Santa Cruz de Tenerife, 13 ene (EFE).
– Todos los grupos parlamentarios y cabildos insulares han apoyado este martes modificar la ley del Suelo para ampliar a cuatro años el plazo de los informes ambientales estratégicos con la excepción del Cabildo de Gran Canaria, que entiende que esta reforma muestra que la ley nació «viciada».
Los representantes de las corporaciones insulares han dado este martes su parecer en la Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias respecto al decreto ley promovido por el Gobierno regional para modificar la ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos, así como la ley de Sociedades Cooperativas de las islas.
Ambas modificaciones serán sometidas a ratificación mañana en el pleno que tiene previsto celebrar el Parlamento de Canarias, el primero de 2026.
En su intervención ante la Comisión General de Cabildos para explicar el objeto de la reforma el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha señalado que el decreto referente a la modificación de la ley del Suelo tiene como objetivo permitir al órgano ambiental ampliar hasta cuatro años los plazos de los informes ambientales estratégicos, siempre que en ellos no se hayan introducido cambios sustanciales.
En segundo lugar se permite que, con carácter excepcional, los instrumentos de planificación con memoria ambiental prorrogada que hayan superado la fase de información pública, consulta, informe y audiencia puedan ser aprobados en el plazo máximo de un año a partir de la citada prórroga.
El objetivo es que el Gobierno autonómico pueda continuar la elaboración de los planes municipales de ordenación supletorios que tramita el Ejecutivo, como los recientemente aprobados de San Bartolomé, en Lanzarote, y San Miguel de Abona, en Tenerife.
El Gobierno trabaja actualmente en los planes supletorios de La Orotava y Arrecife, que previsiblemente se aprobarán en el primer trimestre de este año, y el de Mazo, en La Palma, que podría culminar en 2027.
Sin la posibilidad de prorrogar los informes ambientales estratégicos, esta planificación podría decaer y obligar a iniciar un nuevo proceso, ha detallado el consejero.
Respecto a la modificación de la ley de Sociedades Cooperativas de Canarias, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, se trata de ampliar hasta el 10 de enero de 2027 el plazo para que las cooperativas constituidas antes de 2013 puedan adaptar sus estatutos a la norma.
El plazo previsto inicialmente concluyó el pasado 10 de enero, y aunque muchas cooperativas habían presentado la documentación necesaria, la sobrecarga administrativa en el registro de cooperativas de Canarias ha impedido completar los trámites, lo que hubiera resultado en la disolución y entrada en fase de liquidación de las sociedades.
En representación de los cabildos la vicepresidenta de la corporación de El Hierro, Ana González, ha respaldado la modificación de la ley del Suelo al dar respuesta a una realidad «incontestable», la de responder a una planificación lenta y compleja para la cual no todos los territorios parten en las mismas condiciones.
También la vicepresidenta cuarta del Cabildo de Fuerteventura, Nereida Calero, ha respaldado los cambios propuestos y ha sugerido que, en la medida de lo posible, sería mejor no poner plazos en las normas de planteamiento, pues para las administraciones locales resulta complicado cumplirlos, sobre todo en procedimientos complejos.
También el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha considerado necesario este decreto para evitar que los procedimientos caduquen ante unos instrumentos de ordenación territorial, urbanística y ambiental «excesivamente complejos», hasta tal punto que hay municipios que nunca han tenido un plan de ordenación y se rigen por normas subsidiarias.
En esta afirmación ha coincidido el consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo de Lanzarote, Jesús Alexander Machín, quien ha señalado que cuando asumió el cargo no había instrumentos de ordenación en una isla con un parque nacional y un archipiélago chinijo, para indicar que no es lo mismo aprobar una ley en el Parlamento que su desarrollo por parte de cabildos y ayuntamientos, con plazos muy difíciles de asumir.
Para el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, es un acierto absoluto poder prorrogar este tipo de informes cuando se justifican porque, al final, lo que busca esta norma es la eficacia, para lo que ha puesto como ejemplo que en su isla, tras la erupción, se ha tenido que «tirar» de este tipo de instrumentos para poder agilizar los trámites.
Por su parte, el vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, Hacienda y Modernización del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha dicho que se trata de un decreto con decisiones «absolutamente necesarias» que comparte íntegramente, y ha apostillado que la ley del Suelo de 2017 fue un gran avance y su modificación requiere un proceso «bastante más largo» que el que se pueda realizar en la Comisión de Cabildos.
La única voz discrepante ha sido la de la consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda, quien ha señalado que desde 2017 la corporación advirtió de que la ley del Suelo iba a resultar «conflictiva, no igualitaria, iba a judicializar el planeamiento y a retrasar los procedimientos, y aquí estamos».
Inés Miranda ha aseverado que ya es la «tercera o cuarta vez» que se está «toqueteando» la ley del Suelo con modificaciones y ha indicado que la que va a debatir el pleno mañana no tiene carácter de urgencia y se podría haber solucionado en 2017.
No se han acreditado los elementos que justifican el decreto del Gobierno y se ha privado el debate sobre una modificación estructural de la ley del Suelo, y ello lo que demuestra es que «nació viciada, como ha demostrado la experiencia», ha advertido Miranda.
La consejera grancanaria ha pedido al Gobierno regional «que mire con detenimiento lo que tiene entre manos» porque no puede esconder una modificación estructural en el planteamiento con trámites administrativos que podría haber solventado el Ejecutivo.
«Ruego al Gobierno que tome absolutamente en serio el planeamiento porque no podemos planificar como se está haciendo: son los proyectos los que mandan y así acabamos con el territorio, lo más sagrado que tenemos, al servicio de intereses de cualquier tipo que se apartan de la necesidad de su protección», ha concluido Inés Miranda.
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