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Santa Cruz de Tenerife, 30 ene (EFE).

– El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este viernes inicialmente la Ordenanza de Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS), una norma que, según el consistorio, actualiza y refuerza el sistema municipal de ayudas económicas dirigidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad, con mejoras en la atención social y, especialmente, en el ámbito de la ayuda a domicilio.

La nueva ordenanza adapta el marco municipal a la legislación autonómica vigente y busca dotar de mayor seguridad jurídica, agilidad y equidad a la gestión de las prestaciones, con el objetivo de ofrecer una respuesta más eficaz y ajustada a las necesidades sociales de la ciudadanía, ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación expresa de la Prestación Económica de Atención Social para Ayuda a Domicilio, destinada a personas con dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria y que requieren el apoyo de una tercera persona.

Esta prestación permitirá conceder hasta 60 horas mensuales de ayuda a domicilio, con un máximo de 720 horas anuales, y una cuantía que puede alcanzar los 15.

674,40 euros por unidad familiar.

La ordenanza elimina el baremo económico como requisito de acceso a esta prestación, priorizando la valoración social y técnica.

De este modo, se amplía el acceso a personas con dependencia reconocida o en trámite, así como a aquellas que se encuentran en situación de riesgo o especial vulnerabilidad, agrega la nota.

El texto normativo contempla además la renovación de oficio de determinadas prestaciones para personas jubiladas y personas con discapacidad, cuando se trate de ayudas destinadas a cubrir necesidades básicas o servicios de ayuda a domicilio, evitando trámites administrativos innecesarios.

Estas renovaciones estarán acompañadas de un seguimiento técnico durante la vigencia de la prestación.

Asimismo, se actualiza la tabla de aportación económica de las personas usuarias al servicio de ayuda a domicilio, adaptándola al Salario Mínimo Interprofesional vigente y manteniendo criterios de progresividad, de forma que la aportación no supere límites razonables en función de los ingresos.

La ordenanza ha sido informada por los servicios jurídicos municipales, incorporando sus observaciones, y ha contado con un nuevo proceso de participación interna con aportaciones de los distintos servicios del Ayuntamiento.

Con esta aprobación inicial, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha señalado que refuerza el carácter social, preventivo y garantista del sistema municipal de prestaciones económicas y mejora los mecanismos de control y seguimiento del gasto público.

EFEbrr

Santa Cruz de Tenerife, 30 ene (EFE).

– El Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales alcanzaron este viernes un acuerdo unánime en el seno de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral para aprobar un Plan Estratégico de Ordenación del personal laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El acuerdo se produce en el marco de las negociaciones impulsadas por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y supone un avance en la regulación del personal laboral de la Administración autonómica, según ha detallado el Gobierno en un comunicado.

El Plan Estratégico se articula en torno a cinco ejes de actuación considerados esenciales para la ordenación de este colectivo.

Entre ellos se incluyen el derecho a la movilidad y a la promoción interna, la reducción del empleo público laboral temporal, la regularización del vínculo jurídico del personal laboral que desempeña puestos o funciones propias del personal funcionario y la planificación de la selección de las futuras generaciones de personal laboral.

Asimismo, el documento contempla la implantación de un nuevo sistema de clasificación profesional acorde con el sistema educativo actual y con las necesidades de la Administración.

En abril de 2025, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, anunció el compromiso del Ejecutivo autonómico de impulsar un plan de ordenación del personal laboral con una política sólida y permanente, dando respuesta a una reivindicación histórica de más de 7.

000 trabajadores, que representan el 64% de los efectivos de la Administración general.

Tras ese anuncio, se constituyó una mesa de trabajo entre la Administración y los sindicatos con el objetivo de elaborar una propuesta de acuerdo que sería sometida a negociación colectiva.

Después de varios meses de reuniones, la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral, integrada por representantes de la Administración y de las organizaciones sindicales presentes en el Comité Intercentros, alcanzó el consenso unánime sobre el plan estratégico.

La propuesta consensuada será ahora sometida a los informes preceptivos y posteriormente elevada al Gobierno de Canarias para su aprobación formal y publicación en el Boletín Oficial de Canarias, agrega la nota.

El Plan Estratégico de Ordenación del Personal Laboral tendrá una vigencia inicial de cuatro años.

Para garantizar su cumplimiento y supervisar su ejecución, se prevé la creación de una Comisión Paritaria de Seguimiento compuesta por doce miembros, seis en representación de la Administración y seis de las organizaciones sindicales.

Además, se constituirán grupos de trabajo específicos para cada uno de los ejes de actuación, encargados de estudiar y elaborar las propuestas de actuaciones correspondientes.

La sesión de la Comisión Negociadora celebrada hoy estuvo presidida por el director general de la Función Pública, Francisco Javier Rodríguez del Castillo, quien trasladó a las organizaciones sindicales la intención de constituir de forma inmediata la Comisión de Seguimiento y los grupos de trabajo para iniciar las actuaciones previstas en el plan.

EFEbrr

Santa Cruz de Tenerife, 30 ene (EFE).

– La Universidad de La Laguna (ULL) desarrolla una línea de investigación pionera sobre la enfermedad de Dent, una patología renal ultrarrara sin tratamiento curativo, que recientemente ha podido ser conocida de primera mano por representantes de la Asociación Española para la Enfermedad de Dent (ASDENT) y familiares de personas afectadas.

La enfermedad de Dent afecta a unas 250 personas en todo el mundo y cuenta con solo cuatro casos diagnosticados en Canarias, según ha detallado la ULL en un comunicado, en el que indica que se trata de una tubulopatía renal hereditaria ligada al cromosoma X, que se manifiesta principalmente en varones y que suele aparecer en la infancia o adolescencia, pudiendo evolucionar hacia una insuficiencia renal terminal en la edad adulta.

El trabajo investigador se centra en el estudio de las mutaciones del genCLCN5, responsable de codificar la proteína CIC-5, esencial para el correcto funcionamiento del túbulo proximal del riñón.

Según explica la investigadora Elena Ramos, del área de Nutrición y Bromatología de la ULL y del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, la ausencia de un tratamiento específico ha hecho necesario el desarrollo de modelos experimentales que permitan ensayar nuevas estrategias terapéuticas.

En este contexto, el grupo ha desarrollado modelos celulares y un modelo animal único a nivel experimental: un ratónknock-inque expresa una mutación concreta identificada en un paciente pediátrico con una forma especialmente grave de la enfermedad, precisa la nota.

Este modelo reproduce los principales síntomas de la patología, como la proteinuria elevada, la pérdida de calcio y fósforo y la poliuria, y permite evaluar posibles tratamientos farmacológicos en fases preclínicas.

Durante la visita al Animalario-Estabulario de la ULL, integrado en el Servicio General de Apoyo a la Investigación (SEGAI), los miembros de ASDENT pudieron conocer el seguimiento que se realiza a lo largo de la vida de los animales, con registros progresivos de la evolución de la enfermedad y la administración de tratamientos a partir de los tres meses de edad, cuando aparecen los primeros signos clínicos.

En los últimos años, el equipo investigador ha apostado por el reposicionamiento de fármacos ya aprobados para uso humano con el objetivo de acelerar su posible aplicación clínica.

En este marco, se han identificado tres moléculas con resultados prometedores en la reducción de la pérdida de proteínas por la orina y la mejora de otros parámetros de la enfermedad: el 4-fenilbutirato sódico, el ácido tauroursodeoxicólico y el ácido 3-indol-propiónico, este último reconocido recientemente en el Congreso Nacional de la Asociación Española de Nefrología Pediátrica.

Desde la Asociación Española para la Enfermedad de Dent se destaca el impacto de esta investigación a largo plazo.

Su presidenta, Eva Giménez, subraya que los resultados obtenidos permiten hablar de frenar la progresión de la enfermedad, una posibilidad inexistente hace una década, y pone en valor la importancia de que las familias conozcan directamente el trabajo científico que se está desarrollando.

La línea de investigación cuenta con financiación de ASDENT, la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, la Universidad de La Laguna, el Instituto de Salud Carlos III, la Dent Disease Foundation de Estados Unidos y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, en colaboración con el Fondo Social Europeo Plus.

EFEbrr/spf

Santa Cruz de Tenerife, 30 ene (EFE).

– El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abordado este viernes el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 381,2 millones de euros.

Las cuentas fueron concebidas como una continuación de las aprobadas en el actual mandato, con el objetivo de consolidar el esfuerzo por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en un contexto marcado por la incertidumbre económica y la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado aprobados, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

El equipo de gobierno fundamenta estas cuentas en la mejora de los servicios públicos básicos, a los que destina 151,5 millones de euros, así como en el refuerzo de las políticas sociales.

En este ámbito, se prevé una inversión superior a los 53 millones de euros en Servicios Sociales, Promoción Social y Fomento del Empleo.

En concreto, según el Ayuntamiento, el área de Bienestar Social contará con el mayor presupuesto de su historia, superando los 32 millones de euros.

El presupuesto mantiene la actual política fiscal municipal, sin modificaciones tributarias, salvo las derivadas de la normativa estatal y del Gobierno central en relación con la tasa de residuos.

Según se expuso en la sesión plenaria, esta política busca garantizar la cobertura de los servicios públicos municipales y sostener una amplia oferta de prestaciones sociales dirigidas a las personas que más lo necesitan.

Asimismo, las cuentas contemplan la mejora de los servicios públicos básicos, con un incremento de las prestaciones en materia educativa, y la continuación de la optimización de las infraestructuras municipales.

En este apartado se incluye la ejecución de grandes obras de inversión iniciadas en ejercicios anteriores, algunas ya concluidas, como el Templo Masónico, y otras en ejecución, como el Parque Cultural Viera y Clavijo o la remodelación de la calle de La Rosa.

También se prevé el inicio de nuevos proyectos, entre ellos la rehabilitación integral del Teatro Guimerá.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Santa Cruz entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que se prevé que ocurra durante la primera semana de febrero.

Antes del inicio del Pleno, tuvo lugar la toma de posesión como concejal de Eduardo Medina Santos, del Grupo Municipal Socialista.

EFEbrr/cmg

Santa Cruz de Tenerife, 30 ene (EFE).

– La Audiencia Nacional (AN) ha avalado la decisión del Consejo de Estado de pagar 8.

100 y 34.

900 euros de indemnización a un arquitecto y un promotor inmobiliario detenidos en la redada contra la mafia que tuvo lugar en Adeje (Tenerife) el 19 de octubre de 2011, causa de la que quedaron absueltos.

El primero de los demandantes estuvo 314 días privado de libertad, entre el 21 de octubre de 2011 al 30 de agosto de 2012, mientras que el segundo pasó 1.

174 días, desde la primera fecha hasta 7 de enero de 2015.

La resolución estimó parte de la reclamación de los demandantes que pedían 163.

300 y 632.

200 euros por la prisión provisional tras la operación de la Fiscalía Anticorrupción contra el blanqueo de capitales, asociación ilícita y salud pública que concluyó en absolución de los 13 detenidos.

El Consejo de Estado fijó la responsabilidad patrimonial en base al tiempo que pasaron en prisión y las consecuencias personales y familiares de esta medida pero descarta añadir sumas adicionales por el daño reputacional, difusión en redes y otros más no acreditados.

El promotor alegó que no se tuvieron en cuenta los proyectos de obra en los que trabajaba que le hubieran aportado 190.

000 euros, el daño moral a su imagen por la detención y elevado número de noticias en redes por relacionarlo con la mafia.

Tampoco que su esposa, ama de casa, se viera privada de toda ayuda económica, siendo asistida por familiares y amigos y que solo pudo visitarlo en una ocasión dado que se encontraba en una prisión en la Península.

Los proyectos en los que, según dijo, trabajaba en aquel momento eran la dirección de obra de una clínica privada, de un restaurante, de un edificio de ocho viviendas y 3 locales comerciales, 12 villas, ampliación de otro inmueble y de una villa más, perjuicios que cuantifica en 163.

300 euros.

El arquitecto discrepa de la suma reconocida apelando a que pasó en prisión más tiempo que el otro demandante, dejar también sin amparo a su esposa y tres hijos, inclusión en el FIES, un régimen de internos de especial seguimiento, que su mujer sólo lo pudo visitar una vez y se frustró su labor profesional.

Este detenido lamenta que no pudo asistir al entierro de su padre,por lo cual solicitaba el pago de 632.

200 euros, lo que también descarta el Abogado del Estado.

La cuantía es fijada exclusivamente en base al número de días que pasaron en prisión, las consecuencias personales y familiares producidas y los daños ciertos producidos teniendo en cuenta que la privación de libertad es considerado “sin duda un mal que es preciso resarcir” si acaba en absolución.

Son ya cerca de una decena los detenidos en aquella operación contra el clan de los Nuvoletta que han recurrido a los tribunales y obtenido indemnizaciones que oscilan entre los 4.

000 y los 30.

000 euros por permanecer privados de libertad desde unos pocos meses hasta cuatro años.

La Audiencia Nacional descarta que ambos se vieran sometidos a un régimen penitenciario singular y especialmente agravado, más allá del que se impone a los reos acusados de estos delitos que pueden suponer “ciertas restricciones”, no acreditadas en este caso.

Rechazan indemnizar por los daños en su reputación dado que el eco mediático se centraban en el proceso no en la permanencia en prisión y añaden que siempre podrán acogerse al “derecho al olvido” que permite borrar de las redes toda mención a esta causa.

En cuanto a los proyectos en los que según dicen, estaban trabajando, se indica que no aparecen visados por el colegio de arquitectos o tramitados en alguna administración, más allá de algunos documentos “muy generales” y un encargo por el que cobrarían 3.

500 euros.

EFEnra/spf1012088

Puerto del Rosario, 30 ene (EFE).

– El Cabildo de Fuerteventura impulsa una inversión global de más de 53 millones de euros en políticas de vivienda en la isla, fruto del trabajo conjunto entre la Corporación insular, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos majoreros.

En un comunicado, la institución insular ha explicado que se trata de una actuación coordinada que refuerza el compromiso institucional para garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente a través de la vivienda protegida.

Esta inversión se enmarca en la estrategia insular de vivienda del Cabildo de Fuerteventura, que se articula en tres líneas de actuación claras y complementarias: la construcción de Vivienda de Protección Oficial (VPO), la rehabilitación del parque residencial existente y la recuperación de cascarones y edificios abandonados para su incorporación al uso habitacional.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha destacado que “hablamos de una inversión histórica en uno de los principales retos sociales de la isla y estamos actuando desde la responsabilidad institucional y la cooperación entre administraciones”.

“No hablamos solo de construir, sino de poner todas las herramientas al servicio de un objetivo común: garantizar el derecho a una vivienda digna”, ha añadido.

En materia de obra nueva, el Cabildo participa en la promoción de 176 nuevas viviendas protegidas en distintos municipios de la isla, con una inversión conjunta en construcción de VPO que supera los 29 millones de euros, financiados por el Ministerio, la Comunidad Autónoma y el propio Cabildo.

En paralelo, se desarrollan actuaciones de rehabilitación de entornos residenciales, que permitirán mejorar más de 800 viviendas, dentro de programas como los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) y las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU).

Estas actuaciones suponen una inversión total superior a los 24 millones de euros, con aportaciones del Estado, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos.

Desde el Cabildo se insiste en que la solución al problema de la vivienda no pasa únicamente por construir más, sino por abaratar costes, optimizar el suelo disponible, recuperar patrimonio edificado y coordinar políticas públicas que permitan intervenir de forma estructural en el mercado.

EFE1011279evs/as

Puerto del Rosario, 30 ene (EFE).

– El pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado, por unanimidad, este viernes elPlan Estratégico de Subvenciones para el Fomento y Difusión de la Artesanía de Fuerteventura 2026-2028, que prevé una financiación de 810.

000 euros entre las tres anualidades.

Según ha apuntado la presidenta del Cabildo, Lola García, en un comunicado, la artesanía constituye un sector estratégico de alto valor cultural, social y económico, “siendo importante articular un plan de ayudas que contribuyan a la preservación de los oficios tradicionales, la transmisión de conocimientos entre las generaciones y la creación de empleo vinculado a esta actividad”.

La consejera de Artesanía, Lolina Negrín, ha explicado que “el plan estratégico se articula en tres líneas de subvenciones, con el objetivo de fomentar la competitividad de nuestros artesanos, apoyar la modernización, profesionalización e innovación del sector, así como favorecer la comercialización de los productos artesanos”.

Asimismo, ha indicado, que “se contribuye a salvaguardar una parte importante del patrimonio cultural inmaterial de nuestra isla”.

De esta manera, para la anualidad 2026 se dirigen 40.

000 euros a los ayuntamientos, así como 100.

000 euros para la celebración de la Feria Insular de Artesanía que impulsa el Ayuntamiento de Antigua.

Asimismo, en el ejercicio 2026 se destinan 60.

000 euros a la Asociación Creativos en Fuerteventura, además de una línea de concurrencia competitiva dirigida a asociaciones, artesanos.

EFE1011279evs/as

Las Palmas de Gran Canaria, 30 ene (EFE).

– El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este viernes una moción por la reconoce institucionalmente la diversidad cultural y la convivencia intercultural como un patrimonio social, cultural y democrático de la Isla y reafirma su compromiso con la promoción de una convivencia intercultural basada en los derechos humanos, la igualdad de trato y la no discriminación.

En una sesión del Pleno, representantes de todas las formaciones políticas con representación en la corporación, a excepción de las y los miembros de VOX, han dado sus ‘síes’ a la moción que han defendido Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista y Partido Socialista Canario-PSOE, los dos partidos que integran el actual gobierno de Gran Canaria, expone en un comunicado el Cabildo.

Que relata que la aprobación se ha llevado a cabo tras un debate que han abierto un alumno y una alumna del IES La Isleta, de la capital, que han recalcado que, a su juicio, el actual malestar existente con los migrantes «está inculcado a la fuerza por los medios de comunicación y por intereses políticos».

Solicitando -prosigue- que las autoridades de la isla que pongan en marcha «acciones efectivas y justas, encaminadas a la inclusión y no solo a la integración, que se fomente en Gran Canaria la cultura de la acogida y se establezca un plan de acogida viable y real, y que se agilicen las vías administrativas, para que la dignidad de las personas no dependa de un papel».

Y apostillando: «queremos construir un futuro mejor, sin obstáculos y con más oportunidades, igualdad, justicia y donde se respeten los Derechos Humanos».

El Cabildo señala así mismo que el Pleno, por su parte, también ha acordado impulsar políticas públicas de carácter transversal que integren la gestión positiva de la diversidad cultural, en coordinación con los ayuntamientos y la sociedad civil, así como apoyar los procesos de participación, innovación social y trabajo comunitario que fomenten relaciones interculturales positivas.

Al tiempo que «ha ratificado su voluntad firme de continuar desarrollando instrumentos estratégicos insulares en materia de diversidad cultural y convivencia, para conformar una Estrategia Insular de Gestión de la Diversidad Cultural y la Convivencia, y, finalmente, ha puesto en valor el papel protagonista que desempeñan en este proceso las nuevas generaciones, como agentes clave en la construcción de una Gran Canaria cohesionada, diversa e inclusiva».

El acuerdo adoptado apunta, según se indica en la nota, que «la convivencia intercultural no puede entenderse únicamente como la ausencia de conflicto, sino como un proceso activo de interacción positiva, reconocimiento mutuo y construcción compartida de pertenencias e identidades».

EFEcms

Madrid, 30 ene (EFE).

– El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de cuatro universidades extranjeras y una española, la Universidad de las Hespérides de Canarias, que pedían suspender cautelarmente varios artículos del decreto de creación de nuevas universidades que pone freno a las privadas.

Los recursos, a los que ha tenido acceso EFE este viernes, solicitaban paralizar varias partes de la norma que atañen al número de alumnos exigidos para poder abrir un centro de educación superior (4.

500 estudiantes), a la verificación de nuevos títulos dentro de una universidad ya creada o a la necesidad de tener un número de profesores doctores y a la acreditación de centros extranjeros con sede en España.

La Sala Tercera ha rechazado tomar medidas cautelares y considera que no es necesario dejar en suspenso el decreto, ya que señala que «lo pertinente es esperar hasta que se pronuncie sobre el asunto en una sentencia firme».

El Supremo cree que las alegaciones de la parte actora sobre su pretensión cautelar se refieren al fondo del asunto, por lo que requieren un «análisis detallado y contradictorio de las normas cuya suspensión se solicita, lo que no procede llevar a cabo en la presente pieza separada».

Y para reforzar su argumentación subraya que el proyecto de real decreto recibió el visto bueno del Consejo de Estado.

También pone énfasis en que debe prevalecer el interés general en la aplicación inmediata de la norma por encima del interés particular de su suspensión.

En este sentido deniega la medida cautelar solicitada en los recursos e impone a los demandantes costas de hasta un máximo de 500 euros por todos los conceptos.

La Universidad de las Hespérides (‘online’) interpuso este recurso contencioso-administrativo contra el decreto ante la limitación del número de solicitudes de verificación de nuevas titulaciones o modificaciones sustanciales de las ya existentes.

A su juicio, la limitación «no se dirige a promover y asegurar la calidad del sistema, sino que nos hallamos ante la imposición de requisitos relativos a la docencia, a la investigación o a la transferencia del conocimiento».

Además incide en que teniendo en cuenta la carga de trabajo de esta Sala no es previsible que se dicte sentencia resolutoria del presente recurso antes de dos años, lo que -para la universidad canaria- desencadenaría en graves e irreversibles efectos como son la limitación de la libertad de las universidades a competir entre ellas y su capacidad de crecer.

Según el decreto, las facultades no pueden pedir un número de verificaciones de nuevas titulaciones oficiales o de la modificación sustancial de las mismas superior a una quinta parte del número de titulaciones de grado y del máster universitario con las que cuentan y además regula un margen temporal para volver a solicitarlo cuando ha recibido un informe desfavorable.

Esta universidad privada canaria, que contaba con 134 alumnos el curso pasado, también pide dejar en suspensión la exigencia de tener 4.

500 alumnos a los nueve años de su creación, porque «no guarda relación alguna con la calidad del sistema universitario».

El Supremo tampoco suspende la obligación de que las universidades con sede social en España y con docencia exclusiva o mayoritariamente virtual tengan que garantizar en su memoria que por lo menos el 75 % del personal docente e investigador resida en España o en la UE.

El alto tribunal rechaza los recursos de las instituciones de titularidad extranjera: International Studies (CIS), Kip Siu LLC (Schiller), Saint Louis University en Spain (SLU) y de la Universidad Francisco Marroqín (UFM), que se refería al plazo de seis meses para constituir el sistema interno de garantía de calidad y para solicitar la certificación del diseño por parte de la agencia de calidad de los centros extranjeros con sede en España.

Estos centros también solicitaban suspender el artículo que señala que la comunidad autónoma deberá asegurar que todos estos centros cuenten con un sistema interno de garantía de calidad, cuya implantación haya sido certificada por las respectivas agencias de la calidad universitaria inscritas en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (European Quality Assurance Register, EQAR) o, en caso de no contar con agencia autonómica, por ANECA.

Y que transcurrido un máximo de dos años desde la certificación del diseño, el centro deberá haber certificado la implantación del sistema interno de garantía de calidad.

El Tribunal Supremo tendrá que decidir sobre el recurso puesto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid por considerar que el decreto vulnera las competencias autonómicas en materia educativa y «limita injustificadamente la libertad de empresa»También tendrá que decidir sobre el recurso de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que ve el decreto «lesivo», «arbitrario» y que invade competencias autonómicas universitarias.

Fuentes del CEU han señalado a EFE que de momento no tienen noticias sobre su recurso.

EFErdm-rma/ram

Las Palmas de Gran Canaria, 30 ene (EFE).

– El Ayuntamiento de Telde ha decretado este viernes la reapertura de las playas de Salinetas y Melenara, cerradas al público para el baño desde el miércoles por contaminación, tras confirmar que «las condiciones sanitarias y de seguridad son aptas» de nuevo, según ha anunciado.

Informes favorables de Salud Pública e inspectoras sanitarias emitidos este jueves después del mediodía y una comprobación final realizada este viernes por técnicos municipales han llevado a adoptar dicha medida, explica en un comunicado la corporación.

Recordando que las playas citadas permanecían cerradas al baño desde este miércoles, 28 de enero, cuando se detectó un episodio puntual de contaminación marina que motivó, por prevención, la adopción de medidas cautelares y la prohibición temporal del uso de las zonas de baño.

El Ayuntamiento relata que durante la mañana de este viernes, a primera hora, se llegó a visualizar la presencia de pequeños restos de residuos en la arena, si bien estos no se correspondían con nuevos episodios de contaminación, y que a lo largo del resto de la jornada no se ha vuelto a detectar ningún indicio anómalo, según las comprobaciones realizadas por el personal del servicio de Playas, Vigilancia y Socorrismo, así como por agentes de la Policía Local y la Unidron, la unidad de drones del cuerpo policial.

Y especifica que las inspecciones efectuadas confirman que las condiciones sanitarias y de seguridad son aptas, motivo por el cual el Ayuntamiento ha procedido a firmar el decreto de apertura, permitiendo nuevamente el disfrute de ambas playas con total normalidad.

EFEcms