Santa Cruz de Tenerife, 9 abr (EFE).
– El PP presentará en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para pedir una ampliación de los plazos para la ejecución en Canarias de los fondos europeos Next Generation, similares a los que tendrá el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En concreto, la medida se refiere a los más de 300 millones de euros que Canarias tiene consignados para el plan de energía, de los cuales, de mantenerse el plazo actual de justificación de las ayudas, hasta el próximo 31 de agosto, el ejecutivo regional calcula que podrá ejecutar en torno a 100 millones.
Si finalmente se le dieran dos años adicionales de plazo, como la Comisión Europea ha concedido a la administración central, habría capacidad para ejecutar 100 millones más, ha apuntado el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata.
Zapata ha asegurado en rueda de prensa, acompañado por el portavoz nacional de energía del PP, Juan Diego Requena, y la portavoz de la comisión mixta para la UE, Mila Marcos, que el Gobierno de España ha «engañado» al de Canarias al trasladarle que esa ampliación de plazos que pide era imposible y que Bruselas no la autorizaría.
Ha explicado que el pasado miércoles recibió una carta del vicepresidente de la Comisión en la que instaba al Gobierno de España «a sentarse» con el de Canarias para buscar soluciones y plantearlas conjuntamente.
Preguntado por la reunión bilateral Canarias-Estado prevista para mañana viernes, en la que, entre otros asuntos, se abordará precisamente la prórroga de la ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en proyectos energéticos, ha indicado que «lo que abunda no daña» y que el PP mantendrá su PNL y llegará «hasta las últimas consecuencias».
El consejero y dirigente del PP canario ha hecho hincapié en que Canarias, junto a Baleares, gestiona el triple de fondos que el resto de comunidades autónomas, y que han de tenerse en cuenta las «vicisitudes» propias de una región ultraperiférica como la insularidad o el alejamiento del territorio continental.
Zapata, al igual que el portavoz nacional de Energía del PP, Juan Diego Requena, ha solicitado el respaldo unánime del Congreso a esta iniciativa, tras concitar el apoyo «social e industrial» de Canarias.
Y es que estos fondos europeos suponen «una oportunidad inaplazable», la de avanzar en la implantación de las energías renovables, en estos momentos del 20% frente al casi 60% del territorio peninsular, que Canarias «no puede desaprovechar».
En la misma línea se ha pronunciado el diputado canario en la Cámara Baja Juan Antonio Rojas, quien ha recalcado que esta iniciativa es fruto de la escucha y del conocimiento de los problemas que afectan a Canarias.
Juan Diego Requena ha señalado que Canarias es «el centro energético de España» por la peculiaridad de que gran parte de la generación en las islas depende de la importación de combustibles fósiles, y en este «mundo tan convulso» como el actual o se avanza en autonomía energética o podría haber «un serio problema de futuro».
El portavoz nacional de Energía del PP ha advertido del riesgo de pérdida de economía y de empleo si no sale adelante esta petición de ampliación de plazos para la justificación de los fondos Next Generation.
Ha abundado en que de lo que se trata es de «jugar con las mismas cartas» que el Gobierno de España, previa autorización de la Comisión Europea, y ha pedido alejar esta cuestión del «politiqueo, las controversias y las discusiones estériles».
Mila Marcos ha hecho hincapié en que la Comisión Europea ha dotado a los gobiernos nacionales de «instrumentos suficientes y flexibles» para ejecutar fondos «fundamentales para transformar la economía», y la transición energética lo es.
Ha abundado en que la Comisión «ha marcado las reglas desde el origen: cogorbernanza y cumplimiento de los hitos», y que lo primero significa «hablar antes de lanzar proyectos».
Sucede que «el oscurantismo y falta de diálogo y de flexibilidad» han derivado en la actual situación de premura, cuando por otra parte el Gobierno de España «no ha comprometido más que el 36% del gasto», tras haber «cambiado siete veces de hito y objetivos».
En el caso del Ministerio para la Transición Ecológica, dejó sin gastar el año pasado más del 80% de lo presupuestado, ha apuntado Mila Marcos.
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