(Actualiza la NA2117 con más datos sobre CCAA)Madrid, 26 ago (EFE).
– El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las autonomías y supone el último paso para poner en marcha la derivación de menores migrantes no acompañados, a la que se oponen la mayoría de comunidades, obligadas por ley a atenderlos.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado la aprobación del decreto en rueda de prensa y ha destacado que es un «paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante» y que afecta a «niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y humanitaria».
El decreto aprobado este martes fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.
000 habitantes.
Las comunidades que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.
El destino serán comunidades con menos saturación en sus recursos.
Con el criterio fijado por el Gobierno, que el PP rechaza, la mayoría de autonomías acogen a menos menores migrantes de lo que les correspondería por población.
Las mayores diferencias se dan en Andalucía, que con los datos conocidos hasta ahora acoge a 1.
372 menos de lo que le corresponde, Comunidad Valenciana, con 1.
216 y Galicia, con 620.
Arrancan las derivacionesCon la entrada en vigor del decreto, echa a andar el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por el que en el plazo de un año se derivará a unos 3.
000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas, como este archipiélago o Ceuta, a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.
Este procedimiento implica además que los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.
El Gobierno celebrará una reunión interministerial el próximo martes para dar inicio a los traslados, según ha anunciado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
La capacidad ordinaria, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía, es clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.
En julio, el Gobierno hizo un cálculo de máximos sobre cuántos menores tendrían que acoger las comunidades.
Los territorios que más jóvenes tendrán que acoger serán Andalucía (677 jóvenes); Madrid, (647) y Comunidad Valenciana (571).
Le seguían en la lista Castilla-La Mancha, con 320 jóvenes; Galicia, con 317; Aragón, con 251; La Rioja, con 205; Castilla y León, con 197; Extremadura, con 159; Cantabria, con 156; Asturias, con 144; Región de Murcia, con 133; Navarra, con 118 e Islas Baleares con 49.
Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31, como en anteriores campañas de acogida.
La mayoría de autonomías rechazan este sistemaDiez comunidades autónomas gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE) han recurrido este mecanismo forzoso ante el Tribunal Constitucional, mientras que la Comunidad de Madrid ha acudido al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Baleares, que recurrirá los últimos decretos y pedirá suspender cautelarmente el reparto.
Este martes, algunas autonomías han renovado sus críticas.
Madrid ha anunciado un nuevo recurso y, como La Rioja, ha denunciado que sus instalaciones ya están saturadas, mientras que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido que se considere frontera a su comunidad y ha acusado al Gobierno de favorecer a País Vasco y Cataluña.
En cambio, Navarra, gobernada el PSOE, ha señalado que pese a estar «tensionada» va a colaborar para ayudar a Canarias y ha achacado la puesta en marcha de este traslado obligatorio a que las autonomías gestionadas por el PP «se han mostrado remisas a colaborar de una manera voluntaria».
La derivación de los menores conlleva una financiación de 100 millones de euros, con los que el Ministerio de Infancia y Juventud sufragará los traslados y los primeros tres meses de la acogida.
EFEml/lml(Foto) (Vídeo) (Audio)