Santa Cruz de Tenerife, 17 abr (EFE).
– El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Manuel Acosta, ha advertido este viernes de que el actual reparto competencial del litoral deja a la comunidad autónoma en una posición de debilidad frente al Estado, al mantener éste el control sobre los deslindes, lo que, a su juicio, es un arma que permite “agredir a Canarias”.
“Mientras el Estado tenga en su poder los deslindes, tendrá un arma de agresión a Canarias”, ha enfatizado Acosta en comisión parlamentaria, donde ha citado como ejemplo de «agresión» el caso del municipio lanzaroteño de Yaiza.
Allí, según ha explicado, el inicio de un deslinde de 22 kilómetros por parte del Estado tras la suspensión del plan general ha condicionado la planificación del litoral en una zona de alta relevancia turística, lo que a juicio de Acosta ha afectado no solo al turismo y la economía, sino a la vida de los ciudadanos, como también ha ocurrido, ha dicho, en algunos lugares de Gran Canaria.
El director general ha asegurado que el traspaso de competencias firmado en 2022 “ha lastrado” la acción de la Dirección General desde su creación en 2023, al obligar a la comunidad a asumir costes de personal y estructura sin contar con plena capacidad normativa.
Asimismo, ha lamentado la falta de avances en el diálogo con el Estado, al que ha acusado de no comprender la realidad insular ni respaldar proyectos o inversiones en el archipiélago.
En paralelo, Acosta ha defendido la necesidad de una ley canaria de costas que permita ordenar el litoral dentro de las limitaciones actuales, aunque ha reconocido que no resolverá la situación de los núcleos costeros afectados mientras no se modifique la legislación estatal de 1988.
El director general ha explicado que el Gobierno trabaja en la elaboración de esta norma con la participación de cabildos, ayuntamientos y colectivos sociales, y ha confiado en que cuente con el respaldo del Parlamento.
Además, ha señalado que la Dirección General ha intensificado la coordinación con otras administraciones para abordar problemas como los vertidos al mar, y ha asegurado que se ha creado un equipo específico para este ámbito.
Asimismo, ha recordado que el Estatuto de Autonomía reconoce en su artículo 157 la competencia de gestión del litoral a la comunidad autónoma, y ha subrayado que el decreto de transferencia aprobado en 2023 no otorga nuevas competencias, sino que se limita a ordenarlas.
En este sentido, ha señalado que el actual marco limita la capacidad de actuación del Ejecutivo canario en un ámbito que concentra el 80 % del PIB del archipiélago, con un litoral marcado por la presión urbanística, el valor ambiental y la presencia de núcleos de población.
El director general ha criticado que, a diferencia de Galicia o País Vasco, Canarias no dispone de la última palabra en la toma de decisiones sobre su costa, al estar sujeta a informes estatales vinculantes que pueden bloquear proyectos.
Por parte del PSOE, el diputado Rafael Nogales, que había solicitado la comparecencia, ha denunciado que no existe una política eficaz de Costas en el archipiélago y que no se nota la presencia de la Dirección General en los municipios, especialmente en aquellos núcleos afectados por los deslindes, que según el representante socialista, han trasladado preocupación e inseguridad.
También ha aseverado que el plan de inversiones de la Dirección General pone de manifiesto una realidad preocupante, que a su juicio es que el área no planifica y gestiona «a golpe de proyecto», pese a la necesidad, ha dicho, de una estrategia integral «equilibrada y transparente que no dependa de la improvisación».
Por Vox, Paula Jover ha cuestionado la estrategia del Ejecutivo autonómico y ha defendido que la solución pasa por actualizar la ley estatal de costas mediante el consenso entre comunidades autónomas, en lugar de reforzar el autogobierno.
La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, en contraposición a Vox, ha defendido el autogobierno como un derecho constitucional y ha criticado las posiciones centralistas, al tiempo que ha estimado que la transferencia de competencias en materia de costas se realizó de forma incompleta, lo que dificulta su aplicación efectiva.
De los grupos que apoyan al Gobierno, el portavoz de Coalición Canaria David Toledo ha denunciado una “invasión competencial” por parte del Estado y ha argumentado que Canarias no dispone de herramientas normativas suficientes para dar respuesta a los problemas del litoral, limitándose en muchos casos a ordenar situaciones heredadas, y ha condenado las pulsiones «centralistas» de algunos grupos.
«¿Por qué un funcionario de Madrid va a decidir sobre nuestras playas y litorales en un archipiélago rodeado de mar?», se ha preguntado Toledo.
Del Partido Popular, Jennifer Curbelo ha coincidido en que la transferencia “está mal hecha” y ha denunciado que pese a que su partido ha impulsado una reforma legal en el Congreso y en el Senado para mejorar este asunto, no se ha podido debatir porque la iniciativa «permanece secuestrada» por la Mesa del Congreso que controlan PSOE y Sumar.
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