Santa Cruz de Tenerife, 9 jul (EFE).
– El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, sin que finalmente se haya logrado el consenso al mantenerse enmiendas de los partidos de la oposición rechazadas por los grupos del Gobierno.
La reforma de los consejos sociales responde a la necesidad de su adaptación a la Ley Orgánica del Sistema Universitario y los grupos del gobierno han destacado que estos órganos de participación social tienen que ejercer competencias de control y de definición estratégica de las universidades públicas.
PSOE y NC se han opuesto al peso que a su juicio se da las universidades privadas y han rechazado la falta de diálogo con los centros académicos que atribuyen al gobierno, mientras Vox se ha quejado de las cuotas de género y de las limitaciones a las universidades privadas.
La diputada de CC Vidina Espino ha afirmado que con esta ley se busca unas universidades abiertas a la sociedad con un fortalecimiento del papel de los consejos sociales.
Se reafirma la autonomía universitaria y se delimitan claramente las competencias del consejo social, que no interfiere en cuestiones académicas, pero sí vela por el buen uso de los recursos públicos, por la vinculación de la universidad con la sociedad y por su participación en la planificación estratégica, ha asegurado Espino.
Ha defendido que la ciudadanía tiene derecho a conocer el retorno de los recursos que invierte en la universidad, que la ley se ha hecho desde el diálogo y que se garantiza la presencia de mayoritaria de las universidades públicas en el Consejo Universitario, por solo cinco de las privadas.
Yaiza López Landi, del PSOE, ha denunciado que esta ley modifica sin consenso el modelo de gobernanza de las universidades públicas y se da mayor protagonismo a los consejos sociales sin fortalecer el conjunto del sistema.
Los consejos sociales son una pieza clave en el sistema universitario, pero esperábamos una ley más sólida, equilibrada y con un encaje normativo adecuado.
«No se nos han aceptado enmiendas, ni se ha escuchado a los rectores, ni a los consejos de gobierno ni al estudiantado, este proceso debía haberse construido con participación de todos los actores implicados», ha afirmado, y ha denunciado la elevada representación de las universidades privadas en el Consejo Universitario, en detrimento de las públicas.
La diputada del PP María Isabel Saavedra ha afirmado que la ley consolida un modelo de universidades abiertas con consejos sociales fuertes, que actúan como un verdadero espacio de interlocución con la sociedad y que participan en la orientación estratégica de las universidades.
Según Carmen Hernández, de NC, ha manifestado que su partido ha intentado buscar un equilibrio con las posiciones de las universidades y de los consejos sociales reconociendo un papel relevante para estos.
«Queremos reforzar a las universidades públicas, mientras que el Gobierno opta por dar más peso a las privadas», ha dicho en referencia a la composición del Consejo Universitario.
Hernández ha defendido sin éxito que la creación de nuevas universidades privadas se haga con transparencia y siempre después de un debate parlamentario.
Nicasio Galván, de Vox, ha señalado que no es una ley de consenso, toda vez que los propios rectores se oponen, y ha denunciado que se impone «el enfoque de género» y las cuotas, lo cual es «un absoluto disparate».
También mostró su oposición a que se limite a cinco el número de representantes de las universidades privadas en el Consejo Universitario.
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