Las Palmas de Gran Canaria, 23 feb (EFE).
– Uno de cada cuatro habitantes de Canarias -más de 560.
000 personas- viven sufren exclusión social, por un conjunto de factores que tienen en su «epicentro» a la vivienda, cuya carestía anula el efecto integrador del empleo y empuja a numerosas familias a niveles de pobreza severa.
Es el diagnóstico que hace el informe realizado para Cáritas por la Fundación Foessa, que sitúa a Canarias a la cabeza de la exclusión social en España y alerta de que la pobreza ya no es hoy el resultado de una o varias decisiones individuales equivocadas, sino un fallo estructural de un sistema económico que profundiza las desigualdades.
«La vivienda se ha convertido en el gran cuello de botella de la integración social en Canarias.
Hoy es, de hecho, un derecho ‘fake’.
Mientras no pase a ser un pilar real del estado del bienestar con polícas estables que prioricen el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado, la mejora económica seguirá sin traducirse en integración social», ha resumido en rueda de prensa Thomas Ubrich, en nombre del comité técnico de la Fundación Foessa.
Canarias aparece retratada en el estudio como la comunidad española con mayos tasa de exclusión social, con uno de cada cuatro de sus habitantes sufriendo esa situación (25,5 %) y un 9,2 % de la población en condiciones de pobreza severa.
El undécimo Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España ha sido elaborado con la participación de 180 investigadores de 51 universidades, a partir de entrevistas en profundidad a 12.
300 hogares españoles, 613 de ellos de Canarias (en todas las islas).
La juventud, los niños, los extranjeros y los hogares sustentados por mujeres concentran los rostros de la exclusión social en el archipiélago.
Los problemas para acceder una vivienda o poder pagar un alquiler, inciden los responsables del estudio, son la dimensión de la exclusión más extendida en Canarias: una de cada tres personas en las islas presenta algún rasgo de exclusión residencial.
El impacto ya es estructural, ha remarcado Ubrich, de forma que el sobreesfuerzo en vivienda y suministros empuja a más de 122.
000 hogares por debajo de la pobreza severa, y se cronifican situaciones de precariedad residencial, y 218.
000 personas viven en vivienda insegura y 342.
000 en vivienda inadecuada.
Junto a la vivienda, el empleo es el segundo gran factor que empuja a la exclusión social en Canarias.
El informe señala una paradoja: pues se trabaja más, pero disponer de un empleo ya no garantiza estabilidad.
El mercado laboral ha mejorado, entre 2018 y 2024 el paro bajó seis puntos hasta el 14 %, pero Canarias sigue teniendo una de las tasas de desempleo más altas de España.
En ese período, los sueldos no han ganado poder real, ya que el aumento salarial prácticamente desaparece por la inflación (en torno al +2,2 % en términos reales).
Además, el salario medio en Canarias sigue un 14 % por debajo de la media estatal y, con la vivienda cada vez más cara, esa debilidad salarial reduce mucho la capacidad del empleo como protección frente a la exclusión.
Al mismo tiempo, las relaciones sociales se han deteriorado y en las islas se está consolidando «una estructura cada vez más desigual y erosionada que, en muchos casos, rompe el sostén cotidiano y aísla a quienes más lo necesitan», alerta el informe.
Los problemas de convivencia y al aislamiento social afectan ya a más de 114.
000 personas (13,4 %) y el conflicto y la soledad se multiplican por tres (17 %) allí donde las condiciones de vida ya son más frágiles.
La salud se ha convertido en uno de los espejos más claros de la desigualdad social en Canarias, advierte Cáritas, y uno de cada cinco hogares sufre exclusión vinculada a la salud en «un modelo que funciona a doble velocidad».
Mientras el 24 % de la población reconoce haber tenido que recurrir a servicios privados por las listas de espera o dificultades en la sanidad pública, el acceso a esos seguros privados es profundamente desigual, y el uso del sistema público ha caído 4 puntos desde 2018.
La exclusión afecta en especial a determinados colectivos, de forma que casi la mitad (48 %) de las personas con nacionalidad extranjera la sufre, así como los niños, con uno de cada tres afectados (34 %) frente al 17,5% de personas mayores de 65 años.
La exclusión en Canarias también tiene rostro de mujer y afecta con mayor intensidad a quienes viven en hogares encabezados por mujeres (30 % respecto al 22 % de los hogares encabezados por hombres).
Ante esta situación, el Informe Foessa y Cáritas proponen «un nuevo pacto social que ponga a las personas en el centro y refuerce el estado del bienestar».
A su juicio, «esto solo se logrará con una sociedad civil activa, unas instituciones públicas fuertes y una clase política valiente y comprometida capaz de construir consensos con miras a largo plazo», ha destacado Ubrich.
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