Santa Cruz de Tenerife, 27 may (EFE).
– La segunda sesión en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la llegada de un cayuco el 30 de octubre de 2023 a Los Cristianos, en Tenerife, tras un trayecto en el que se sospecha que murieron 28 personas, se centró este martes en oír a tres testigos, dos hombres y una mujer, que no identificaron a los acusados como patrones de la embarcación.
Hay grabaciones en sede judicial hechas a finales de 2023 de varias personas cuyo testimonio va en sentido contrario, aunque una de ellas alegó que el traductor no conocía su dialecto y, por lo tanto, no sabía lo que le estaban preguntando.
Los abogados mostraron su malestar por el mal estado de las reproducciones de los testimonios de quienes reconocen a los acusados, por lo que en la sesión que tendrá lugar el miércoles de la semana próxima se espera que se hayan solucionado las deficiencias técnicas.
También está previsto que pueda ser interrogado otro migrante cuyo móvil no funcionaba hoy y además hay otros tres, que declararon en juzgado pero que no han podido ser localizados, por lo que su testimonio será escuchado por medio de grabaciones.
Se sabe que los migrantes partieron de varios lugares a la vez de ambos países y se trasladaron en un punto indeterminado del océano a un cayuco mayor, que fue el que llegó a Canarias.
El cayuco arribó al sur de Tenerife tras once días de travesía con 210 ocupantes, y en la embarcación aparecieron tres cadáveres y seis lesionados.
La Fiscalía calcula que pueden llegar a ser entre 18 y 28 las personas que perdieron la vida y habrían sido arrojados al mar, lo que ponen en duda las defensas dado que no hay pruebas concluyentes.
En la sesión de este martes declararon los forenses, quienes examinaron los cuerpos de los fallecidos y los lesionados, y ratificaron sus informes en el sentido de que la causa de la muerte de uno fue un fallo multiorgánico por deshidratación grave.
Otro murió por un trombo-embolismo pulmonar por insuficiencia respiratoria, y el tercero por un colapso multiorgánico a causa también de una deshidratación grave.
Los forenses ratificaron que uno de los lesionados padeció infección respiratoria y en las partes blandas del cuerpo, elevado nivel de sodio en la sangre, por la salida de aire de los pulmones y ruptura del tracto intestinal que tardó cuatro días en curarse de los que tres estuvo muy grave.
Uno más padeció úlceras esofágicas, otro infección en la mandíbula que requirió tratamiento quirúrgico, uno más sufrió neumonía, deshidratación, infección intestinal y muerte del tejido en los pies, por lo que también tuvo que ser operado.
El último de los heridos fue víctima de deshidratación, infecciones en la piel y necrosis en los músculos por lo que debió ser sometido a una operación quirúrgica.
Se acordó continuar el juicio la próxima semana con la declaración de los últimos testigos, los acusados y las conclusiones finales en las que los abogados de la defensa se reafirman en la inocencia de los procesados.
La Fiscalía pide 20 años y medio de cárcel para cada uno por considerarlos responsables de los pasajeros y de las lesiones causadas en algunos de los que sobrevivieron, así como el pago de 700 euros a uno de los heridos y 100.
000 al hermano de uno de los fallecidos.
El ministerio público solicita que se le impongan a cada uno de los acusados 6 años de prisión por un delito de inmigración ilegal, cuatro por cada uno de los homicidios y seis meses por los cinco cargos de imprudencia grave.
Los cinco supuestos patrones se encuentran desde que llegaron a Tenerife en prisión provisional, al considerar que se pusieron de acuerdo para trasladar ilegalmente a España a 205 personas de origen subsahariano de las 149 eran hombres, 19 mujeres y 37 menores.
Con este fin habrían asumido el gobierno de una pequeña embarcación inadecuada para este tipo de viajes, que fue interceptada por Salvamento Marítimo para realizar su traslado a puerto, donde fueron atendidos por Cruz Roja.
A los acusados se les responsabiliza de organizar la travesía en connivencia con otras personas no identificadas, cobrar a cada pasajero unos 500 euros, de encargarse de las tareas de manejo del motor, del timón y dirección mediante GPS, mantener el orden y repartir comida.
Los procesados advirtieron a los viajeros de que no declararan en su contra una vez llegados a la costa españolas y tiraron los cadáveres de entre 18 y 28 pasajeros según iban pereciendo durante la travesía, excepto tres de ellos.
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