Las Palmas de Gran Canaria, 20 jul (EFE).
– Nueva Canarias estudiará exigir responsabilidad patrimonial a la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, si el Tribunal Supremo confirma la nulidad de la tasa turística aprobada por el Ayuntamiento, al considerar que su mantenimiento puede generar «graves» consecuencias económicas, jurídicas y presupuestaras para el municipio.
El concejal de Nueva Canarias en Mogán, Juan Manuel Gabella, ha abogado este lunes en rueda de prensa por suspender cautelarmente el cobro de la tasa tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló la ordenanza municipal al estimar que «ni de lejos» cumple el principio legal de que lo recaudado paga un servicio prestado por el Consistorio.
A juicio de Gabella, la decisión de recurrir ante el Supremo y continuar cobrando el tributo puede obligar al Ayuntamiento a afrontar devoluciones millonarias, además de intereses de demora y costes de gestión.
«El verdadero problema ya no es la sentencia en sí, el verdadero problema es cuánto dinero más está dispuesta a poner en riesgo la alcaldesa mientras espera al Tribunal Supremo», ha afirmado el edil al indicar que «si todo esto se tumba, que sea el alcaldesa de Mogán la que pague de su bolsillo esta acción temeraria».
Gabella ha explicado que, si se sigue cobrando la tasa, los establecimientos turísticos quedarán en una situación «muy compleja» porque tendrán que decidir si seguir repercutiendo la tasa, si la van a asumir ellos para seguir pagando y cumpliendo con el Ayuntamiento, si van a tener que provisionar recursos para hacer las devoluciones, modificar contratos con operadores y, además, gestionar reclamaciones.
Además, ha señalado, «si nos negamos a pagarlo, lo va a tener que pagar el hotel».
NC ha insistido en que esta medida no cumple los requisitos que requiere una tasa según la Ley General Tributaria y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que debe haber un beneficio o servicio directo al ciudadano, constar un hecho imponible, y ha insistido en que genera una doble imposición sobre servicios ya regulados.
«Con la definición del hecho imponible tan abierto y tan genérico, es como si estuviéramos pagando el IRPF», ha señalado el concejal.
Gabella ha cuestionado las declaraciones de Onalia Bueno en la rueda de prensa del pasado 14 de julio, en la que afirmó que la tasa no tenía afán recaudatorio, al recordar que cuando la alcaldesa presentó la tasa indicó que «era para equilibrar cuentas».
Igualmente ha criticando que la alcaldesa dijera que la sentencia debería «ser más didáctica», al señalar que «desde la página 28 a la 32» del documento «hay 50 ejemplos» y que la sentencia es «simple», «básica» e «inteligente» porque se limita establecer «qué es una tasa».
Gabella ha considerado «una falacia» que Bueno justificara que el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia porque «Mogán no tenía superávit» al indicar que en el documento de liquidación del año 2025 el interventor señala que el superávit asciende a más de 13,5 millones de euros.
El edil ha señalado que no van a «judicializar la vida política» sino a «agotar la vía administrativa», que contempla la posibilidad de iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial «cuando se acredite el dolo o la mala fe en la tramitación de un expediente», con el objetivo de que «no sean los vecinos, sino la alcaldesa, la que pague el millón y medio de euros, los intereses de demora, el coste de gestión, costas y todo lo que se derive de ello».
A su juicio, «los datos demuestran que la alcaldesa de Mogán utiliza todos los medios a su alcance para propulsar su carrera política y lo hace a costa de los vecinos de Mogán».
Gabella ha manifestado que Bueno «está obsesionada con ser la pionera en todo y nos va a ocasionar un problema muy grave al municipio de Mogán».
«Onalia Bueno buscó notoriedad para alimentar su ego con una medida que carecía de cobertura jurídica, quiso convertirse en referencia política y ha terminado convirtiéndose en protagonista de un sonado ridículo», ha opinado.
Gabella ha señalado que NC presentará una moción en el próximo pleno del Consistorio para solicitar la suspensión cautelar del cobro de la tasa, que considera de «puro sentido común», pedir la revisión de los ingresos previstos para 2025 y preparar un escenario financiero alternativo para garantizar la estabilidad presupuestaria y los servicios públicos.
NC ha defendido también impulsar un impuesto autonómico que siga el modelo gallego, que permite un recargo municipal; revisar las ordenanzas fiscales del municipio para mejorar la financiación de los servicios, y desarrollar la Ley de Municipios Turísticos de Canarias.
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