Las Palmas de Gran Canaria, 14 ene (EFE).
– Izquierda Unida Canaria (IUC) considera «un gran avance» que el Gobierno plantee a la Comisión Europea limitar la compra especulativa de vivienda en las islas, pero «reclama, como siguiente paso, una ley de residencia en Canarias».
Para IUC, limitar la compraventa de viviendas en Canarias que no se destinen a uso residencial, medida incluida en el paquete de propuestas sobre la reforma de la normativa para las Regiones Ultraperiféricas (RUP), «supone un primer paso en la dirección correcta para frenar la especulación inmobiliaria que asfixia al Archipiélago», según ha expresado este miércoles en un comunicado.
La organización política estima que la presión que soporta el mercado de la vivienda en las islas «no puede entenderse sin abordar el impacto que tiene la compra masiva por parte de inversores y fondos extranjeros, en muchos casos con fines especulativos o turísticos».
Según los últimos datos oficiales, recalca, más del 36 % de las compraventas en Canarias están protagonizadas por personas extranjeras, «un fenómeno que está expulsando a la población local de su propio territorio y dificultando especialmente el acceso a una vivienda digna para jóvenes y familias trabajadoras».
El coordinador de IUC, Saúl Alberola, ha recalcado que «la vivienda es un derecho, no una mercancía, y las islas no pueden seguir siendo una tierra de saqueo para grandes capitales extranjeros».
Tras remarcar que esta iniciativa, anunciada por el ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, «es fruto del trabajo del espacio político en el que participa Izquierda Unida dentro del Gobierno de coalición», ha opinado que «el siguiente paso tiene que ser la aprobación de una ley de residencia en Canarias que blinde por ley el derecho a vivir en tu tierra frente a la compra masiva de viviendas para especulación o turismo».
«Solo así podremos contener la burbuja de precios y avanzar hacia una planificación socialmente justa del territorio», ha referido.
Alberola también ha instado al Gobierno de Canarias a «dejar de lado los anuncios vacíos y asumir su parte de responsabilidad en la gestión del problema» poniendo «en marcha ya políticas valientes en materia de alquiler, vivienda pública y fiscalidad para usos especulativos».
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