Las Palmas de Gran Canaria, 25 ago (EFE).
– Comisiones Obreras (CCOO) trasladará a los grupos parlamentarios canarios un paquete de enmiendas para evitar que se ponga en riesgo el control público del uso del suelo en las islas tras entrar el vigor el pasado abril el Decreto-ley 3/2025, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas.
El sindicato llevará a cabo esta acción debido a que dicha norma se tramita ahora como proyecto de ley para permitir la presentación de enmiendas y modificar, de este modo, los preceptos en discusión a la vista de los reparos formulados por el Consejo Consultivo de Canarias y por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, así como por el malestar social y profesional generado, ha indicado este lunes en un comunicado.
Según ha explicado la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, lo más preocupante del proyecto es la creación de los denominados ‘informes técnicos de conformidad’ ya que pueden ser emitidos por entidades privadas, colegios profesionales o medios propios personificados, sustituyendo a los informes técnicos municipales «incluso cuando estén en juego potestades públicas vinculadas a la legalidad urbanística».
Además, dichos informes «no requerirían verificación ni ratificación por parte del personal técnico municipal y desplazarían la preceptividad del informe técnico de la Administración».
A su juicio, esta vía «facilitaría una huida del Derecho Administrativo, en términos utilizados por el Tribunal Supremo, mercantilizando el urbanismo y subordinando el interés general a lógicas privadas», y «degradaría la calidad del control público sobre el uso del suelo» en un territorio sometido a alta presión urbanística como Canarias.
FSC-CCOO ha advertido de que la redacción actual de esta norma sería aplicable a cualquier construcción que se proyecte en Canarias, lo que podría abrir la puerta a actuaciones de gran escala, como equipamientos comerciales o de ocio, «que nada tienen que ver con el acceso a la vivienda, y menos con vivienda pública y asequible».
Para el sindicato, antes de «agilizar a cualquier precio» es necesario «preservar el interés general».
Y, por eso, ha subrayado que la solución a los retrasos en licencias pasa por reforzar plantillas y coordinación entre administraciones.
Asimismo, el sindicato ha defendido que la ley no imponga de forma automática a los Ayuntamientos la obligación de aceptar informes técnicos externos y que se requiera un pronunciamiento expreso y explícito por el Pleno municipal de la aceptación de esa manera de proceder en la tramitación de las licencias, garantizando así la autonomía de los municipios y su capacidad de autoorganización.
Las enmiendas de FSC-CCOO «proponen soluciones desde lo público», ha indicado en la nota el sindicato al señalar entre sus propuestas la colaboración interadministrativa real, el impulso de mancomunidades y consorcios urbanísticos y la exigencia de ratificación por los servicios técnicos municipales de cualquier informe externo, «para asegurar objetividad, imparcialidad y defensa del interés general».
FSC-CCOO Canarias solicitará reuniones con los grupos parlamentarios para explicar el detalle de estas propuestas y confía en que el Parlamento incorpore las enmiendas necesarias «para asegurar que cualquier mejora en la tramitación urbanística se haga reforzando lo público, nunca vaciándolo de sus competencias sustantivas ni menoscabando las garantías democráticas».
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