Melilla, 31 jul (EFE).
– El Tribunal de Cuentas (TCU) ha recomendado al Gobierno que elabore una nueva regulación de las subvenciones al transporte marítimo que aplica en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para financiar los traslados marítimos con el resto del territorio nacional, de manera que sea más estricta e incluya limitaciones.
Esta es una de las principales conclusiones del informe de fiscalización que el TCU acaba de aprobar sobre este programa de subvenciones y apoyo al transporte marítimo en los territorios extrapeninsulares, referido concretamente al ejercicio 2023, al que se destinaron 227 millones de euros para financiar 8,6 millones de viajes bonificados para residentes y familias numerosas.
Las subvenciones a residentes han supuesto en ese ejercicio el 93,7 % del total (213.
034.
114,34 euros).
Estas ayudas a los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en sus desplazamientos por vía marítima a la península o entre las diferentes islas se materializan en bonificaciones de hasta el 75 % del precio de los pasajes, aportaciones a las operadoras de líneas de interés público y otras subvenciones directas a las empresas navieras que hayan suscrito contratos de servicio público.
En el informe se sugiere al Gobierno una nueva regulación de estas subvenciones más estricta con el concepto de residencia para evitar la posibilidad de acceso a las bonificaciones a pasajeros empadronados que tienen su residencia habitual en territorio peninsular, ya que solo se exige acreditar la residencia por el padrón sin requisitos adicionales para garantizar la residencia habitual.
El TCU advierte de que no se ha previsto ningún criterio que limite las bonificaciones que puede percibir cada beneficiario en cuanto al número de viajes, el importe de las tarifas de pasaje, la categoría de la acomodación o cualquier otra referencia.
Tampoco se ha regulado el detalle de los conceptos incluidos en el precio del billete de transporte que pueden ser bonificables y cuáles no, y los importes bonificados presentan grandes diferencias en función de si corresponden a acomodaciones de categorías superiores o de categorías más económicas, lo que favorece a los residentes de mayor capacidad económica que pueden costear las primeras.
Por otra parte, aunque la normativa excluye la bonificación de servicios ajenos al transporte, el TCU ha observado que en las páginas webs de algunas compañías se indica habitualmente que las tarifas más elevadas incluyen servicios de restauración o similares, que no aparecen en los billetes.
Por ello, el TCU recomienda establecer límites a las bonificaciones, que pueden determinarse mediante varios criterios: un importe fijo según trayecto, una tarifa máxima bonificable, un límite al número de viajes bonificados, o en función de la renta del receptor.
“En cualquier caso, parece necesario excluir las bonificaciones o limitarlas a un importe máximo, en los billetes de transporte correspondientes a acomodaciones de categorías superiores o de lujo”, señala.
El órgano fiscalizador también ha detectado un “control insuficiente” en la aplicación de las tarifas máximas pactadas en los contratos de navegación con las navieras, lo que originó un “exceso en las bonificaciones abonadas como consecuencia de la aplicación incorrecta de las tarifas sujetas a contrato”.
Por ello, la Dirección General de la Marina Mercante ha incoado procedimientos administrativos de reintegro a dos navieras por los excesos en 331.
074 embarques de 2023, por un importe de 1,14 millones de euros, y ha empezado a revisar liquidaciones de ejercicios anteriores no prescritas para detectar posibles cobros indebidos y proceder a su reclamación.
En definitiva, el TCU considera “necesaria la revisión de algunos aspectos esenciales” del sistema de apoyo al transporte marítimo “a efectos de asegurar una oferta marítima suficiente y de calidad, mejorar la eficiencia del programa y garantizar su sostenibilidad”.
No en vano, el TCU señala que los créditos del presupuesto son insuficientes para financiar las bonificaciones y se recurre a ampliaciones de crédito y desplazamientos de gasto al ejercicio posterior, por lo que recomienda al Gobierno ajustar los créditos iniciales a los gastos previstos y ampliarlos.
Además, señala la subida del 34 % de las bonificaciones a residentes en 2023 (53.
574.
822 euros) respecto a 2019 por el incremento de los embarques en un 11 % y a la subida de la mayoría de las tarifas, especialmente en los sectores con menor oferta marítima, mientras que en los sectores de Ceuta-Península y Baleares-Península, donde tres operadores relevantes prestan el servicio, no ha habido variaciones.
Contratos de líneas de interés públicoEn cuanto a los contratos de navegación de líneas de interés público (16 en 2023 por 14.
535.
208,73 euros), el TCU recomienda analizar las rutas antes de tramitarlos para determinar la opción más conveniente, como nuevas obligaciones de servicio público, modificar las existentes, suscribir un contrato o dejar el transporte sin intervención.
En este sentido, señala que en cinco de las líneas (Península-Canarias, Algeciras-Ceuta, Málaga-Melilla, Almería-Melilla y Motril-Melilla) se habían suscrito contratos de servicio público con condiciones adicionales a las obligaciones, básicamente en materia de régimen tarifario y calidad del servicio; y las de Melilla con Málaga y Almería “no se ha evidenciado la necesidad del contrato” por haber en ese momento competencia en el libre mercado en condiciones similares.
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