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Santa Cruz de Tenerife, 22 jul (EFE).

– El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, ha anunciado este martes que la Formación Profesional canaria contará con sesenta grupos más y catorce nuevos itinerarios formativos en el próximo curso, en el que habrá nuevos centros integrados en El Hierro y La Gomera.

«Queda mucho por hacer», pero se está avanzando y se han corregido errores, ha dicho Suárez en una comparecencia en el pleno del Parlamento a instancias de CC, en la que ha destacado que ya hay más de 5.

000 empresas implicadas en la Formación Profesional Dual cuando al principio de la legislatura eran 1.

500.

El consejero ha defendido la planificación de los estudios de Formación Profesional puesta en marcha esta legislatura de la mano de empresarios, alumnado y docentes.

Esta planificación queda recogida en un mapa insularizado de la Formación Profesional que hacía treinta años que no se actualizaba, ha subrayado.

Según el consejero, el mapa responde a los objetivos de garantizar una amplia oferta, variada y flexible en todas las islas, atender a las necesidades reales del mercado de trabajo y reforzar la inclusión educativa y la atención a la diversidad mediante la implantación de nuevos grupos de ciclos formativos de grado básico en institutos de Secundaria.

En este próximo curso 2025-2026 hay un reajuste territorial de los grupos, con el fin de concentrar la oferta en centros donde la demanda es sostenida.

También se introducen nuevas modalidades virtuales o semipresenciales que aumenten la accesibilidad a la Formación Profesional.

«Hemos logrado ser más eficientes y mejorar las oportunidades formativas», ha destacado Poli Suárez, quien ha recordado que la Ley de Formación Profesional, aprobada en 2022, lleva dos años aplicándose, pero tiene un periodo de despliegue hasta 2031 y por tanto falta mucho por hacer aún.

El consejero ha destacado que más de 28.

000 estudiantes han realizado prácticas en empresas en el curso 2024-2025, con alto índice de satisfacción y de empleabilidad potencial.

Ha señalado además que se han corregido errores, de manera que los sindicatos valoran el avance que significan las instrucciones para el próximo curso en relación al que acaba de terminar, gracias al diálogo y al consenso.

Ha anunciado que en el curso 2025-2026,se van a profesionalizar las funciones del jefe de departamento o del responsable del comedor pedagógico y se van a conformar equipos específicos de docentes encargados de la búsqueda de empresas, organizados por familias profesionales.

Además, se van a destinar más fondos a la convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación en Formación Profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño, y enseñanzas deportivas.

«Vamos a seguir implementando los centros integrados de formación profesional en El Hierro, en La Gomera y en el sur de Fuerteventura», ha subrayado.

Otra de las nuevas medidas es que se va a bajar la ratio en actividades físicas y deportivas, en agrarias, en hostelería y en turismo.

Suárez ha anunciado que se va a avanzar en el aprendizaje flexible y progresivo, incorporando la modalidad dual y garantizando la permanencia del alumnado con necesidades educativas especiales en el sistema educativo hasta los 33 años.

El diputado del PSOE Marcos Hernández ha señalado que en el proceso de desarrollo de la FP en esta legislatura ha habido episodios de incertidumbre, desconcierto, descoordinación y sobrecarga en los docentes, así como retrasos en las publicaciones oficiales.

Francisco Linares, de CC, ha reconocido el esfuerzo realizado para prestigiar la FP y en particular el gran avance que supone la implicación de 5.

000 empresas en la FP dual.

Para Sonsoles Martín, del PP, se ha conseguido alcanzar mejores tasas de inserción laboral y una conexión directa con el tejido empresarial.

Carmen Hernández, de Nueva Canarias, ha criticado el retraso histórico en FP y la deficiente implementación de la FP Dual en los últimos años.

Para Javier Nieto, de Vox, el camino emprendido en la Formación Profesional es el adecuado, pero ha adverido que es imprescindible aumentar el empleo vinculado a esta vía educativa para consolidar sus beneficios y garantizar su eficacia.

Melodie Mendoza, de ASG, ha valorado que se han empezado a dar pasos firmes en la dirección correcta y ha puesto en valor la puesta en marcha de un centro integrado en San Sebastián de La Gomera.

EFEacp/brr

Las Palmas de Gran Canaria, 21 jul (EFE).

– El Cabildo de Gran Canaria ha iniciado las obras de la futura Nave Taller E-Circular en el Parque Científico Tecnológico Comarcal de Gáldar, un espacio de 450 metros cuadrados que impulsará iniciativas sostenibles y la economía circular.

La inversión para este proyecto, que pretende fomentar iniciativas basadas en la reutilización de recursos, la reducción de residuos o la prolongación de la vida útil de los materiales, asciende a 570.

000 euros, financiados a través del área de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, según ha informado este martes la corporación.

La instalación sustituirá a una nave anterior cargada de amianto y contará con zonas de negocios, talleres, salas de trabajo, aparcamientos, áreas ajardinadas con vegetación autóctona y una plataforma de acceso para vehículos.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado durante su visita a las obras el valor simbólico del proyecto y ha subrayado que la infraestructura será «un faro que ilumine el camino hacia un futuro donde la circularidad sea un elemento de primera línea para la investigación, la innovación y la producción».

Morales ha estado acompañado por el vicepresidente del Cabildo y presidente de la Mancomunidad del Norte, Teodoro Sosa, quien ha destacado la apuesta conjunta de los once municipios que la integran por generar empleo vinculado a la sostenibilidad, un logro «impensable en esta zona de la isla hace 15 años», ha dicho.

La Nave Taller, que forma parte del proyecto de ecoisla, junto a otras medidas promovidas por el, Cabildo como la reciente adaptación del Ecoparque Sur para mejorar la gestión del contenedor marrón, también tiene el objetivo de reducir la dependencia exterior, abaratar la gestión de residuos y generar actividad económica local.

«Aquí se crearán empleos con propósito y soluciones locales a desafíos globales», ha señalado el presidente, quien ha resaltado que este proyecto es un paso más en el compromiso con un modelo productivo sostenible «que fomenta la innovación, la colaboración y el desarrollo de una isla más autosuficiente».

EFEarm/pcr

Santa Cruz De Tenerife, 22 jul (EFE).

– El Cabildo de La Gomera ha sacado a información pública la versión inicial del Plan Director de Residuos de la isla, junto con su correspondiente Estudio Ambiental Estratégico.

Esta medida, adoptada por unanimidad en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 4 de julio, supone un paso decisivo hacia una gestión más eficiente, sostenible y adaptada a las singularidades territoriales y ecológicas de la isla, según ha informado el Cabildo de La Gomera en un comunicado.

El plan estará disponible para consulta durante un período de 45 días hábiles, contados a partir de mañana miércoles, permitiendo a la ciudadanía, entidades y administraciones presentar observaciones, sugerencias o alegaciones.

Tanto la documentación como los canales para realizar aportaciones están accesibles a través de este enlace y de forma presencial o telemática en los registros habilitados.

El presidente, Casimiro Curbelo, insistió que este Plan Director “es una herramienta clave para avanzar hacia un modelo de desarrollo insular sostenible, que priorice la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos, reduciendo al mismo tiempo la presión sobre el territorio de La Gomera”.

Por su parte, el consejero insular de Política Territorial y Medio Ambiente, Héctor Cabrera, destacó que este documento “es una oportunidad para ordenar, modernizar y hacer más eficiente la gestión de residuos en la isla, en un momento clave en el que es imprescindible avanzar hacia un modelo circular y respetuoso con nuestros recursos naturales”.

La implementación de este Plan busca dar respuesta a las exigencias normativas europeas, nacionales y autonómicas, al tiempo que refuerza el compromiso de la isla con la sostenibilidad.

Junto a la consulta pública se abre también un trámite de audiencia al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos de la isla, así como un proceso de consultas a múltiples administraciones y entidades sociales, empresariales y medioambientales implicadas, incluyendo organizaciones ecologistas, sindicatos y asociaciones empresariales.

Con este anuncio, el Cabildo invita a la participación activa de la ciudadanía y del conjunto de agentes sociales en la definición de un plan que marcará el rumbo de la gestión de residuos en La Gomera durante los próximos años.

EFEasd

Madrid, 22 jul (EFE).

– El Gobierno trabaja para habilitar los medios necesarios para que todos los menores migrantes no acompañados que lleguen a Canarias a partir del mes de septiembre sean derivados a otra comunidad autónoma en un plazo máximo de 15 días.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del reglamento que detalla el protocolo para la reubicación de menores migrantes no acompañados.

Con este modelo, que ha generado un gran rechazado en la mayoría de las comunidades autónomas, el Ejecutivo prevé trasladar a unos 3.

000 jóvenes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades a partir del 28 de agosto y en el plazo de un año.

Pero, además, la norma aprobada hoy dicta que los nuevos jóvenes que lleguen a zonas declaradas como en situación de contingencia migratoria -seguramente Canarias a partir del 27 de agosto, según estimaciones del Gobierno- deberán ser trasladados a otro territorio en el plazo máximo de 15 días desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

Preguntada por los mecanismos que incorpora el real decreto en caso de que las comunidades se nieguen a acoger a los jóvenes, la ministra ha explicado que intervendrá la Fiscalía de menores y las fuerzas de seguridad.

Rego ha respondido a las comunidades que, como Castilla-La Mancha, consideran «insuficiente» la dotación de 100 millones de euros establecida por el real decreto aprobado el pasado marzo, que han tachado de un modelo «low cost», y ha asegurado que se han habilitado los recursos «suficientes» desde el Estado, si bien el sistema de tutela y acogida de los menores es competencia de cada autonomía.

Ha incidido en que la reubicación de estos menores no es un «problema de recursos económicos», sino de falta de «prioridad» ante la cuestión migratoria y de «racismo por parte del PP».

La ministra ha asegurado que el problema de fondo es la gestión de los recursos públicos: «Lo que ocurre es que tenemos a muchos Gobiernos del PP en comunidades autónomas más preocupados por dar regalos fiscales a los ultras ricos que por financiar de manera suficiente con recursos públicos los servicios públicos, entre ellos el sistema de acogida», ha criticado.

Aún así y «con poca esperanza» dada la actitud de la mayor parte de las comunidades del PP, de «cero propuestas y mucho bloqueo», ha reiterado su petición de que colaboren y faciliten la política de acogidas que, ha asegurado, «a partir del 28 de agosto va a ser efectiva en nuestro país».

El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes una declaración de emergencia dotada con 40 millones de euros y la creación de 1.

200 plazas en la península para la acogida de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo en recursos del Gobierno central.

Esta medida busca cumplir con la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo, que requirió al Estado que se hiciera cargo, con sus recursos, de alrededor de mil jóvenes peticionarios de protección internacional porque, como tal, eran de su competencia.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado en un vídeo difundido a los medios, que tanto esta aprobación en referencia a los solicitantes de asilo como el reglamento para la reubicación de los menores, dotado de 100 millones de euros, da muestra del compromiso del Gobierno con estos jóvenes y la situación de Canarias, todo ello a pesar del «bloqueo» y los «palos en las ruedas» de las comunidades del PP.

EFElll-msg/aam/pcr

Santa Cruz de Tenerife, 22 jul (EFE).

– La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha mantenido las penas de tres años de cárcel a tres acusados de ser patrones de un cayuco que llegó a El Hierro el 3 diciembre de 2023 con 56 personas que procedían de Mali, Mauritania, Gambia y Senegal, dos de ellos menores.

La embarcación partió de un punto indeterminado de la costa de Mauritania el 28 de noviembre y la travesía duró cinco días, en los que no faltó comida y bebida pero los motores fallaron en tres ocasiones.

En primera instancia se justificó que no se impusieran penas más elevadas dado que “afortunadamente en el presente caso no hay que lamentar la pérdida de vidas humanas ni tampoco existe constancia de que alguno de los viajeros precisara de una atención médica urgente por una grave afectación en su salud”.

El TSJC apunta en una sentencia que de las infracciones planteadas, “ninguna tiene relevancia suficiente para causar nulidad”, como son defectos en la interpretación de un dialecto de un acusado, cuando en realidad éste fue interrogado en francés lengua que se habla con fluidez en Senegal.

El TSJC añade que la versión ofrecida por los acusados sólo cuenta como soporte la declaración de éstos y resulta “huérfana de cualquier indicio que pudiera reforzarla y aunque lo tuviera difícilmente tendría vigor probatorio” para anular el fallo judicial.

Califica de “rayano a lo temerario poner en duda el elevadísimo riesgo inherente a una travesía a mar abierto” con el tipo embarcación utilizada que se emplea para la pesca en bajura y que estaba ocupada por personas que en muchos casos no sabían nadar.

Descartan por lo tanto el argumento de que varios migrantes ejercieron a la vez como patrones y que nunca se contó ni con un mínimo sistema de navegación, por ejemplo, el uso del GPS cuyo funcionamiento aseguraron desconocer.

En la vista los acusados declararon que pagaron por el viaje el equivalente a entre 300 y 800 euros y uno de ellos aseguró que era la cuarta vez que intentaba llegar a Europa.

Dos migrantes intervinieron desde Córdoba y declararon que hubo dos o tres personas que llevaban colgando del cuello una bolsa en cuyo interior daba la impresión de haber un móvil o un GPS y que podrían ser los patrones.

Uno de ellos manifestó que en el barco no había salvavidas, ni luces de posición y tampoco podían concretar si se utilizó el GPS.

Cuando llegaron a tierra la policía nacional les presentó una serie de fotografías para que identificaran a los patrones y a partir de ahí se concluyó en la acusación de los procesados, tras seguir el protocolo habitual.

EFEnra/spf1012088

Santa Cruz de Tenerife, 22 jul (EFE).

– El Ayuntamiento de La Laguna ha recordado este martes que todas las fiestas del agua en el municipio se mantienen suspendidas, a consecuencia de la emergencia hídrica declarada por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, en mayo del pasado año.

El objetivo de esta medida es preservar los recursos disponibles y, al mismo tiempo, concienciar a la ciudadanía del municipio sobre la importancia de realizar un consumo responsable, informa una nota municipal.

El concejal de Aguas del Consistorio, Ángel Chinea, señala en la nota la necesidad de poner en marcha cuantas acciones sean necesarias para preservar las reservas hidrológicas disponibles, a pesar de que ha habido varios períodos estacionales consecutivos con numerosas lluvias que, según el edil, han supuesto un gran alivio.

Recuerda que las previsiones climáticas que se manejan para este verano siguen siendo de altas temperaturas, lo cual conlleva siempre un mayor consumo hídrico por parte de toda la población lagunera.

Precisa que el Ayuntamiento lleva aplicando distintas medidas de ahorro y mitigación desde hace ya varios años, tales como restricciones en instalaciones deportivas y otras zonas públicas de riego, además del uso de agua regenerada para obras, baldeo de calles y la limpieza de toda la red de alcantarillado.

Por su parte, el responsable de la concejalía de Fiestas del municipio, Dailos González, solicitó la comprensión de los vecinos y vecinas de los distintos núcleos y barrios laguneros, que estaban acostumbrados por estas fechas a celebrar este tipo de festejos relacionados con el agua, que siempre son un reclamo y un símbolo de sus tradiciones.

EFEspf

Puerto del Rosario, 22 jul (EFE).

– La Policía Nacional ha detenido en Fuerteventura a cuatro personas acusadas de delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental por tener a varios trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y de residencia en territorio nacional.

Los detenidos eran los administradores y encargados de dos empresas vinculadas entre sí, cuyo objeto social era la provisión de personal a establecimientos hoteleros de la isla, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación llevada a cabo por los agentes, que ha tenido una duración de ocho meses y finalizó el 3 de julio de este año, tuvo su origen tras dos inspecciones laborales llevadas a cabo en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Las Palmas.

Las investigaciones se llevaron a cabo en dos hoteles ubicados en las localidades de Caleta de Fuste y Jandía en los que se detectaron a varios trabajadores extranjeros que carecían de permiso de trabajo y de residencia en territorio nacional.

Los agentes pudieron constatar el papel relevante de los detenidos dentro del entramado, al ser estos los responsables, entre otras funciones, de la captación de inmigrantes en situación irregular a través de redes sociales.

También se encargaban de organizar su transporte en furgonetas a través de puntos de recogida preestablecidos, y distribuirlos en los distintos hoteles donde prestaban servicios de limpieza.

Estas actividades ilegales de empleo de extranjeros en situación irregular les reportaban unos beneficios superiores a los 300.

000 euros brutos mensuales, lo que equivale a más de 1.

500.

000 euros netos anuales.

Para ocultar su responsabilidad, los detenidos utilizaban a terceras personas como “testaferros”, a cuyo nombre figuraban formalmente las sociedades, mientras ellos mantenían el control real de la actividad.

Empleaban la falsificación de documentos mercantiles y públicos que facilitaban a los trabajadores en situación irregular, simulando que se trataba de terceros con residencia legal.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad Judicial competente de Puerto del Rosario.

EFE1011279evs/as

Santa Cruz De Tenerife, 22 jul (EFE).

– La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha anunciado este martes el despliegue de 141 agentes para la puesta en marcha de comisarías insulares de la Policía Canaria, que comenzará por las islas no capitalinas.

En una comparecencia solicitada por el PP, la consejera ha indicado que además se han convocado 60 plazas de oficiales del cuerpo policial, algunos ya incorporados, al tiempo que ha señalado que en una segunda fase se reforzarán las comisarías de las islas capitalinas en función de la población, extensión del territorio y criterios de delincuencia.

Barreto ha solicitado además el apoyo de la Cámara para la «batalla» por conseguir la financiación del Estado a la Policía Canaria que «llegará más pronto que tarde».

En cuanto a las comisarías insulares, en el caso de Fuerteventura se instalará en Pájara en un edificio nuevo pero que hay que adaptar para esta función, al igual que ocurre con el inmueble para este fin en San Sebastián de La Gomera.

En Lanzarote se ha considerado que el local más idóneo es la antigua comisaría de Arrecife y en El Hierro y La Palma se debe adoptar la decisión entre varios inmuebles, ha proseguido Barreto.

La diputada popular Mónica Muñoz, que solicitó la comparecencia, ha asegurado que la criminalidad grave se dispara en las islas mientras el Estado sigue sin cumplir con un aumento de los recursos ni financia la Policía Canaria mientras «riega con millones de euros a otras comunidades».

Para Canarias sólo hay «migajas y palabras vacías, un agravio» al que hay que reaccionar «con valentía y presión institucional», por lo que ha pedido al Parlamento «alzar la voz»Ha asegurado que es alarmante el aumento de delitos graves en Las Palmas de Gran Canaria, una realidad «que no puede ser ignorada» que ha llevado a la ciudad a liderar la tasa de delitos contra la libertad sexual en España y a tener un repunte «sostenido» de episodios de extrema violencia.

Todo ello obliga a repensar el modelo policial ya que, en opinión de la diputada popular, hay sitios donde el Estado «parece haber perdido terreno» en medio de una situación «crítica» con una «alarmante escasez de agentes» en las islas.

La socialista Rosa Bella Noda ha apoyado el despliegue de la Policía Canaria pero con la consideración de que los avances son relativamente lentos y se han dado pasos insuficientes, por lo que ha reclamado que Canarias vaya al mismo ritmo con una representación real y equilibrada de agentes en todas las islas.

Jonathan de Felipe, del grupo Nacionalista Canario, ha señalado que a la larga lo ideal sería contar con mil plazas de policías autonómicos en Canarias, aunque al final de la legislatura la previsión es de 800, y ha considerado que la hoja de ruta es buena, pues primero se crean las plazas y después las comisarías para prestar servicio.

Para Paula Jover, de Vox, es necesario «no ponerse la venda» de no incluir en las previsiones de la policía que «el escenario ha cambiado» con la inmigración irregular, por lo que ha exigido además mayor dotación de guardias civiles y policías nacionales.

Carmen Hernández, de NC-BC, ha tildado de «absolutamente irresponsable» el discurso de Jover de vincular inmigración con los datos de criminalidad, que ha bajado en Canarias en un 4 por ciento, ha dicho, lo que a su juicio responde al interés partidario de Vox de inocular el miedo al diferente para implantar sus medidas.

Al respecto la consejera Nieves Lady Barreto ha recordado que ha exigido de manera reiterada al Ministerio del Interior que aumente los efectivos de los cuerpos de seguridad de acuerdo a la población canaria y el número de visitantes, y ha subrayado que es verdad que han aumentado los delitos graves pero son problemas «puntuales».

Además Barreto se ha dirigido a Vox para indicar que es una irresponsabilidad política ir a alentar a los vecinos a tomarse la justicia por su mano cuando ha sucedido un hecho de carácter grave como el ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria, con la menor que sufrió quemaduras graves en un presunto ataque por parte de un inmigrante irregular.

EFEasd/spf

Las Palmas de Gran Canaria, 22 jul (EFE).

– El Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado la proliferación de infraviviendas en varios solares abandonados donde debían haberse ejecutado tramos clave del fallido proyecto de la MetroGuaguaEstas parcelas han quedado convertidas en focos de marginalidad, donde malviven personas sin hogar, en algunos casos en condiciones indignas, asegura el PP en un comunicado.

Los populares señalan al menos tres puntos especialmente críticos: el solar de El Refugio (frente al antiguo hotel AC), el entorno del Parque Blanco junto al hotel Lumm, y la parcela de Hoya de la Plata donde debía construirse la estación principal del sistema.

En todos ellos se han detectado asentamientos improvisados, con colchones, chabolas y pertenencias personales de personas que pernoctan en la zona.

Algunas de estas situaciones, alertan, se vienen produciendo desde mayo sin que el Ayuntamiento haya actuado con la urgencia debida.

Los vecinos han mostrado su alarma ante una situación que no solo supone una emergencia humanitaria, sino también un deterioro notable en la calidad de vida del entorno, según el PP.

El caso del solar frente al edificio Miller, en plena zona turística de llegada de cruceristas, es especialmente simbólico.

“Al menos dos personas viven en chabolas adosadas al vallado en la calle Nicolás Estévanez.

Es la puerta de entrada de miles de visitantes a la ciudad y ofrece una imagen tercermundista impropia de una capital europea”, advierte el PP.

El caso más paradigmático se encuentra en Hoya de la Plata, donde las obras de la estación principal y las cocheras de la MetroGuagua están paralizadas desde hace años.

“Allí vive una persona entre materiales abandonados, con los riesgos que ello supone.

En marzo de 2024, el Ayuntamiento tuvo que devolver al Estado los 10 millones de euros que recibió en 2018 para este proyecto.

A ese fracaso económico se suma ahora el drama humano de quien se ve obligado a vivir entre piedras y escombros”, denuncian los populares.

EFEas

Las Palmas de Gran Canaria, 22 jul (EFE).

– La Fiscalía y las dos acusaciones populares del caso Emalsa han solicitado este martes a la Audiencia de Las Palmas una sentencia condenatoria para los 15 exdirectivos de la empresa mixta de aguas de la capital grancanaria por delitos de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal cometidos entre los años 2008 y 2012.

En el informe final presentado por la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos, con el que ha dado inicio la décima sesión de este juicio, la representante del Ministerio Público ha defendido la capacidad y legitimidad de su acusación y de las dos acciones populares presentes en la causa, pese a la retirada de cargos por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La letrada del Ayuntamiento justificó su decisión de retirarse del caso al entender que no se ha acreditado el perjuicio económico generado a Emalsa en esos años, extremo que discute la fiscal Ríos, quien cifra en 23,4 millones de euros el quebranto causado.

Ríos además ha reprochado a la representante del Ayuntamiento, que no ha asistido a la sesión de este martes y ha remitido un escrito en el que fundamentaba la retirada de su acusación, su «error manifiesto» al decir que fue la Fiscalía la que denunció el caso, cuando fue el alcalde Juan José Cardona, también presidente de Emalsa.

No obstante, ha remarcado que no ve trascendencia al detalle de quién denunció primero, ante las irregularidades advertidas en la prestación del un servicio, el del agua, de interés general y público, que afecta a los vecinos del municipio y que estos abonan en sus facturas trimestrales y en sus impuestos.

EFEcda(foto)