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Santa Cruz de Tenerife, 14 may (EFE).

– El PSOE en el Parlamento de Canarias ha interpelado en el pleno al Gobierno regional por la baja ejecución presupuestaria de 2024, la peor de los últimos doce años en términos relativos, lo que afecta a la calidad de los servicios públicos, si bien la consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha responsabilizado al ejecutivo estatal, que obliga a las comunidades «a no gastar» e incurrir en superávit para compensar el déficit de la administración general del Estado.

La interpelación la planteó el diputado Manuel Hernández Cerezo, quien en su repaso de la ejecución presupuestaria de 2024 subrayó que solo alcanzó el 89,52%, se cerró el ejercicio con un superávit de 537 millones de euros (cuando tres meses antes la consejera lo había calculado en 173 millones) y recaudó un 7% más en tributos autonómicos, pese al descuento fiscal a las rentas altas por la caída en el impuesto de subvenciones.

«Deben dar explicaciones», porque la falta de ejecución presupuestaria la padecen los ciudadanos en la falta de vivienda pública, la mala gestión en dependencia, la escasa inversión en infraestructuras, los retrasos en la implantación de la educación de 0 a 3 años o la falta de avances en la lucha contra el cambio climático, denunció Hernández Cerezo.

El diputado socialista reclamó a la consejera que aclare si en el capítulo de ingresos su departamento está considerando la posible implantación de un impuesto para las estancias turíscias, cuestión sobre la que Matilde Asián no entró.

En su respuesta, la consejera incidió en la imposibilidad de gastar la totalidad de lo presupuestado debido a las reglas fiscales, que impiden utilizar 440 millones de euros por ser ingresos excepcionales correspondientes a 2022, y a que no se puede consolidar gasto estructural con ingresos temporales, ya que se pondría en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Precisamente el déficit en el que incurre el Estado obliga a que las comunidades autónomas y las corporaciones locales incurran en superávit, denunció Asián.

La consejera reclamó que el Gobierno central adapte la normativa española a la europea en materia de regla de gasto, permitiendo una mayor flexibilidad para las comunidades autónomas.

La falta de esta adaptación está generando una asfixia y un superávit excesivo en las regiones y corporaciones locales, mientras que el Estado incumple la regla de gasto y compensa su déficit con el superávit autonómico, insistió.

También vinculó el grado de ejecución presupuestaria de 2024, un 89,58% frente al 91% de 2023 en factores, con la distorsión que supone la elaboración de presupuestos autonómicos cuando el Estado no cuenta con los suyos, la acumulación de 699 millones de fondos MMR europeos por falta de ejecución en años anteriores o el retraso en las entregas de los fondos estatales.

Pese a estas dificultades, en términos absolutos en 2024 se ejecutaron 11.

352 millones de euros, lo que representa 327 millones más que en 2023 y 1.

632 millones más que en 2022, destacó Matilde Asián.

EFEacp/rdg

Granada, 14 may (EFE).

– Un equipo del laboratorio de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de Granada, en colaboración con Metrotenerife, la empresa que gestiona el tranvía de Tenerife, ha llevado a cabo en la isla la prueba piloto de un innovador sistema de auscultación inteligente de vía ferroviaria.

El objetivo es evaluar el funcionamiento del sistema tranviario mediante la instalación de placas de asiento sensorizadas, denominadas ‘Interactive Pads’, informa la Universidad de Granada.

Las placas, instaladas por los investigadores Miguel Del Sol Sánchez, Amparo Guillén y Guillermo Iglesias Salto, se colocan bajo los raíles y están equipadas con sensores de última generación que monitorizan parámetros clave como vibraciones, esfuerzos dinámicos, temperatura y humedad.

El sistema incorpora además un dispositivo electrónico capaz de transmitir en tiempo real la información recopilada sobre el comportamiento dinámico de la infraestructura y los trenes.

Las pruebas se han realizado en condiciones reales de operación con la colaboración de Metrotenerife, que ha permitido utilizar el tranvía como laboratorio a escala real.

Las placas se han instalado en tres ubicaciones estratégicas, lo que ha permitido recoger información valiosa tanto de la infraestructura como del material móvil.

Según Raúl Parra, director de Proyectos de Metrotenerife, esta colaboración es «clave» para entender mejor el comportamiento del sistema tranviario y anticiparse a posibles fallos.

Esta tecnología, explica el profesor Miguel Del Sol, permitirá no solo detectar fallos de forma temprana, sino también conocer el nivel de carga de los tranvías mediante pesaje dinámico, lo que ayudaría a prevenir la degradación tanto de los trenes como de las vías.

La investigación se enmarca en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y constituye la primera prueba de estas placas inteligentes en un entorno de operación comercial, según la Universidad de Granada.

EFEbol/bfv

Santa Cruz de Tenerife, 14 may (EFE).

– El PSOE ha alertado este miércoles de que hay niños menores de 6 años y bebés lactantes que están en casas de acogida en vez de estar acogidos por familias, lo que es para este partido una situación «injustificable e inhumana»,La diputada del PSOE Elena Máñez ha presentado una moción en el pleno del Parlamento de Canarias, que no ha salido adelante, para llamar la atención al Gobierno de Canarias sobre esta circunstancia «que cronifica el daño a los niños» y que, a su juicio, delega la responsabilidad al Ejecutivo español, cuando la protección de los menores es competencia regional.

Por ello, ha pedido impulsar campañas de difusión y sensibilización más amplias y eficaces para dar a conocer el Programa Canario de Acogimiento Familiar, fomentando la participación de familias que puedan ofrecer un entorno temporal adecuado.

También reforzar los equipos responsables de las valoraciones de idoneidad de las familias acogedoras, con el objetivo de garantizar el acogimiento familiar y prevenir la institucionalización, especialmente de personas menores de tres y seis años.

Según el PSOE, el acogimiento residencial tiene como finalidad ofrecer atención integral en un entorno institucional a personas menores de edad cuyas necesidades materiales, afectivas y educativas no pueden ser cubiertas temporalmente por su entorno familiar.

Sin embargo, ha alertado la diputada de este partido, de que la permanencia en recursos residenciales impacta significativamente en el desarrollo personal, emocional y social de estas personas, motivo por el cual la normativa establece que debe tratarse de una medida subsidiaria y limitada en el tiempo.

Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias han presentado una enmienda de sustitución conjunta en la que, entre otros aspectos, incluyen a los menores migrantes no acompañados.

Con el fin de aliviar el sistema de acogida de menores en la comunidad autónoma, estos partidos han pedido al Gobierno de España que cumpla con la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a asumir cuanto antes el acogimiento en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a los más de mil menores que se encuentran en Canarias y han solicitado asilo.

Trasferir a Canarias fondos suficientes para cubrir la totalidad de la atención de los menores migrantes, cuyo coste supera los 150 millones de euros anuales, es otra de las demandas que recoge la enmienda firmada por CC, PP, ASG y grupo Mixto que no ha sido aceptada por el PSOE.

No obstante, se han mostrado de acuerdo en que el acogimiento familiar tiene que ser prioritario frente al institucional, al igual que Vox, partido que ha apoyado la moción del PSOE junto con NC que ha calificado de «negligencia institucional» que niños pequeños estén en casas de acogida.

Según ha detallado la diputada de CC, Vidina Espino, en la actualidad hay un total de 280 menores en acogimiento familiar y 55 que se encientras en familias en vías de adopción.

La representante de CC, partido a cargo de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, ha admitido la necesidad de involucrar a más familias en en programa sobre acogimiento familiar.

«Mientras existan menores que estén en centros que puedan estar en familias tenemos que seguir trabajando», ha admitido.

EFEbrr/spf

Las Palmas de Gran Canaria, 14 may (EFE).

– El Consejo Rector de Puertos del Estado ha autorizado la venta directa de los terrenos que ocupa el Real Club Náutico de Gran Canaria desde hace casi seis décadas, una decisión que permitirá a los socios del club adquirir la propiedad del espacio que ha sido su sede desde 1966.

La autorización ha tenido lugar durante la reunión del Consejo Rector en la primera sesión con Gustavo Santana como presidente, ha informado en un comunicado este miércoles el organismo público.

Se produce tras un proceso que comenzó en 2021 y que ha contado con el impulso de los dos últimos presidentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra y Beatriz Calzada.

El objetivo ha sido acelerar los trámites para garantizar la continuidad del club en su ubicación histórica, tras sucesivas modificaciones del marco legal aplicable a las concesiones portuarias, y ante la proximidad de la finalización del plazo de vigencia del título.

Puertos del Estado ha confirmado que, concluidas todas las actuaciones administrativas, incluidos los informes de la Dirección General de Patrimonio del Estado y de la Dirección General de la Costa y el Mar respecto a la protección y defensa del dominio público marítimo-terrestre, «ha sido posible acordar una solución factible para la permanencia del club que, además, hace justicia a su labor social en la isla».

El Real Club Náutico de Gran Canaria recibió en marzo de 1966 un permiso por orden ministerial para usar unos terrenos públicos situados en el extremo norte de la playa de Las Alcaravaneras, hoy parte del puerto de Las Palmas.

Esta concesión tenía una duración de 99 años y cubría una parcela de 7.

657 metros cuadrados de dominio público destinada a las instalaciones del club.

Con el paso del tiempo, la superficie ocupada por el club ha crecido y, en la actualidad, abarca 47.

900 metros cuadrados, que incluyen tanto zonas de tierra (22.

349 m2, entre terrenos naturales y ganados al mar) como áreas de agua (23.

259 m2 de lámina de agua y 2.

292 m2 de pantalanes).

Aunque la concesión original era muy larga, cambios en la legislación portuaria limitaron su duración y, una vez vencido el plazo de otorgamiento de 35 años desde la entrada en vigor de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el permiso habría terminado el 1 de enero de 2028, de no haberse llegado a un nuevo acuerdo.

El Real Club Náutico de Gran Canaria cuenta con más de 6.

000 socios y unas 20.

000 personas vinculadas a su actividad directa o indirectamente.

EFEmrgz

Pamplona, 14 may (EFE).

– El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, junto al Ararteko del País Vasco, Manu Lezertua, el Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu, la Diputada del Común de Canarias, María Dolores Padrón, y la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, han firmado en Pamplona un acuerdo de colaboración para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

El acto, celebrado en el Parlamento de Navarra, ha comenzado con unas palabras de bienvenida del presidente de la Cámara, Unai Hualde, quien se ha referido a los “discursos negacionistas” de los ODS para constatar la relevancia de un acto como este, “simbólico pero relevante en lo que atañe a la defensa de la Agenda 2030”.

A continuación, ha tenido lugar una intervención en vídeo del director del Secretariado de la Coalición Local 2030 de las Naciones Unidas, Sébastien Vauzelle, quien se ha alegrado de que el acuerdo vea la luz, “porque la labor de las Defensorías del Pueblo es fundamental para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Y, al mismo tiempo, los propios ODS también resultan esenciales para el ejercicio de sus funciones”.

Un compromiso con los derechos humanosLos Defensores han firmado tres documentos originales del acuerdo, en castellano, euskera y catalán, para posteriormente tomar la palabra sucesivamente.

El primero en hacerlo ha sido Patxi Vera, Defensor del Pueblo de Navarra, quien ha recordado que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido el importante papel que las Defensorías pueden desempeñar en la consecución de los ODS, por su función «en el fortalecimiento del Estado de Derecho, de la buena administración y en la protección y promoción de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales”.

El Ararteko, Manuel Lezertua, ha manifestado que “la defensa de los derechos y la dignidad de las personas y en favor de sociedades democráticas, comprometidas con el bien común, solo puede abordarse desde una perspectiva de corresponsabilidad y colaboración».

Por su parte, Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo de Andalucía, ha expuesto: “Alineamos nuestra planificación y nuestro trabajo con los principios que presiden la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 ODS.

Queremos ser parte activa de una transformación social más justa y sostenible, con el objetivo fundamental, no solo de consolidar y proteger los derechos adquiridos, sino también de avanzar e innovar conforme a las necesidades que la sociedad actual demanda”.

Asimismo, la Diputada del Común de Canarias, María Dolores Padrón, ha señalado que “es fundamental entender las acciones que se hacen con la ciudadanía de manera transversal.

Los problemas que les preocupan y afectan son de naturaleza diversa y no pueden abordarse desde compartimentos estancos».

Esther Giménez-Salinas, Síndica de Greuges de Catalunya, ha recordado finalmente que “uno de los objetivos principales de las defensorías es denunciar las desigualdades, que constituyen la primera causa de los conflictos sociales”.

EFEjr/mcm(foto) (vídeo)

Santa Cruz de Tenerife, 14 may (EFE).

– El pleno del Parlamento de Canarias ha respaldado por unanimidad este miércoles la estabilidad, la continuidad y la expansión del proyecto de Barrios Orquestados, para lo que se reclama al Gobierno autonómico «una línea específica de financiación plurianual en los presupuestos autonómicos».

La iniciativa ha sido planteada por la diputada de NC-bc Carmen Hernández ante el riesgo que supone para este proyecto, que data de 2011, la inestabilidad de su financiación, que depende de ayudas públicas puntuales, patrocinios privados y subvenciones inestables.

La diputada del PP Sonsoles Martín ha defendido una enmienda, que ha sido aceptada, para que Barrios Orquestados, junto a otros proyectos de inclusión social, forme parte de un plan de inclusión social y cultural.

Carmen Hernández ha repasado este proyecto pedagógico, social y cultural fundado en Canarias en el año 2011 por el músico y pedagogo José Brito.

Su objetivo principal es la creación de orquestas sinfónicas en barrios con necesidades especiales de atención social, a través de un modelo gratuito, inclusivo y comunitario de formación musical para niñas, niños, jóvenes y familias, sin que sea un requisito tener conocimientos previos ni recursos económicos, ha explicado.

Todos los intervinientes han subrayado su respaldo a este proyecto y la oportunidad de que se extienda a todos los barrios de Canarias.

Actualmente, Barrios Orquestados está presente en barrios de Gran Canaria, como Tamaraceite, Jinámar o La Feria; en Tenerife, en La Cuesta, Ofra, Taco y Añaza; y en La Palma y Lanzarote.

«Es mucho más que un proyecto musical, es una herramienta de transformación social, un instrumento de inclusión y de cohesión social en zonas vulnerables», según ha defendido la diputada del grupo proponente.

EFEacp/spf

Santa Cruz de Tenerife, 14 may (EFE).

– Todos los grupos del Parlamento de Canarias han respaldado este miércoles la labor de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) excepto Vox, que ve en esta iniciativa «un tufillo antisemita».

PSOE, CC, PP, NC, ASG y AHI han presentado conjuntamente y apoyado en el pleno una proposición no de ley en la que instan al Gobierno de Canarias a que solicite al de España que mantenga su apoyo a esta agencia y pida a Israel que le permita «cumplir sin trabas su crucial mandato humanitario» en el territorio asignado.

Asimismo, llama al ejecutivo de Pedro Sánchez a realizar «esfuerzos diplomáticos» ante la ONU y la UE para conseguir «los apoyos suficientes» en defensa de la labor de la UNRWA para que pueda seguir ejerciendo su labor.

A pesar de la práctica unanimidad en la votación de esta iniciativa, en la defensa de la misma ha habido matices.

Mientras Gustavo Matos (PSOE) y José Miguel Barragán (CC) han hablado de un ataque a «la dignidad humana» en la Franja de Gaza, Luis Campos (NC) de «genocidio» y Raúl Acosta (AHI), de «masacre indiscriminada», Fernando Enseñat (PP) ha recalcado que esto «no va de demonizar al pueblo de Israel ni blanquear el terrorismo de Hamas».

El diputado popular ha afirmado que el conflicto entre Israel y Palestina «es tan largo y sangriento» que no puede haber, desde su óptica, «blanco o negro, buenos o malos».

Y ha deslizado «dos apuntes», uno de ellos, que el Gobierno de España cumpla con la resolución del Tribunal Supremo respecto a los menores migrantes solicitantes de asilo «si queremos hablar de niños perseguidos que huyen de una guerra»; y el otro, valorar el trabajo de los soldados españoles desplegados en misiones de paz por la ONU.

Luis Campos (NC) ha replicado que «algunos recordamos las causas y no ignoramos las consecuencias» de este conflicto y Jesús Ramos, de ASG, ha puntualizado que apoyar a la URWNA «no es tomar partido» por ningún bando sino un posicionamiento «por la vida y la paz».

Visión distinta a la de Javier Nieto, de Vox, que ha acusado al resto de partidos de «despachar frívolamente» con una iniciativa parlamentaria «de un folio» un conflicto árabe israelí «de 25 siglos de antigüedad».

Nieto ha denunciado el «tufillo antisemita» que destila esta proposición no de ley y ha acusado a la UNRWA de convertirse en «activista» y de «alimentar la radicalización» del pueblo palestino.

EFEjmor/spf

Las Palmas de Gran Canaria, 14 may (EFE).

– Canarias registró en el primer trimestre del año 27.

381 infracciones penales, un 3,8 % menos que en los mismos meses de 2024, aunque los homicidios intentados o consumados se duplicaron (+150 %), los delitos de tráfico de drogas subieron un 21 % y las violaciones siguen al alza, con un 11,1 %.

Según el balance hecho público este miércoles por el Ministerio del Interior, todas las islas terminaron el trimestre con descensos en las cifras de criminalidad, salvo Fuerteventura, que se anota un repunte del 19,6 %, al pasar de 1.

744 a 2.

085 infracciones penales.

En Tenerife, la delincuencia se redujo en esos tres meses un 3,8 %, al pasar de 12.

883 a 12.

398 infracciones penales; en Gran Canaria, un 6,7 % (de 11.

163 a 10.

414); en Lanzarote, un 0,9 % (de 1.

801 a 1785); en La Palma (de 603 a 485), un 19,6 %; en La Gomera, un 22,3 % (de 175 a 136); y en El Hierro (de 99 a 78), un 19,6 %.

EFEjmr/spf

Madrid, 14 may (EFE).

– El Ayuntamiento de Madrid va a suspender durante un año las obras que puedan acometerse en la fachada y el local comercial del número 9 de la calle Santa Cruz de Marcenado, en el distrito de Centro, donde perdura un mural de cerámica de César Manrique que data de los años 50.

La suspensión de las obras y la ejecución de actividades en la fachada y la parte interior del local se va a aprobar este miércoles en la Junta de Gobierno, y con ello se podrá desarrollar un expediente que establecerá el régimen de protección “más adecuado” para garantizar la preservación y difusión de una obra cerámica inspirada en el mundo de la construcción que Manrique (1919-1992) realizó en 1954 por encargo de una empresa.

El mural, en el que es evidente el paso del tiempo, ocupa parte de la fachada del número 9 de la calle Santa Cruz de Marcenado, pero se adentra también en el interior del local, si bien esa parte de la obra no es visible desde la vía pública.

El Ayuntamiento de Madrid explica que la suspensión que se va a aprobar hoy, que no limita las actuaciones que puedan desarrollarse en el resto del local siempre que no afecten al mural, se prolongará durante el plazo máximo de un año, pudiendo ser ampliable otro año más, siempre y cuando se haya completado en este tiempo el período de información pública del planeamiento para la protección de la obra.

Estudio técnico tras la petición de proteger el muralEl área de Urbanismo ha impulsado esta iniciativa después de analizar el contenido de documentos históricos y el estudio elaborado por los técnicos municipales de la Dirección General de Planeamiento.

Según señalan desde el Ayuntamiento, se ha valorado en este proceso la singularidad artística del mural cerámico y se ha realizado un análisis inicial para determinar si es posible su encaje en alguno de los catálogos de bienes contenidos en el Plan General vigente.

Añaden que estas investigaciones tienen como punto de partida una solicitud formulada en 2022 por la pintora Patricia Esquivias en la que se instaba a considerar la inclusión de la obra de Manrique en el catálogo de elementos protegidos.

Para hacer la solicitud, la artista encargó un informe a Violeta Izquierdo, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y experta en la obra de Manrique, quien recientemente señalaba a EFE la necesidad de preservar el mural, el único del artista lanzaroteño que queda a pie de calle en Madrid, como parte de su legado.

Alternativas para proteger el muralEl Ayuntamiento destaca que, en la actualidad, el número 9 de la calle Santa Cruz de Marcenado no está incluido en el catálogo de edificios protegidos, por lo que su valor artístico se atribuye de forma específica al mural.

El expediente de planeamiento deberá valorar una eventual inclusión del local en el catálogo de establecimientos comerciales, y también se valorará si para su mejor conservación y difusión debe permitirse o no su traslado.

El mural tampoco se encuentra entre las tipologías que se definen para el catálogo de monumentos públicos y elementos singulares, aunque en 2003 se incluyó ahí el mural cerámico firmado por Joan Miró ubicado en la fachada del Palacio de Congresos de Madrid.

Ese precedente “abriría la puerta” a que el expediente pudiera recomendar la inclusión del mural de César Manrique en este catálogo.

Entre las posibles alternativas inicialmente valoradas, también figuraba la inclusión del edificio en el catálogo de edificios con una protección en grado parcial motivada por la existencia del mural en el local, con un criterio compositivo independiente del resto de su fachada.

Sin embargo, esta vía, en el análisis inicial, no se considera adecuada ni proporcional y no tiene precedentes en la ciudad de Madrid.

EFEpcc/rcs/ram1011766( Recursos de archivo enwww.

lafototeca.

comCódigo de referencia: 22684749, 22684748 y otros )

Madrid, 14 may (EFE).

– El cambio climático aumentó los días de calor de riesgo para las mujeres embarazadas entre 2020 y 2024, especialmente en Baleares (28 días adicionales), Castilla-La Mancha (26), Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia (las tres con 25), según un informe de la plataforma independiente de científicos y periodistas Climate Central.

El estudio de esta organización internacional registra también el aumento de jornadas adicionales de calor -aquellas en las que las temperaturas superan el 95 % de las temperaturas locales históricas- en Aragón (24 días más), Andalucía (21), Castilla y León, Extremadura y La Rioja (20), Canarias (19), Navarra (18) Melilla (17), País Vasco y Asturias (16) y Cantabria, Galicia y Ceuta (15).

De las cuatro ciudades españolas que recoge el informe, Barcelona con 28 días fue la que experimentó un mayor incremento, seguida de Madrid con 25, Valencia con 22 y Sevilla con 11.

A nivel globalLa investigación de Climate Central analiza un total de 247 países y territorios y 940 ciudades, y concluye que el promedio anual de días «peligrosamente calurosos» para las mujeres embarazadas se «duplicó como mínimo», incrementándose en los últimos cinco años en casi el 90 % de los primeros y en el 63 % de las segundas.

Además, en casi un tercio de los países y territorios, «el cambio climático añadió al menos un mes más de días de calor de riesgo» durante el embarazo cada año estudiado.

El mayor número de días añadidos fue, según este estudio, en los países en desarrollo de «zonas que a menudo tienen acceso limitado a la atención sanitaria», como el Caribe, América Central y del Sur, las islas del Pacífico, el Sureste Asiático y el África subsahariana, que figuran entre las más vulnerables a los efectos del cambio climático.

Para llegar a estas conclusiones la organización empleó dos herramientas principales: por un lado, la contabilización de las jornadas adicionales de calor y, por otro, el sistema del Índice de Cambio Climático (CSI), un «escenario contrafactual» que calcula el número de días que se habrían producido en un mundo sin cambio climático.

Crisis de saludEste mayor número de jornadas calurosas, insiste Climate Central, está asociado al riesgo de partos prematuros que «pueden tener efectos duraderos en la salud del bebé y aumentar el riesgo de problemas de salud materna después del parto», pero también al buen estado de los bebés ya nacidos, por lo que «la crisis climática es también una crisis de salud pública».

El informe relaciona las altas temperaturas con mayor riesgo de hipertensión, diabetes gestacional, hospitalización, morbilidad materna grave, mortinatalidad y parto prematuro.

La vicepresidenta científica de la organización, Kristina Dahl, ha subrayado que «incluso un solo día de calor extremo puede aumentar el riesgo de complicaciones graves en el embarazo», especialmente «en lugares donde ya es difícil acceder a la atención sanitaria».

EFElph/ppm/icn