Santa Cruz De Tenerife, 9 nov (EFE).
– El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un decreto ley que incluye un paquete de cambios normativos para reforzar la gestión pública en Canarias, con modificaciones puntuales de diferentes leyes propuestas por los distintos departamentos de la Comunidad Autónoma.
Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, el decreto contiene en primer lugar un cambio legislativo mediante el que se aprueba un régimen sancionador para reforzar el cumplimiento de las normas de protección civil y aportar la seguridad jurídica necesaria para aplicar sanciones y multas por el incumplimiento de las normas en materia de protección civil.
Entre otras cuestiones la norma define las infracciones, que consisten básicamente en el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, tanto por parte de la ciudadanía como del personal vinculado a su ejecución, y prevé multas que, en función de la gravedad de la infracción, oscilan entre los 100 euros para las más leves y los 600.
000 euros para las muy graves.
Además se modifica la Ley del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma para reforzar la respuesta administrativa a las reclamaciones de consumo y mejorar la eficacia en la tramitación de los expedientes.
Para ello, se introduce por primera vez la figura de la mediación como medio alternativo de resolución de conflictos, lo que reforzará el papel de la administración en los procesos de reclamaciones de consumidores y usuarios, y garantizará la posibilidad de satisfacción material de las pretensiones de los consumidores que opten por emplear este sistema.
También se ha aprobado un cambio legislativo que mantiene el número de diez domingos y festivos de apertura anuales en Canarias, pero se introduce una excepción: las respectivas comisiones insulares de comercio podrán proponer para su isla un aumento de hasta dos domingos y festivos al año, lo que abre la posibilidad de apertura de hasta doce domingos y festivos anuales en la isla que así lo proponga.
Además, se introduce la posibilidad de que centros comerciales y establecimientos comerciales con superficie de venta superior a 300 metros cuadrados en lugar de abrir los domingos y festivos fijados por la Consejería competente en materia de comercio, puedan determinar libremente los diez o, en su caso, doce domingos y festivos que abrirán cada año.
Además se simplifica y agiliza la tramitación administrativa de la licencia comercial, se elimina el carácter preceptivo de determinados informes sectoriales, y se habilita la tramitación simultánea de la licencia comercial y de los títulos habilitantes de competencia municipal.
También se actualiza el marco normativo al comercio online, se da contenido jurídico al concepto hasta ahora indeterminado de zona comercial abierta y se extiende la política de fomento y promoción de las zonas comerciales a los servicios de bares, restaurantes y hostelería en general.
El Gobierno de Canarias también simplifica a través de este decreto los procedimientos para impulsar las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero, al tiempo que se actualizan las condiciones de obtención de los certificados audiovisuales canarios.
Además, en el ámbito de la Consejería de Transición Ecológica y Energía se eximirá, por parte de Hacienda, a los promotores públicos y privados del pago de la tasa del Boletín Oficial de Canarias (BOC) en la publicación de las declaraciones e informes de impacto ambiental de proyectos de competencia autonómica.
Asimismo, en el ámbito de las energías renovables se modifica el Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias, a fin de adaptar los requisitos de repotenciación a la realidad del archipiélago.
El Gobierno también ha aprobado mediante este decreto-ley una modificación de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias con el objetivo de reforzar los instrumentos públicos de protección, conservación y salvaguarda de los bienes culturales, con la mejora de los procedimientos de declaración de los BIC.
Además se ha modificado el Decreto-ley por el que se concreta la necesidad de residencia efectiva y legal en cualquier municipio de Canarias para que la valoración de la discapacidad corresponda al Archipiélago.
También se modifica la Ley de perros de asistencia para reconocer a las personas con discapacidad con perro de asistencia que, una vez retirado este de su actividad y siempre que esté debidamente reconocido e identificado, seguirán teniendo derecho a acceder, circular y permanecer con él en los espacios y establecimientos contemplados en la legislación.
Por último, a propuesta de la Consejería de Presidencia y en relación con el Cuerpo General de la Policía Canaria, el decreto aprobado este lunes en Consejo de Gobierno deroga un apartado del artículo 39 de la Ley, en cumplimiento del compromiso alcanzado con el Estado en la Comisión Bilateral de Cooperación, al considerar que su redacción contraviene el reparto constitucional de competencias.
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