Las Palmas de Gran Canaria, 26 jun (EFE).
– La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural abrió durante el pasado año 2.
042 expedientes de infracción en el archipiélago, la mayoría de ellos en relación con licencias de construcción, lo que supone un incremento del 18,07 por ciento respecto a 2023.
Son algunos de los datos que se han dado a conocer este jueves durante una jornada organizada por el Servicio de Protección de Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil con motivo de los 50 años de la legislación en materia ambiental en España, en la que han participado representantes de los tres niveles de la administración en Canarias y que se ha desarrollado en el Cabildo de Gran Canaria.
Según estos datos que ha dado a conocer la directora de la Agencia, Montserrat Ortega, 1.
113 de los expedientes abiertos tienen que ver con licencias de construcción; otros 432 con vertidos de residuos, incluyendo los peligrosos, y hasta 281 con licencias que no son constructivas.
En toda su historia, desde que naciera en 1999, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha abierto 61.
128 expedientes, siendo el año más «prolífico» el 2006, con 3.
812 -de los cuales más de la mitad tenían que ver con residuos-.
En su discurso de apertura de esta jornada, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha señalado que esta es una «oportunidad para mirar atrás con sentido crítico», pero también al futuro «con ambición» por mejorar lo que ya existe en materia de protección de la naturaleza.
En su intervención, Morales ha ensalzado la labor que lleva a cabo el Seprona desde su fundación, reconociendo y agradeciendo ese trabajo, y ha llamado a la unidad de las administraciones para perseguir los delitos ambientales, vigilar los espacios protegidos, controlar el uso del territorio y especies exóticas invasoras, así como realizar tareas de formación y sensibilización.
Y es que «proteger nuestro entorno no es una opción: es una obligación hacia las generaciones presentes y futuras», ha concluido su intervención el presidente insular, que ha resaltado el modelo de «ecoísla» que abandera su gobierno desde su llegada a la institución insular en 2015.
Por su parte, el viceconsejero de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias, Antonio Llorens, ha abogado por la formación especializada como clave «para abordar los retos del futuro» en materia de la protección de la naturaleza y la lucha contra el crimen medioambiental, haciendo hincapié también en lograr unas leyes que sean «más efectivas y justas».
En su opinión, la «consolidación de la democracia» ha traído consigo un mayor cuidado de las instituciones por el medio ambiente y lo ha convertido en «elemento central» de la agenda pública en todos los niveles de la administración central, regional y local.
Llorens ha asegurado también que «defender el medio ambiente es defender el bien común», y por eso ha apelado a que se haga una importante labor de concienciación ciudadana para acercar a la sociedad los valores de la naturaleza.
También ha hablado en la apertura de estas jornadas el general jefe de la Guardia Civil en Canarias, Juan Hernández Mosquera, quien ha recordado la «terrible crisis ambiental» que está afectando en estos momentos al planeta, con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación como elementos centrales.
«Suponen una responsabilidad cívica que debemos impulsar.
Así, la Guardia Civil añadió en nuestro plan de sostenibilidad el compromiso firme por conservar esta biodiversidad aliados con los objetivos de desarrollo sostenible que promueven tanto la agenda 2030 de las Naciones Unidas como sus respectivas resoluciones», ha ahondado.
Con estas jornadas, que este viernes se desarrollarán en Tenerife, la Guardia Civil pretende aunar esfuerzos y valorar lo que han sido estas cinco décadas de legislación ambiental en España, así como intentar indagar en cómo va a evolucionar esta materia en los próximos años.
EFEcas/jmor(foto)