Santa Cruz de Tenerife, 24 nov (EFE).
– El trabajo activo de los profesionales de Atención Primaria ha permitido detectar un total de 700 mujeres víctimas de la violencia machista desde la puesta en marcha del protocolo en este ámbito por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS), en abril de 2024.
En concreto, se han identificado 382 mujeres víctimas de violencia de género en 2024 y 318 en los diez primeros meses de 2025, según ha detallado este lunes la Consejería de Sanidad en un comunicado con motivo de la conmemoración mañana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Al respecto, detalla que el SCS cuenta con herramientas y protocolos destinados a la detección precoz y asistencia a la violencia de género y a las agresiones sexuales, en cualquiera de sus expresiones, que estandarizan la actuación sanitaria para facilitar la detección, protección y atención de las mujeres víctimas de violencia machista.
En el caso del Protocolo de Detección y Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género en Atención Primaria, cuenta con un enfoque de género, multidisciplinar y multisectorial y establece pautas homogéneas para la detección precoz de la violencia ejercida por la pareja o expareja, así como para su valoración e intervención, en línea con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
Así, cualquier profesional sanitario y de trabajo social de los Equipos de Atención Primaria puede aplicar el protocolo desde la Historia de Salud Electrónica, ya sea mediante el cuestionario WAST o a través de una entrevista clínica basada en indicadores de sospecha y criterios de vulnerabilidad.
Su utilización está indicada en mujeres a partir de los 15 años, ya sea en consultas ordinarias o al abrir por primera vez la historia clínica electrónica.
El protocolo también se activa en mujeres que acuden directamente a un centro de salud por lesiones físicas, psicológicas o sexuales sin violación.
En los casos de agresión sexual con violación, la atención se realiza en el hospital de referencia, añade la Consejería.
Desde su implantación, 1.
093 profesionales han completado la formación acreditada, un proceso formativo que continuará durante 2026.
El documento recoge los conceptos y definiciones genéricas necesarias para entender este fenómeno y su comportamiento, así como las formas más frecuentes de presentarse, la atención ante situaciones de especial vulnerabilidad y las repercusiones que tiene en la salud de las mujeres y en la de sus hijos e hijas.
También aborda el papel del personal sanitario, los obstáculos para identificar o intervenir en violencia de género y las dificultades que impiden a las mujeres a reconocerse como víctimas y, como tal, pedir ayuda.
El SCS dispone también del Protocolo de atención a mujeres víctimas de agresión sexual que regula la actuación multidisciplinar y homogeneiza la respuesta sanitaria en los servicios de urgencias hospitalarias y urgencias ginecológicas ante una presunta violación, y que incluye además un apartado específico para los casos en los que se sospecha sumisión química.
Así, tras la valoración inicial en urgencias se activa el protocolo sanitario y se movilizan a través del 112 los recursos judiciales, policiales y especializados en atención a la mujer.
El protocolo vigente, de diciembre de 2020, se encuentra actualmente en proceso de actualización para adaptarlo a los cambios legislativos derivados de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual y al Protocolo de Violencia Sexual del Sistema Nacional de Salud.
Los datos de la aplicación del protocolo se obtienen de los partes de lesiones, emitidos en los hospitales del SCS por este motivo.
Detalla la Consejería que en el ámbito hospitalario se registraron 206 partes de lesiones en 2024 por agresión sexual con violación y 159 en lo que va de 2025, lo que refuerza, afirma, la importancia de los protocolos de atención y de la coordinación con los recursos judiciales y de seguridad.
El protocolo recoge todas las actuaciones a llevar a cabo desde la acogida, en un ambiente de privacidad, confidencialidad, respeto y seguridad, hasta las valoraciones iniciales, descartando patología urgente, y las específicas, realizadas por el profesional de ginecología junto al de medicina forense y que consisten en la anamnesis detallada y la exploración ginecológica junto a la toma de muestras.
Todas estas actuaciones, al realizarse de forma conjunta, evitan la revictimización de la mujer.
Destaca en este aspecto la incorporación en el protocolo de las tomas de muestras específicas en aquellos casos en los que se sospecha que la mujer ha sido víctima de sumisión química.
Asimismo el SCS cuenta con un protocolo de actuación sanitaria para el abordaje de la violencia en la infancia y adolescencia impulsado por la Dirección General de Programas Asistenciales en colaboración con el Juzgado de Violencia contra la infancia y la adolescencia.
Este protocolo también ha contado con la participación de miembros del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, Instituto Canario de Igualdad y cabildos, entre otros organismos.
Este documento busca establecer pautas de actuación ante la sospecha de violencia en una persona menor de edad desde los servicios sanitarios, así como las vías de comunicación y actuación coordinada con el resto de instituciones que intervienen, como servicios sociales municipales, Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, cabildos, instancias judiciales, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscalía y fuerzas de seguridad del Estado.
EFEasd/acp
