Santa Cruz De Tenerife, 22 jul (EFE).
– El consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha asegurado este martes que el Ejecutivo autonómico está «armándose de argumentos jurídicos» para plantear en el seno de la Unión Europea la limitación de compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes en las islas.
Se trata de una medida que ha calificado de “necesaria y de justicia», en respuesta a una preguntada planteada por el diputado del grupo Nacionalista y alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez.
Pablo Rodríguez ha afirmado que el Gobierno ha llevado este debate a “foros de mucho interés”, como la cumbre de las regiones ultraperiféricas celebrada en la isla de Reunión y el Comité de las Regiones de la Unión Europea.
«Lo primero es armarnos de argumentos jurídicos», ha defendido el consejero, quien ha señalado como base legal el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce las especificidades de las regiones ultraperiféricas, como Canarias.
También ha aludido a la primera estrategia europea sobre vivienda, en la que, ha dicho, el Ejecutivo ha planteado que se tenga en cuenta la realidad insular.
«La vivienda tiene otros componentes en un territorio limitado y fragmentado como el nuestro, con importantes exigencias de sostenibilidad», ha considerado Rodríguez, que ha pedido implicación la Gobierno de España.
Por su parte, José Manuel Bermúdez ha alertado de que la vivienda «se ha convertido en el mayor factor de desigualdad en Canarias», en especial, ha dicho, por la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros no residentes.
Según sus datos, uno de cada cuatro inmuebles en Canarias es adquirido por no residentes, una proporción que se eleva a uno de cada tres en la isla de Tenerife.
Bermúdez ha defendido así que limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes redunda en el «derecho a tener, a estar y a quedarnos” en el archipiélago.
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