Las Palmas de Gran Canaria, 9 jul (EFE).
– Los peritos de la consultora Price Waterhouse and Cooper (PWC) que analizaron el informe judicial de Godoy Auditores en el que se sustentan las acusaciones del caso Emalsa han rechazado que los contratos suscritos con Sercanarias entre 2008 y 2012 generaran un perjuicio a la compañía mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria.
En la sexta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Las Palmas contra 15 exdirectivos de Emalsa, los dos peritos de la consultora PWC propuestos por la defensa han destacado que el perjuicio se hubiera cometido si no se hubiesen efectuado los trabajos o los precios facturados estuvieran por encima del mercado, dos premisas que no se han producido, a su juicio.
Los peritos, además, han cuestionado el informe de Godoy Auditores porque en una auditoría, en caso de ausencia de evidencia por la falta de documentación, no se puede reflejar una opinión sobre hechos como los emitidos en el citado estudio pericial, que no cuantifica el perjuicio causado por los 18 contratos suscritos entre Emalsa y Sercanarias y que las acusaciones cifran en 16 millones de euros aunque no haya ninguna referencia a esa cantidad.
Los dos auditores de PWC han hecho hincapié en que ante la falta de documentación que alegan «hacen valoraciones posibilistas que caen fuera de su ámbito (.
.
.
) y sin evidencias no se pueden hacer juicios de valor».
Los dos peritos han explicado también que el exceso de facturación destacado por Godoy en estos contratos está justificado por los servicios adicionales solicitados y además han concluido que Sercanarias cumplía los requisitos para que se hicieran de manera directa.
Han defendido también que Emalsa podía ampliar los contratos suscritos, como hizo con el del saneamiento de la red de alcantarillado que, según las acusaciones, generó un perjuicio de 11 millones de euros a la compañía.
En cuanto a las cláusulas de penalización que según Godoy Auditores se debieron aplicar por demoras en trabajos contratados, han afirmado que «no constan evidencias imputables a Sercanarias».
Los dos auditores han indicado que su informe por encargo de Saur y Valoriza (los socios privados de Emalsa en ese momento) lo llevaron a cabo en abril de 2018 e incluye documentación de la que no pudo disponer Godoy Auditores.
En esta sesión también han declarado los tres peritos de la consultora Auren que analizaron los contratos de obras y servicios de Emalsa de 2008 a 2012 con el fin de estudiar si respondían a la normativa y a los controles internos establecidos por la compañía mixta de aguas.
Estos tres expertos han dicho que «nunca» llegaron a ver las actas ni los libros de deliberaciones y decisiones del comité de gerencia creado por los socios privados para supervisar los procedimientos de contratación, pese a que estaban obligados a reflejarlos, según les comunicaron.
De la documentación que analizaron relativa a obras y servicios, han señalado que el control de Emalsa funcionaba aunque detectaron algún incumplimiento y deficiencias.
Y han recalcado que pese a que la normativa interna de la empresa de aguas requería que explicaran los motivos de las contrataciones directas con Sercanarias, «no existía esa justificación porque se daba por hecho que esa solución era mejor y más eficiente».
Otras de las cuestiones sobre las que han incidido los peritos de Auren, en los que se apoyan también las acusaciones, es en el abono de Emalsa a los socios privados de las prestaciones accesorias, que han dicho que ascendieron a 4,5 millones de euros en cinco años, y que se trata de retribuciones similares a las de otras empresas.
Estas prestaciones existían antes de 2008, aunque no se les facilitó quiénes las percibían ni la justificación en el periodo estudiado.
En relación al contrato de arrendamiento de la sede de Emalsa con Satocan, han admitido que supuso un ahorro al Ayuntamiento de 324.
000 euros y que se firmó en un contexto de tendencia alcista de precios tras una revalorización del 700 % entre los años 1985 y 2007, por lo que han supuesto que es normal que se fijara por encima del precio del mercado cuando se trataba de un contrato por un periodo de 30 años.
En esta jornada ha declarado el perito de Análisis Ingenieros que analizó el contrato de saneamiento y ha afirmado que Sercanarias puso los medios adecuados pero el marco contractual era «obsoleto e inasumible» por el desconocimiento que se tenía sobre la red de alcantarillado.
Además, ha recalcado que «era imposible prestar el servicio de limpieza anual de 700 kilómetros de red», y que el contrato se ejecutó en relación a las necesidades que había y con los medios establecidos, que estaban orientados a trabajos correctivos.
En un primer informe, sin disponer de toda la documentación requerida, concluyó que el grado de cumplimiento era del 10 % pero en uno posterior que hizo por encargo del concejal de Aguas apreció que cumplía en un 90 %, si bien el interventor de Emalsa en aquella época, Rafael Bolívar, no quiso abonarle ese segundo estudio porque «no era de su agrado».
Aunque se ha ratificado en sus informes, ha comentado que después de 11 años y los conocimientos que ha adquirido, introduciría muchos matices y cambios.
El juicio continuará este jueves con la declaración de uno de los acusados -que se enfrenta a seis años de prisión al igual que el resto de los 14 procesados- y la práctica de la prueba pericial.
EFEcda/cas
