Santa Cruz de Tenerife, 14 ene (EFE).
– El Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles por unanimidad un decreto para una nueva modificación de la ley del suelo, si bien la oposición ha apuntado que los continuos «parches» desde que se aprobase en 2017 certifican un «fracaso del modelo».
Esta nueva modificación introduce la posibilidad de prorrogar el informe ambiental estratégico y amplía de forma excepcional la vigencia de determinadas memorias ambientales, con el objetivo de evitar que planes urbanísticos y territoriales en estado avanzado tengan que reiniciar toda su tramitación por el mero vencimiento de plazos.
En su exposición el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha hecho referencia a la necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad de la medida, pues los instrumentos de ordenación «requieren de un trabajo complicado que en ocasiones se ralentiza».
Así, ha considerado fundamental corregir la caducidad de esos procedimientos ambientales, algo que en su opinión también atajará la inseguridad jurídica que se genera cuando los trabajos de planeamiento vuelven a la casilla de salida.
La posibilidad de prórrogas de esos informes ambientales estratégicos, ha especificado, se permitirá siempre que no se hayan formulado cambios sustanciales en el contenido.
Así, con el nuevo apartado de la ley, los instrumentos de ordenación que cuenten con memoria ambiental prorrogada y hayan superado la información pública tendrán un año más de plazo para poder ser aprobados.
La medida, que al ser decreto lleva en vigor desde el pasado diciembre, ha permitido según el consejero aprobar planes supletorios en San Bartolomé, en Lanzarote, y San Miguel de Abona, en Tenerife, y servirá para otros tres cuyos procedimientos estaban en peligro, como La Orotava, en Tenerife; Arrecife, en Lanzarote; y Mazo, en La Palma.
«No contar con herramientas de planificación adecuadas genera inseguridad jurídica, desprotección e impide el desarrollo de políticas de interés social, de modo que no podemos permitir que las declaraciones ambientales decaigan», ha resumido Miranda, que ha calificado de necesaria la adaptación de la ley del suelo «a los nuevos tiempos».
También se da respuesta, ha agregado, a corporaciones insulares y locales que no disponen de recursos para actualizar su planificación, que, ha insistido, es clave para generar cohesión en las islas.
En su intervención, la diputada del PSOE Nayra Alemán ha apuntado que su grupo votará a favor porque el debate «no es ideológico», sino que responde a problemas reales de funcionamiento administrativo que afectan a la seguridad jurídica, si bien ha advertido de que el problema de la ley del suelo «es estructural y conocido desde hace años».
Ha criticado asimismo que el Gobierno recurra al decreto ley en lugar de a una reforma profunda y ha alertado de que ampliar plazos sin reforzar la administración es solo dar una patada el problema hacia adelante, y ha dicho que en el momento en el que vayan a hacer una modificación integral «no les quedará ley que modificar».
La diputada de Nueva Canarias Esther González ha considerado las modificaciones de la ley del suelo como «una práctica reiterada» de remiendos y una «rutina» que evidencia «un fracaso político del modelo impuesto en 2017» y que ha atribuido al jefe del ejecutivo canario, Fernando Clavijo, también presidente en 2017.
«Tras más de ocho años sobrevive a base de prórrogas y decretos», ha apuntado González, que en cualquier caso ha dicho que su grupo vota a favor «para evitar el caos inmediato pero no para legitimar» el decreto.
De Vox, Javier Nieto ha coincidido en que la caducidad de los informes ambientales estratégicos provoca una dilapidación de recursos públicos y ha puesto el foco en la sobrecarga burocrática existente, y ha llamado a corregirlo, pues este tipo de correcciones, ha dicho, evidencian la necesidad de una reforma más amplia orientada a simplificar la presión administrativa.
Por la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta ha defendido el decreto como una solución “razonable” para evitar que el trabajo de años en materia de planeamiento se pierda únicamente por el vencimiento de plazos administrativos, y ha subrayado que elaborar un nuevo planeamiento puede costar hasta medio millón de euros a un ayuntamiento pequeño.
El diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos ha señalado que no es justo ni razonable que instrumentos de planeamiento que se encuentran en fases avanzadas deban reiniciarse desde cero, con el consiguiente perjuicio económico, y ha denunciado la ineficiencia administrativa y retrasos injustificados que ello provoca, por lo que se ha posicionado a favor del decreto.
Por el Partido Popular, Luz Reverón ha defendido la necesidad y urgencia del decreto y ha reprochado a Nueva Canarias y al PSOE que, durante los cuatro años que estuvieron en el Gobierno, no impulsaran una reforma integral de la norma.
En la misma línea, el portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha afirmado que el decreto es de sentido común, pues dota de necesidad de seguridad jurídica a ayuntamientos y cabildos, y ha cuestionado la «coherencia» de la oposición, ya que no modificaron la ley durante la legislatura pasada en el gobierno.
Por otra parte, en el mismo decreto, el Parlamento ha dado luz verde a promover la adaptación de los Estatutos de las cooperativas a la Ley 4/2022, pues el registro de las sociedades cooperativas del Gobierno de Canarias está «sobrecargado», dando más tiempo a estas entidades para que cumplan los requisitos de la ley en vigor.
Así, con el decreto se adoptan las medidas necesarias para evitar la disolución de pleno derecho y la entrada en fase de liquidación de las cooperativas que hayan solicitado la calificación previa del proyecto de adaptación de Estatutos sin que haya recaído resolución.
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