(Actualiza NA2260 con fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)Las Palmas de Gran Canaria/Madrid, 22 jul (EFE).
– El Gobierno trasladará desde mañana, miércoles, a su red de protección internacional a los 100 primeros menores inmigrantes solicitantes de asilo de los que se hace cargo, que pasarán inicialmente por el centro de acogida Canarias 50 de Las Palmas de Gran Canaria.
La directora general de Protección de la Infancia del Ejecutivo canario, Sandra Rodríguez, ha hecho pública esta decisión tras concluir la reunión semanal que los dos gobiernos mantienen para dar cumplimiento a las instrucciones emitidas por el Tribunal Supremo sobre la protección que deben recibir los menores que piden asilo.
Rodríguez ha remarcado que el Canarias 50 -un centro del Ministerio de Migraciones utilizado hasta ahora solo para adultos y familias con niños- debe funcionar como un recurso «de tránsito», de modo que los chicos que ahora llegan a sus dependencia deberá salir «en 15 días» hacia recursos humanitarios de la península.
En principio, estos 100 niños y adolescentes van a salir en dos grupos hacia el Canarias 50 desde los centros de la comunidad donde se encuentran: la mitad el miércoles y el resto, el viernes.
En ese antiguo cuartel del barrio de La Isleta reconvertido en centro de primera acogida de migrantes desde hace cinco años, se evaluarán sus perfiles y circunstancias personales, para buscarles acomodo en centros de la red de acogida del Estado en la península.
Sandra Rodríguez asegura que, en la reunión de este martes, el Gobierno se ha reafirmado en sus planes de habilitar 400 plazas para menores solicitantes de asilo en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y ha puesto sobre la mesa 350 más «en la península».
A su vez, el Gobierno de Canarias ha pedido que en la reunión de la próxima semana se concreten cuándo van a estar disponibles esas plazas y dónde se encuentran las 350 anunciadas este martes.
«Con su entrada mañana de esos primeros 50 menores comienza su itinerario por el sistema de protección internacional y en el plazo de 15 días tienen que ser trasladados a península», ha remarcado la directora general del Gobierno autonómico.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han precisado que el Gobierno ha presentado este martes un calendario para que los primeros 250 menores, que integran el listado acordado hace dos semanas por ambas administraciones, puedan ser trasladados a partir de mañana al centro Canarias 50.
La previsión es que para la primera semana de agosto se completen las 250 plazas de este centro, según se vayan recibiendo los expedientes de cada menor, y han recalcado la importancia de una evaluación previa «individualizada y pormenorizada», junto al Ministerio Fiscal, para preservar el interés superior del menor.
Según estas fuentes, el Gobierno canario ha visitado este martes las instalaciones del centro para otorgar su permiso y así poder dar cumplimiento al acuerdo, mientras que la entidad Engloba, que se hará cargo de la gestión del centro, ya cuenta con la autorización del Ejecutivo autonómico.
Desde el Ministerio han recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy una partida de 40 millones y la creación de 1.
200 plazas en la península para cumplir con la orden del Supremo, de las cuales 750 se han puesto encima de la mesa en la reunión de hoy aunque aún se está trabajando con las entidades para su adecuación.
En dos autos con medidas cautelares dictados en las últimos dos meses, el alto tribunal ordena al Estado a asumir la acogida unos 1.
200 menores inmigrantes solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias, en un proceso coordinado con la comunidad autónoma.
En la última semana, el Gobierno había anunciado que pediría el Supremo su aval expreso para trasladar a esos chicos a recursos de la península, puesto que la Comunidad de Madrid le ha enviado un escrito en el que cuestiona que tenga capacidad legal para llevarlos a un recurso de Pozuelo de Alarcón sin su consentimiento.
Y el Ejecutivo canario había amenazado con presentar una queja ante el alto tribunal -que ya había apercibido al Gobierno central con medidas coercitivas si el proceso no avanzaba-, molesto por el hecho de que aún no se hubiera producido traslado alguno, a pesar de que habían transcurrido ya 116 días desde el primer auto judicial.
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