una base de jugadores muy reconocible» y «sorprender un año en Eurocopa y otros en Copa del Rey o en los play-off de Liga Endesa».

Sobre las dudas generadas en cuanto a competir en Eurocopa o en Liga de Campeones, el presidente claretiano ha insistido en que «no tenemos claro en qué competición europea vamos a estar la temporada que viene», ya que antes de tener posibilidad de elegir, el equipo debe clasificar a través de Liga Endesa.

«Si acabamos en décima posición igual no tienes qué elegir y te comes las lentejas que tocan.

Ahora toca hacer un buen sprint final liguero para ver en qué posiciones estamos y las posibilidades que nos ofrecen», ha incidido.

A lo largo de su mandato, la sección femenina del CB Gran Canaria ha crecido, pero «todavía desde una parte amateur», lo que ha permitido enmendar «una aberración histórica», si bien el club solamente dispone de la cantera y de un sénior femenino solo a nivel autonómico.

«En Gran Canaria tenemos a un club histórico como el CB Islas Canarias, que lleva muchísimo tiempo arriba y con quien tenemos una muy buena relación.

Por ahora solo estamos en el punto de tener una cantera femenina y todavía no está sobre la mesa tener un equipo nacional.

Para que esto se dé el camino más lógico será una fusión con el Spar Gran Canaria, pero esto ya no depende solo de nosotros», ha manifestado Savané.

EFE(foto)1012208phd/mrgz

Arrecife (Lanzarote), 5 may (EFE).

– El Consorcio del Agua de Lanzarote ha sacado a licitación las obras de saneamiento y la construcción de una estación depuradora de aguas residuales en el pueblo de El Golfo, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), un proyecto que cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros.

De esa cantidad, un millón será financiado mediante una subvención del Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que el resto será aportado por el propio Consorcio del Agua de Lanzarote con fondos propios, ha informado este lunes en un comunicado el Cabildo de Lanzarote.

Esta actuación forma parte del convenio suscrito en 2017 entre el Consorcio y el entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, actualmente Ministerio para la Transición Ecológica.

El proyecto contempla la instalación de una estación de depuración de aguas residuales, la red de saneamiento y un sistema de almacenamiento y reutilización de las aguas tratadas, reduciendo el impacto ambiental de la actividad humana en la zona.

La licitación se ha publicado el pasado 2 de mayo en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a través de un procedimiento abierto y simplificado de tramitación urgente.

El plazo para la presentación de ofertas está abierto hasta el 23 de mayo.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, ha destacado que, con esta obra, se ha «desbloqueado un proyecto que llevaba ocho años atascado y que viene a dar respuesta a la histórica reivindicación de los vecinos».

EFE1012213sgc/mrgz

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 5 may (EFE).

– La Policía Local de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha identificado a dos personas que pescaban de manera ilegal en la zona de Puerto Lajas.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha informado de que el pasado 2 de mayo recibieron un aviso de que se estaba realizando pesca ilegal en la zona de Puerto Lajas Sur.

Agentes de la Policía Local se desplazaron al lugar donde pudieron comprobar cómo dos personas estaban realizando labores de pesca ilegal, mediante el uso de un trasmallo fino.

Tras identificar a las dos personas, se les incautaron más de 50 kilos de pescado que se entregaron a una ONG.

La Policía Local tramitó expedientes, por infracciones a la Ley de Pesca del Gobierno de Canarias.

EFE1011279evs/as

Santa Cruz de Tenerife, 5 may (EFE).

– Sindicalistas de Base ha anunciado este lunes que iniciará movilizaciones en las puertas de «todos aquellos hoteles que hayan decidido sancionar a los trabajadores que secundaron la huelga general de hostelería de los días 17 y 18 de abril».

En un comunicado, el sindicato ha puesto de ejemplo al Hotel Vincci Plantación del Sur, en Tenerife, donde se concentrarán en señal de protesta, según ha especificado el portavoz sindical Manuel Fitas en una nota.

Asimismo, ha recordado que han recurrido ante la justicia «el inadmisible decreto de servicios mínimos impuesto por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, absolutamente abusivos en una huelga en un sector no esencial, llegando a imponer en el servicio de limpieza un 15 %» que han considerado inconstitucionales.

Sindicalistas de Base también ha denunciado la designación «unilateral» de las personas en cada departamento de los establecimientos hoteleros para realizar esos servicios mínimos, que según el sindicato «fueron mucho más allá de los servicios para garantizar la seguridad de las instalaciones y las personal y se convirtieron en servicios máximos».

Esas designaciones, ha añadido el sindicato, supusieron un evidente debilitamiento de los efectos de la huelga y del esfuerzo económico de los trabajadores que decidieron secundarla libremente.

El sindicato ha lamentado asimismo que a esa designación «unilateral» de las personas que debían hacer los servicios mínimos se añade un presunto refuerzo de las plantillas hecho, según Sindicalistas de Base, de manera posterior a la convocatoria de huelga a través de empresas de trabajo temporal.

«Todo esto, añadido a las sanciones que pretenden ahora imponer las empresas a las personal designadas a los servicios mínimos que decidieron secundar la huelga supondrá una oleada de demandas de tutela por vulneración de la libertad sindical y el derecho de huelga, en el caso de que no sean inmediatamente retirados los expedientes sancionadores», ha concluido el sindicato.

EFEcmg/rdg

Las Palmas de Gran Canaria, 5 may (EFE).

– La exsecretaria general de UGT en Canarisa y expresidenta del patronato de Fundescan Alicia Rodríguez ha afirmado este lunes ante la Audiencia de Las Palmas que el Servicio Canario de Empleo (SCE) «nunca» objetó las justificaciones de las subvenciones que se concedieron al sindicato para los planes de formación a personas ocupadas en 2006 y 2007.

En la nueva sesión del juicio que se sigue por el presunto fraude en el uso de las subvenciones recibidas por UGT entre 2006 y 2009 para fomentar el empleo a través de Fundescan, creada al amparo del sindicato, Rodríguez ha explicado que un economista se encargaba de los contratos programas de formación y que los equipos técnicos eran los que fijaban los costes directos en los convenios entre ambas entidades para ofrecer los cursos, y que estos, a su vez, eran validados por el SCE.

Según una de las principales acusadas en la causa, había costes asociados que eran «difíciles de individualizar» y los equipos técnicos se encargaban de «los ajustes» y confiaba en ellos, al tiempo que ha insistido en que el SCE «nunca» dijo que estuvieran mal.

Rodríguez ha asegurado también que «nunca se justificó (en las subvenciones) pagos a los tres liberados sindicales», en relación a la estafa continuada de la que se le acusa por la contratación con cargo a esos fondos para cursos de formación de tres liberados de UGT, uno de los cuales también figura como imputado en la causa.

Ha detallado que del contrato programa de 2008, que se ejecutó en 2009, sólo participó en el inicio porque a mitad de ese año dejó de ser secretaria general de UGT y también presidenta de Fundescan, y que hasta esa fecha la fundación estaba al día con los costes sociales y por eso seguía recibiendo subvenciones.

En cuanto al contrato programa de 2007, la acusación ejercida por el Gobierno de Canarias y apoyada por la Fiscalía ha retirado este lunes el delito contra la hacienda pública relativo a ese año, al considerar que la cantidad defraudada, 72.

816 euros, no llega al umbral mínimo del delito (120.

000 euros) por el que solicitaba una condena de dos años y medio de prisión, si bien mantiene los referidos a los años 2006, 2008 y 2009 para los que reclama la misma pena.

Rodríguez, al igual que los otros doce acusados, solo ha respondido a las preguntas formuladas por sus letrados.

El imputado López Naranjo, que fue vocal del patronato de Fundescan entre los años 2003 y 2009 y presidente de la fundación ese último año, cuando también formó parte de la ejecutiva de UGT, ha explicado que en la etapa de su presidencia no hubo contrato con el sindicato para impartir cursos y que él no tuvo conocimiento de la gestión de los programas de formación mientras fue vocal.

Así mismo, ha negado conocer que los tres liberados de UGT estuvieran contratados por Fundescan, lo supo en 2010 en el Juzgado de lo Social, y ha manifestado que no intervino en la justificación de las subvenciones recibidas en 2008 ni de las de 2009 al no estar ya en la ejecutiva del sindicato.

Ha explicado también que al tomar posesión como presidente del patronato en 2009, se encargó un estudio de los distintos departamentos y una auditoría, pero hubo problemas parar localizar documentación de los años 2007 y 2008.

Por su parte, la acusada Manuela Fernández, miembro del patronato entre los años 2003 y 2009 y de la Ejecutiva Regional de UGT desde mayo de 2002 hasta junio de 2009, ha señalado que «no conocía que hubiera reparo» en las justificaciones de las subvenciones de los contratos programas de los años 2006 y 2007, y que del 2008 se lo imagina porque de este último ya no hizo el seguimiento.

Fernández ha subrayado que UGT, para los contratos programas de esos tres años, «puso todos sus recursos» de personal e infraestructura y que, como secretaria de actas del patronato de Fundescan, «nunca» tuvo que incorporar quejas sobre las cuentas ni de otro tipo.

Esta acusada ha afirmado que el sindicato cumplió a «rajatabla» y «con creces» el objetivo de formar a trabajadores ocupados, entre 7.

000 y 7.

500 al año de cada contrato programa.

El gerente de Fundescan hasta 2009 y también imputado, Miguel Pérez, ha señalado que cuando dejó el cargo, dejó preparados más de 200.

000 euros en talones y otra cantidad similar para hacer transferencias para que no hubiera problemas para pagar lo que ya estaba justificado.

Su sucesor, el que fue secretario general de UGT desde 1998 hasta 2005, el acusado Carlos Ucha, ha declarado que lo primero que hizo al ocupar la gerencia de la fundación fue solicitar información para conocer la situación de los distintos departamentos e inició los trámites para que se efectuara una auditoría ante los problemas de liquidez que advirtió.

El resto de miembros del patronato de Fundescan y de la comisión ejecutiva regional de UGT que figuran como acusados en la causa también han negado tener capacidad para contratar a personal y han dicho que desconocían que tres liberados de UGT estuvieran contratados por la fundación.

Así mismo, han indicado que la comisión ejecutiva de UGT se limitaba a aceptar la subvención concedida por el SCE y no decidía sobre la distribución de los fondos, y que cuando no se podían llevar a cabo cursos se devolvía el dinero.

El juicio continuará el próximo viernes con los informes finales de las partes, si bien no se descarta que pueda haber un acuerdo a la hora de fijar las conclusiones.

Las cuatro acusaciones, la ejercida por el Ministerio Fiscal, el Gobierno de Canarias, 40 trabajadores en grupo y un empleado por separado de Fundescan, aprecian en la causa un delito continuado de estafa del que acusan a cuatro de los procesados y delitos de defraudación en materia de subvenciones por los que piden condenas de entre uno y 14 años de cárcel.

En esta causa también está imputado, como responsable civil de los presuntos fraudes cometidos, el propio sindicato UGT.

EFEcda/cas(foto)

(añade detalles sobre el sistema de confirmación, que afecta a las consultas con el especialista)Las Palmas de Gran Canaria, 5 may (EFE).

– La sanidad pública de Canarias exigirá en breve a sus pacientes que, si tienen una cita médica con un especialista, confirmen su asistencia con una semana de antelación, para evitar el gran número de ellas que se quedan vacantes a lo largo del año porque el ciudadano interesado no acude.

La puesta en macha de este sistema de confirmación ha sido anunciada en la celebración del 25 aniversario del teléfono de atención 012 por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha remarcado que no acudir a una cita médica provoca un coste económico e impide a otro paciente utilizar ese turno.

Por ello, se ha decidido exigir la confirmación de la cita ya solicitada, por un sistema del que se informará y del que se darán todos los detalles próximamente, ha señalado la directora general de Transformación Digital, Guadalupe González Taño.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han precisado a EFE que el paciente deberá revisar su cita con una semana de antelación, para confirmar que va a acudir o, si lo necesita, pedir un cambio de fecha.

Asimismo, el 012 prevé implantar la posibilidad de solicitar cita médica en el centro de salud a través de la aplicación de mensajería Whatsapp y también que el ciudadano pueda interactuar con la administración a través de ella.

Actualmente, se ofrece información a través de esta vía, pero los ciudadanos no pueden interactuar con el 012, solo recibir mensajes, ha señalado González Taño.

La incorporación de nuevas herramientas será una ayuda, pero no cambiará la esencia del servicio de atención telefónica, en el que «el trato con las personas es lo más importante», ha asegurado la directora general.

González Taño ha destacado que el 012 no solo ofrece información general sobre la administración autonómica, sino que también ofrece soporte digital al ciudadano para acceder a la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Asimismo, ha recordado que, aunque muchos ciudadanos llaman al servicio principalmente para pedir cita en su centro de salud, también se ofrece información sobre tributos, bienestar social y todas las áreas del Gobierno de Canarias.

EFEas/jmr

Madrid, 5 may (EFE).

– La empresa tinerfeña Wooptix es la única sociedad canaria que ha conseguido ayudas en la segunda convocatoria de proyectos del Perte Chip, con una subvención de 664.

446 euros.

El Ministerio de Industria y Turismo ha adjudicado de manera provisional un total de 53,2 millones de euros a 37 proyectos presentados a la segunda convocatoria del Perte Chipv dentro de la sección de impulso de proyectos de la cadena de valor de microelectrónica.

Los beneficiarios de esta adjudicaciones provienen de 11 comunidades autónomas, según ha informado el Ministerio en una nota de prensa este lunes.

El proyecto que más presupuesto ha recibido es el de Derivados del Flúor, de Cantabria, con 6,6 millones de euros para la industria de semiconductores.

Le siguen en cuantía dos proyectos de Barcelona, el de Ideaded, que ha obtenido 4,7 millones para el desarrollo de transistores; así como el de Inbrain Neuroelectrónics, una compañía que está desarrollando la interfaz neuronal que podrá leer y modular la actividad cerebral para obtener resultados óptimos en terapias, con 4 millones.

En el campo de las herramientas virtuales de computación inteligente aplicadas a la optimización de la microelectrónica, figuran el proyecto de Multiverse Computing, con sede en Guipúzcoa, que ha sido beneficiado con más de 4 millones de euros y que es el cuarto que más financiación ha recibido.

En el desarrollo de materiales disruptivos, figura el proyecto Dragón Elements, que persigue la creación de una fábrica universal de elementos que integran grafeno en aplicaciones opto-electro-mecánicas, y que ha recibido una financiación cercana a los 3 millones.

En materia de seguridad y criptografía, Cipherbit, con un proyecto beneficiado con más de medio millón de euros orientado a seguridad digital y ciberdefensa; mientras que en tecnologías con alto potencial para el sector defensa y aeroespacial figurael proyecto de Aldakin, con más de 300.

000 euros para dar soluciones de microelectrónica para componentes críticos en aeronáutica.

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (Perte Chip) fue aprobado en el Consejo de Ministros el 24 de mayo de 2022, con el fin de impulsar el ecosistema de semiconductores español para que dé un paso decidido hacia la transformación que requiere el sector.

Este Perte cuenta con un presupuesto de 12.

250 millones de euros y está financiado con los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se ejecuta a través de diferentes organismos e instrumentos financieros.

EFEbmc/sgb/jmr

Las Palmas de Gran Canaria, 5 may (EFE).

– La mesa de seguimiento para buscar soluciones al tráfico en Gran Canaria ha anunciado este lunes tres actuaciones inmediatas para aliviar la congestión en la GC-1, centradas en el tramo entre La Mareta y Bocabarranco, y que consistirán en reordenar y ampliar carriles de circulación en ambos sentidos.

Concretamente, se prevén modificaciones de pintura y señalización en el próximo mes en el enlace en sentido sur entre Las Terrazas y La Pardilla, que consistirá en habilitar dos carriles a la izquierda, una línea continua, y otros dos carriles a la derecha, destinados a los vehículos que acceden al casco de Telde, La Pardilla y la zona comercial.

Además, en sentido norte, en la entrada al centro comercial de Las Terrazas, se transformará el actual carril de uso exclusivo para guaguas en un cuarto carril de circulación general, medida que se adoptará en los próximos 15 días.

Con esta medida, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado que se ganará en movilidad y se agilizará el tráfico «en una zona donde se produce un embudo de manera permanente».

Además, también ha indicado que en la zona de La Estrella se habilitará un acceso directo del vial costero de Telde a la autovía en sentido norte, eliminando una zona de peligro en la vía de alta capacidad y mejorando la fluidez del tráfico que se dirige hacia Las Palmas de Gran Canaria.

Morales ha informado de estas medidas tras la segunda reunión de la mesa de seguimiento, en la que han participado el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández; el consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo, Augusto Hidalgo; el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y representantes de los cuerpos de seguridad, la Jefatura Provincial de Tráfico y la Delegación del Gobierno en Canarias.

Estas tres actuaciones inmediatas se acometerán «en la zona donde se produce un mayor estancamiento» en la circulación, ha indicado Morales al manifestar que «esto no va a eliminar la densidad del tráfico ni el exceso de vehículos en la vía», pero va a permitir gestionar mejor el flujo y aliviar los colapsos que se producen a diario.

Las instituciones implicadas han afirmado que seguirán estudiando otras opciones, como la mejora de los enlaces hacia La Mareta y Bocabarranco, y el cruce de Melenara.

En ese sentido, Morales ha recordado que el Gobierno canario «está intentando en la medida posible agilizar la hoja de ruta» para, después del verano, empezar el proceso de adjudicación de los 800 metros de carril de Bocabarranco.

Asimismo, se valoran medidas como la implantación de un carril bus-VAO, la reorganización de horarios escolares y laborales y desarrollar campañas de concienciación para reducir el volumen de vehículos en horas punta.

Para ello, ha dicho, el Gobierno regional ya ha facilitado un estudio sobre los flujos del transporte escolar en el área metropolitana, que será analizado por la comisión técnica en las próximas semanas.

Por otro lado, Morales ha apuntado que el Gobierno central estudia una propuesta para el conjunto de las comunidades autónomas que permita agilizar la retirada de los vehículos en caso de accidente, lo que también contribuiría a mejorar la fluidez del tráfico.

El presidente del Cabildo ha confirmado que la mesa de seguimiento volverá a comparecer el próximo 9 de junio «porque queremos mostrar a la sociedad que las instituciones estamos trabajando de manera coordinada y que estamos arrimando el hombro todas a la vez para buscar alternativas».

EFEmrgz/cas(foto)

Las Palmas de Gran Canaria, 5 may (EFE).

– El presidente del CV Guaguas, Juan Ruiz, ha pedido este lunes al Gobierno de Canarias un incremento en la aportación económica para asentar el proyecto y tener la capacidad de competir en Europa, donde «los gastos son una barbaridad que sobrepasa los 200.

000 euros», una petición que hará extensiva a Cabildo de Gran Canaria y el ayuntamiento de Las Palmas.

En declaraciones a los periodistas tras la recepción del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al Guaguas con motivo de su título de Superliga Masculina, Ruiz ha reclamado que el club necesita unos 60.

000 o 70.

000 euros para hacer frente a los gastos de Liga de Campeones CEV, donde es obligatoria la revisión electrónica, un dispositivo que cuesta «4.

500 euros por partido», ha detallado Ruiz.

El presidente amarillo ha resaltado que el Guaguas terminó 2024 en el puesto 22 del top mundial de voleibol masculino, un puesto que ha subido este año hasta el décimo lugar de 7.

728 equipos de máxima categoría en el mundo, lo que es «un dato para que todos los canarios estemos contentos» con un club que cada año «visita diez o quince países en el mundo».

«En la Liga de Campeones CEV hay que tener en cuenta que la mayoría de equipos nos triplican el presupuesto.

Ojalá nos ayuden y podamos llegar lo más lejos posible, el Guaguas no defrauda nunca», ha incidido.

Ruiz se ha mostrado «muy contento» por la consecución del triplete nacional -Superliga Masculina, Copa del Rey y Supercopa de España-, un hito que refleja el trabajo del club, el cuerpo técnico, la plantilla además de la colaboración de la afición, y también ha puesto en valor seguir la senda de títulos cuando «ganar cada vez cuesta más».

«Hay ejemplos de equipos en Canarias como el Rocasa Gran Canaria (Liga Iberdrola de balonmano) o el CV Haris (Liga Iberdrola de voleibol) que antes solían ganar y ahora no lo consiguen, lo que pone en valor los títulos del Guaguas», ha enfatizado.

De cara a la siguiente temporada, Juan Ruiz ha confirmado la marcha del colocador Ángel Trinidad al voleibol francés, por lo que buscan en el mercado un colocador y un receptor también «que sea nivel europeo y mundial» para afrontar con garantías la competición europea y reforzar al equipo de cara al 50 aniversario del CV Guaguas.

«Trinidad tenía contrato, pero hace un mes y medio me pidió salir.

El Guaguas no quiere tener a nadie que no sea feliz en su trabajo y llegamos a un acuerdo para su marcha.

Si le preguntas ahora posiblemente se hubiese quedado, creo que ahora se ha arrepentido», ha detallado.

Al fichaje ya anunciado del central caboverdiano Hélder Spencer, «uno de los mejores centrales de Europa», Ruiz ha desvelado que el segundo refuerzo de la temporada está firmado, sin especificar quién es, y ha dado por hecha la renovación de Jean Pascal Diedhiou para la temporada 2025/2026.

Por su parte, Fernando Clavijo, ha destacado los «increíbles valores del club, sin quitar mérito a la filosofía propia, la disciplina de los jugadores y a la labor del staff técnico», una fórmula que hace del Guaguas «un equipo tan grande» para el que se tendrán en cuenta las peticiones de Ruiz para «ayudar en la medida de lo posible».

EFE1012208phd/jmr(foto)

Madrid, 5 may (EFE).

– Las comunidades presididas por el PP han afirmado este lunes que la conferencia sectorial sobre menores migrantes ha sido convocada por el Gobierno de forma «ilegal» y han reafirmado que se trata de un mero «trámite» para llevar a cabo un reparto «arbitrario y forzoso» en las comunidades.

Lo ha expresado a su llegada a la conferencia sectorial la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila Ponce de León, acompañada por el resto de consejeros del ramo en representación de las autonomías gobernadas por el PP.

Ha remarcado que el Gobierno convoca la conferencia, presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, porque «tiene que pasar este trámite» y ha insistido en denunciar que se trata de «la continuidad del proceso ilegal» que está llevando el Ejecutivo de Pedro Sánchez para proceder a un reparto «arbitrario» de menores extranjeros no acompañados.

Dávila-Ponce ha asegurado que las comunidades del PP no han tenido «la ocasión de participar en ninguna fórmula» para el reparto y ha reiterado que el real decreto fue «aprobado sin consultar» y «sin tener en cuenta a las comunidades autónomas», que son las que tienen, a su entender, «las competencias exclusivas» para atender a los menores.

Ha considerado la consejera que el Gobierno usa a los menores como «monedas de cambio» para que Sánchez «pueda permanecer en el poder» y para «contentar a un prófugo de la justicia», en alusión al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont.

«Y lo que no puede consentirse es que el Gobierno de España los trate como paquetes asignados a dedo», ha sostenido Dávila-Ponce, que ha añadido que el Gobierno actúa para «dañar precisamente a las comunidades autónomas» del PP, al tiempo que ha asegurado que de 4.

000 menores no acompañados, 2.

000 irán a Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Además, ha sostenido que el Gobierno se «ha inventado» que Cataluña haya llevado a cabo «un esfuerzo» para la acogida de menores y ha apuntado que en los últimos dos años dicha comunidad solo ha creado 5 plazas, mientras que se han abierto 362 plazas en la Comunidad de Madrid.

«Pues es una treta más para intentar maquillar lo que está haciendo este Gobierno con los menores que utiliza como monedas de cambio y que va a trasladar como mercancías», ha insistido la consejera madrileña.

EFEcjr-lll/ram