Santa Cruz de Tenerife, 13 may (EFE).
– El Parlamento canario ha convalidado el decreto para agilizar licencias urbanísticas y ha aprobado tramitarlo como proyecto de ley con el objetivo de mejorar el texto, según el Gobierno, entre críticas de NC y PSOE, que ha afirmado que no es solo para construir vivienda, sino que servirá también para casos como el del Siam Park de Gran Canaria.
Durante el debate de este martes, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha hecho referencia a la demora en el trámite de las licencias en los municipios de pocos habitantes y sin medios técnicos suficientes.
Ha asegurado que la medida servirá para que haya plazos razonables en la concesión de licencias a través de la colaboración público-privada, al externalizar los informes que hasta ahora realizan los ayuntamientos a entidades urbanísticas colaboradoras o a colegios profesionales.
Según Miranda, esto producirá un impulso a la construcción de vivienda y aliviará la carga de trabajo de las oficinas técnicas municipales, además de ampliar nuevos nichos de empleo y economía para profesionales técnicos externos.
«Hay plena seguridad jurídica, se mantiene el control y no supone en ningún caso la privatización de las oficinas técnicas municipales, pues es totalmente voluntario y respeta la autonomía de la administración.
El objetivo es que los promotores obtengan su licencia en plazo razonable, más aproximado a los tiempos que marca la normativa», ha ahondado Miranda.
También ha aseverado que el decreto serviría para impulsar la construcción, desarrollar viviendas asequibles e incentivadas, lo que a su juicio beneficia a familias de clase media o a jóvenes que ya trabajan y no pueden optar a otro tipo de ayudas.
Por parte de la oposición, la diputada del PSOE Patricia Hernández ha acusado al Gobierno canario de «colar por la puerta de atrás una reconfiguración del modelo urbanístico de Canarias» y ha negado que la norma «vaya de vivienda».
«Va de otra cosa, de los de siempre.
De quienes no están preocupados por acceder a una vivienda, de que los que tienen chalets con piscina y se pueden pagar el informe de un arquitecto privado.
Es mentira que sea para las viviendas, porque para el Siam Park de Gran Canaria también es», ha afirmado la diputada socialista, quien ha acusado al Gobierno de ceder soberanía al interés privado.
Ha deseado suerte al consejero «enfrentándose a los funcionarios públicos», pues el decreto es «profundamente ofensivo para los trabajadores y oculta la responsabilidad real de la falta de políticas públicas en materia de vivienda» en las últimas décadas.
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Carmen Hernández ha considerado que el decreto busca favorecer la especulación: «Es terrible usar la emergencia habitacional para favorecer el negocio de la vivienda.
Es lo más triste y patético que he visto desde hace décadas», ha dicho.
Carmen Hernández ha acusado al Gobierno de «jugar al monopoly» con Canarias y de dejar en manos del sector privado las licencias de obra, lo que «pone en grave riesgo la gestión del suelo».
«Si el retraso en la emisión de licencias es razón suficiente para privatizar, ¿por qué no privatizamos la dependencia y la discapacidad y nos ahorramos el sueldo de la consejera, que tarda dos años en emitir informes?», se ha preguntado la representante de NC, que ha expresado «serias dudas jurídicas» sobre la legalidad del decreto.
Por parte del Partido Popular, la diputada Luz Reverón ha pedido «no meter en el mismo saco a todos los ayuntamientos», escuchar las aportaciones de los cabildos y los empleados públicos al respecto, y ha defendido la importancia de que el mecanismo sea opcional.
«A los cabildos les genera ciertas dudas relacionadas con la no vinculación de los informes, por eso es importante tratar el decreto como proyecto, porque todo es mejorable», ha expresado Reverón, que ha opinado que se puede llegar a un acuerdo con los funcionarios que se han quejado.
Por Coalición Canaria, Socorro Beato ha considerado que se trata de una norma «necesaria y valiente» para afrontar la emergencia habitacional y ha afirmado que cada licencia agilizada «llegará a una familia que lo necesita».
«No se trata de especular, nada más lejos de la realidad.
Mantiene intactos los controles sustantivos.
Es falso que se ataque la función pública, respetamos su actividad pero hay que reconocer que muchos ayuntamientos carecen de arquitectos, ingenieros y medios técnicos, y sin eso no hay viviendas», ha concluido.
La diputada de Vox Paula Jover ha indicado que votan a favor para revertir la paralización en la construcción de viviendas y ha pedido agilidad con programas como el de vivienda vacía.
También ha preguntado al Ejecutivo si considera «generosas» las partidas presupuestarias destinadas a vivienda y se ha quejado de la cantidad de gente se quedó fuera de las ayudas del alquiler.
Por la Agrupación Socialista Gomera, Melodie Mendoza ha celebrado que se busque aliviar el colapso que sufren los medios técnicos de algunas oficinas de urbanismo en municipios con menos recursos y ha pedido que las ponencias sobre el proyecto de ley «sean cortas porque hay una emergencia habitacional».
Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente, ha expresado que es «evidente» el problema de escasez de vivienda, ha acusado a algunos diputados de «no entender» en qué consiste una colaboración publico-privada y ha asegurado que «hay evidencia y sobrados motivos para justificar la urgencia de la medida».
EFEcmg/acp
