Santa Cruz de Tenerife, 16 mar (EFE).
– El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de La Palma, Vicente Brito Rodríguez, ha recordado que «el Parlamento de Canarias no es una organización sindical» y por eso no debe actuar como tal en la proposición de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado, promovida por los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI).
Brito Rodríguez ha advertido en la comisión parlamentaria que tramita esta iniciativa de que, tal y como está planteada la propuesta, que da a los docentes presunción de veracidad y apoyo jurídico en caso de conflicto en las aulas, puede derivar en que un profesor que acose sexualmente a una alumna o un alumno sea apoyado y defendido por la administración, que además pagaría la responsabilidad civil, mientras su víctima sería la culpabilizada.
«Si la palabra del docente es la única que vale, ¿qué función tiene la comisión de convivencia?», ha preguntado el representante de los padres y de las madres, quien ha defendido que en lugar de una ley, a su juicio regresiva, para dar autoridad al profesorado, debería reformarse el decreto de convivencia de 2011 para actualizarlo.
El interviniente criticó que el texto presentado no menciona ni a las familias ni al alumnado y se centra solamente en derechos de los profesores, sin incorporar un equilibrio con los deberes.
Según señaló, el respeto mutuo y la convivencia son valores esenciales del sistema educativo, por lo que consideró que la iniciativa debería abordarse desde otra perspectiva normativa, puesto que, a su juicio, no existe una pérdida de autoridad docente que justifique una ley específica, ni se trata de una demanda social.
Afirmó que el respeto hacia el profesorado no se impone por ley, sino que se gana en el día a día dentro del aula, además de que la legislación vigente ya reconoce la autoridad del profesorado.
Brito Rodríguez pidió al Parlamento «empatía» y equilibrio con el resto de los actores de la comunidad educativa y cuestionó la inclusión de la Fiscalía en el procedimiento para impulsar denuncias por delitos contra el personal docente, cuando el número de delitos de este tipo en Canarias es reducido.
Desde los centros educativos, lo que se pide a la Fiscalía es que actúe cuando existen menores desatendidos, una cuestión que, según denunció, no se aborda en el texto legislativo.
El representante de los padres y de las madres criticó la ausencia de medidas relacionadas con la salud mental, tanto del alumnado como del profesorado.
Tampoco se tiene en cuenta en qué condiciones de salud mental llega el profesorado al aula, cuando parte del profesorado accede a la profesión no por vocación, sino como última oportunidad para obtener un empleo estable, lo que puede generar situaciones complejas en el sistema educativo.
Brito Rodríguez insistió en la preocupación de los padres y madres por cómo se aborda el apartado relativo a la responsabilidad civil, que consideró demasiado abierta, y obliga a la administración a ponerse del lado de los profesores y defenderlo aunque se equivoque.
«Si el que acosa es el docente, el que se va es el alumno», alertó el representante de las familias, para quien «un alumno tiene derecho a discrepar y un profesor tiene derecho a equivocarse».
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