Santa Cruz de Tenerife, 24 nov (EFE).
– Coalición Canaria ha acusado este lunes al expresidente Ángel Víctor Torres de «mentir» sobre su papel para convertir a Canarias «en uno de los focos más rentables de la trama» del caso Koldo y le ha atribuido una responsabilidad política «evidente e ineludible», con indicios «claros» de tráfico de influencias y acoso laboral a funcionarios.
De esta manera se han pronunciado en rueda de prensa Vidina Espino y José Alberto Díaz Estébanez, los diputados del grupo Nacionalista Canario en la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la covid-19, que han hecho extensiva su acusación de «mentir» en sede parlamentaria a Antonio Olivera, exviceconsejero de Presidencia y del Servicio Canario de la Salud al inicio de la pandemia.
En concreto, Vidina Espino ha recordado que Olivera compareció en la citada comisión el pasado 30 de enero y el expresidente Torres lo hizo el 23 de junio.
Espino ha advertido de que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacado a la luz «falsedades» en los testimonios de ambos, y su compañero Díaz Estébanez ha aludido a que el Código Penal contempla penas de cárcel de seis meses a un año, o el pago de una multa, a quien falte a la verdad en una comisión de investigación.
En opinión de la parlamentaria nacionalista, Olivera, a quien calificó de «mano derecha de Torres», mintió «reiteradamente» en su comparecencia ante la comisión de investigación y negó «hasta en tres ocasiones» hablar hablado o contactado con el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García respecto a la compra de mascarillas y haberse implicado personalmente en la gestión de los contratos que están siendo investigados.
Espino ha relatado los mensajes citados en el informe de la UCO entre Olivera y Koldo García que «son constantes» y que «muestran todo lo contrario» de lo argumentado por el exviceconsejero ante la comisión parlamentaria, como su intervención «en diálogo directo con Koldo» para resolver la llegada y el pago de 2,1 millones de euros para las mascarillas de la empresa Soluciones de Gestión.
«Nada que ver con lo que Olivera nos contó en la comisión», ha proseguido Vidina Espino, que leyó uno de los mensajes citados por la UCO en el que Koldo agradece las gestiones realizadas por el entonces viceconsejero con un «te lo agradeceré en carne, te querré mucho y te pondré puentes y carreteras».
La diputada de Coalición Canaria también puso el foco en otros mensajes de la UCO que revelan cómo Torres y Olivera «actúan de forma coordinada y compartiendo información sobre las gestiones que ambos realizan personalmente con o para las empresas de la trama», e «incluso Olivera llega a enviar documentos con las órdenes de pago a Soluciones de Gestión a Koldo”.
Tras relatar la «constante» gestión en favor de estas empresas, Vidina Espino ha considerado «imposible» que Olivera no haya recordado en su comparecencia «las decenas y decenas de mensajes» que recoge el informe de la UCO y por lo tanto, ha continuado, «mintió y ocultó sus gestiones en favor» de los implicados en la supuesta trama.
También Ángel Víctor Torres negó en la comisión que tuviese contacto con la entonces directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, y «hoy sabemos por el informe de la UCO que fue otra mentira, pues se comunicó con ella para advertirle del carácter excepcional de la factura» que se debía abonar a Soluciones de Gestión.
En su momento Torres aseguró que se involucró en el pago a Soluciones de Gestión porque era una empresa que había cumplido con la administración «pero la administración no cumplía con ella» y esto, ha proseguido Espino, no es cierto, puesto que los funcionarios se negaban a pagar unas mascarillas que no cumplían los requisitos técnicos y el presidente intervino «para desatascar el pago».
También argumentó Torres que para pagar la cifra de 2,1 millones de euros fue preciso modificar el contrato en base a un informe técnico y jurídico «y mintió», ha indicado Espino, puesto que se hizo en función de una negociación entre la empresa, Olivera y su sucesor al frente del SCS Conrado Domínguez.
Los diputados nacionalistas se han referido a otras «mentiras» del expresidente canario que a su juicio recoge el informe de la UCO, como su interlocución «constante» en favor de los test en aeropuertos de Megalab, y han cuestionado por qué Torres no ha aclarado el motivo por el que pidió a Koldo García el teléfono del empresario Víctor de Aldama.
A su vez José Alberto Díaz Estébanez ha hablado de que «sin temor a equivocarnos ni posibilidad de error» de estos hechos se deducen responsabilidades políticas por las que habría que pedir disculpas ante el daño patrimonial causado sin escudarse en el victimismo ni detrás de técnicos y funcionarios en una gestión por la que se «urdió el destino de millones de euros que no se ajustaron a la legalidad».
Pero además, ha continuado, del informe de la UCO se acumulan «de forma grosera evidencias» de mentiras en sede parlamentaria en cuanto a que Torres no tenía contacto con los empresarios de Soluciones de Gestión y Megalab, Koldo García, Aldama y la directora de Recursos Económicos del SCS, ni que había mediado personalmente en la compra de material sanitario.
Por el contrario ha quedado acreditado que Torres «intermedió y participó activa y personalmente en favor de determinadas empresas y se evidencia como mínimo un claro indicio de tráfico de influencias y presión a funcionarios para que se pagase un material no idóneo muy por encima del precio de mercado, lo que puede ser un ilícito penal de acoso laboral y abuso de poder», ha resumido Díaz Estébanez.
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