MADRID 23 May. (EUROPA PRESS)
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha tachado de «discriminatorio e inadmisible» el acuerdo firmado entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco, que permite a esta comunidad recibir el 50% de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y ha exigido el mismo trato para el resto de comunidades autónomas.
Desde la FED avisan de que este pacto «ahonda en la brecha de financiación» que afecta «gravemente» a la sostenibilidad del sistema de cuidados en otras comunidades autónomas, donde los servicios se están prestando, «literalmente, a pérdidas».
«Estamos ante una vulneración flagrante del principio de igualdad entre territorios. No se puede premiar a una comunidad con la financiación que por derecho nos corresponde a todos mientras se condena a otras a sostener el sistema sin los recursos necesarios», ha afirmado el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.
Según recuerda la patronal, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que la financiación del SAAD debe realizarse al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, esta financiación nunca se ha cumplido.
A día de hoy, según precisa la FED, «las CCAA apenas reciben un 27% de aportación estatal, muy lejos del porcentaje legalmente establecido». Este «déficit», según advierte, «repercute directamente en la calidad del servicio, en la viabilidad económica de los centros y servicios y, en última instancia, en la dignidad y bienestar de las personas mayores dependientes».
Además, desde la FED consideran contradictorio que «mientras Hacienda se niega a derogar la Ley de Desindexación de precios -lo que impide actualizar el valor de las plazas concertadas conforme al coste real de los servicios-, el Gobierno sí firma un acuerdo bilateral con el País Vasco que rompe ese mismo techo financiero».
«Estamos creando una España a distintas velocidades. La dependencia no puede depender del código postal. Exigimos una financiación justa, homogénea y suficiente para todas las comunidades autónomas, sin privilegios ni excepciones», ha añadido Fernández-Cid.
Por ello, la FED pide al Gobierno «que aclare públicamente» los términos del acuerdo bilateral con el País Vasco; que garantice el mismo nivel de financiación (50%) al conjunto de CCAA; que refuerce el nivel mínimo de protección, y que abra un proceso de diálogo estructural con el sector para resolver los problemas de «infrafinanciación, falta de personal, rigidez normativa y ausencia de un modelo de concertación sostenible».
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